Hablamos de sequía, porque llueve poco, pero convendría más hablar de la gestión del agua. El agua es un bien común, es un derecho y se tiene que garantizar que todo el mundo tenga acceso a ella.
Dónde empieza la gestión del agua
El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (DHAS) como derecho universal e indispensable para garantizar la dignidad humana y la consecución del resto de Derechos Humanos. La declaración del DHAS responde al fracaso de la privatización del agua para garantizar de su acceso, en especial a grupos concretos como la población rural o campesina, comunidades marginadas o con dificultades económicas.
Los impactos de entender el agua como un recurso económico son muchos y variados, pero uno muy significativo y que ha sido una palanca de cambio contra la privatización es el fenómeno de la pobreza hídrica y las desigualdades para acceder a este bien. En todo el mundo se han dado luchas, como la Guerra del Agua en Cochabamba, los referéndums por el agua en Italia y Grecia, o las revueltas sociales en Buenos Aires, en Yakarta y en otros muchos lugares del mundo, también en el Estado español.
Los riesgos de la privatización por la garantía del derecho al agua
El año 2008, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó la figura del/la Relator/a Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y el Saneamiento. El objetivo de esta figura independiente es examinar, monitorizar, asesorar y hacer informes públicos sobre la situación del DHAS al mundo.
El julio de 2020, Léo Heller, ex relator Especial de las Naciones Unidas por el DHAS, presentó el informe Los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y saneamiento. El informe rompe con la tradicional neutralidad de la comunidad internacional de los derechos humanos respeto al modelo de gestión de los servicios de agua y saneamiento y analiza los riesgos que supone la privatización para la garantía del DHAS.
- CUADERNO RELACIONADO
FRAGMENTO EXTRAÍDO DEL CUADERNO
La sistematización de los riesgos que elabora el informe es muy útil para explicar el contexto catalán de la gestión del agua de forma “neutra” u “objetiva” o, cuando menos, procurando evitar el ataque de actores económicos o medios de comunicación sospechosos con el objetivo de informar libremente.
La realidad en Cataluña es que el 78% de la población está abastecida por empresas privadas o mixtas que se encargan de gestionar el agua y su saneamiento. El mercado de la gestión del agua en Cataluña, controlado por el grupo Agbar (propiedad de Veolia) y Aqualia (grupo FCC), es un riesgo para la garantía del DHAS por la combinación de los siguientes factores específicos:
- Maximización de beneficios.
- Monopolio de poder.
- Desequilibrios de poder.
1. Maximizació de beneficios
El objetivo final de un operador privado es obtener beneficios, y cuantos más mejor. La maximización de beneficios a menudo es a expensas de comprometer las inversiones necesarias o de imputar a la tarifa del agua sobrecostes o costes no asociados al servicio.
En Cataluña, a pesar de que hay más municipios con gestión pública que gestión privada, la gran mayoría de la población es abastecida por empresas privadas porque es en las grandes ciudades donde se hace más negocio. Si bien las economías de escala en las grandes ciudades tendrían que suponer unos costes más bajos, en Cataluña el precio que ofrece la gestión indirecta es un 23% más caro que la pública, según el observatorio de precios de la Agencia Catalana del Agua.
La gestión del agua de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), operada por la empresa mixta Aigües de Barcelona (Grupo Agbar), es un buen ejemplo del riesgo de maximización de beneficios. El análisis de la tarifa del agua demuestra que el 56% de los costes imputados a la tarifa no están directamente relacionados con el servicio, sino que contribuyen a agrandar los beneficios de los accionistas (30M€ anuales de media), a pagar el “conocimiento” privado que nunca revertirá en manos públicas, la publicidad corporativa y otros gastos que con una gestión pública podríamos ahorrarnos.
Asimismo, de 2008 a 2015, la tarifa del agua se incrementó más de un 60%, coincidiendo con los años de menos regulación y control del operador por parte de la Administración pública. Y esto sin hablar de los 17 M€ anuales de beneficios que obtiene Agbar con la gestión de los contadores en el AMB.
2. Monopolio natural
El servicio de agua y saneamiento es un monopolio natural. Esto significa que los elevados costes de inversión y el impacto de la red de distribución hace que no sea viable contar con más de una red. Ante este hecho, la libre competencia es muy limitada y un operador privado, sin una administración pública fuerte y con capacidades y voluntad de regular, puede gestionar el agua a favor de sus intereses sin que las personas usuarias del servicio puedan cambiar de operador o prescindir del servicio.
A pesar de que en cada municipio de Cataluña los nombres de los operadores privados o mixtos son distintos, si echamos un vistazo a los accionistas principales, encontraremos que el 79% del mercado está en manos del Grupo Agbar, que es propiedad de Veolia desde que esta transnacional compró Suez, antigua matriz de Agbar. Veolia y Suez son las dos transnacionales del agua más grandes del mundo, con unos beneficios netos superiores a los 1.000 M€ en 2022. Monopolios naturales en manos de monopolios transnacionales y privados.
Las irregularidades que el Grupo Agbar ha cometido son muchas y variadas. La forma legal que tienen las empresas privadas de entrar al mercado de agua es, según la ley, mediante una concesión que ganan a través de una licitación pública. Y, a menudo, las licitaciones, cuando no se han saltado como en Barcelona y la AMB, responden a los intereses de las empresas privadas.
3. Desequilibrios de poder
Es bastante evidente que, cuando se llega a situaciones como la que tenemos en Cataluña, se genere una situación de desequilibrio de poder entre las administraciones públicas y los operadores privados. Y este desequilibrio es muy evidente si tenemos en cuenta que son los municipios y los ayuntamientos los que se sientan ante las grandes transnacionales, muy a menudo sin ninguna concejalía o área específica que vele por el servicio público de agua.
En algún momento u otro, hemos visto algún anuncio de Agbar después del telediario de la televisión pública, o hemos estado en alguna fiesta mayor patrocinada por Agbar. Estos son algunos de los ejemplos del poder del grupo empresarial sobre los medios públicos de comunicación del país.
Ofrecemos una exposición gratuita sobre la gestión del agua. Si quieres acoger-la, ¡echa un vistazo a esto!
Los tentáculos de Agbar en el sistema educativo también son considerables. Agbar tiene un convenio con la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para ofrecer el máster de Tecnología y gestión del agua, y una cátedra de estudios internacionales en comunicación institucional para el desarrollo y crecimiento sostenible en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). También ofrece Formación Profesional Dual en Barcelona, Granollers, Tarragona, Cornellà de Llobregat, Tàrrega y Tarragona a través de su Escuela del Agua. ¿Con qué intereses forma Agbar a las futuras trabajadoras del sector?
Otro ejemplo mucho más peligroso son los cursos de formación en Derecho de Aguas que entre 2011 y 2015 Agbar impartía a jueces del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ). O bien tenemos unas estructuras de estado muy poco formadas, o bien estas sucumben a los intereses de las transnacionales (o quizás un poco de ambas).
¿Y cuáles son los impactos de todo esto sobre la garantía del DHAS? La mercantilización del agua ha generado graves situaciones de pobreza hídrica, es decir, de situaciones en las que familias y personas no pueden hacer frente al pago de los recibos. Esta coyuntura, sumada a la crisis habitacional y a la mercantilización de la energía, es un cóctel molotov para la generación de pobreza, desigualdades y exclusión social.
En el AMB, entre 2008 y 2015 se realizaron más de 150.000 cortes de suministro por impago de los recibos. Desde 2015, en Cataluña los cortes están prohibidos gracias a una ley pionera fruto de los movimientos sociales en defensa de los Derechos Humanos y los servicios públicos. Pero detener los cortes no es garantía de nada, ya que, sin una tarifa asequible, el endeudamiento de las familias que no pueden pagar el agua no para de crecer.
Podríamos dedicar muchas más páginas a hablar sobre cómo la gestión de Agbar en Cataluña debilita los sistemas públicos de agua y saneamiento y la garantía del DHAS, derecho humano que depende directamente de la calidad de los servicios. Numerosas irregularidades a la hora de hacer los contratos, inversiones no realizadas al terminar las concesiones, denuncias a la administración por facilitar datos públicos a través de la ley de transparencia e, incluso, supuestas tramas de corrupción como Pokémon o la Púnica que salpican directamente en Agbar.
La remunicipalización: la oleada por una gestión del agua pública y democrática
En Cataluña, hace unos años que hemos optado por revertir la privatización del servicio de agua y saneamiento y fortalecer los servicios públicos, entendiendo que el agua es un bien común y un derecho humano que no puede estar en manos privadas.
El año 2010, Figaró y Montmany fue el primer municipio en remunicipalizar la gestión del servicio de agua potable, y desde entonces 35 municipios más han decidido democráticamente seguir el mismo camino.
Dado que la remunicipalización es una forma directa de acabar con el negocio de las transnacionales del agua, hace años que estas han puesto en marcha una ofensiva judicial contra municipios, cargos electos y sociedad civil organizada. A pesar de que la competencia para decidir el modelo de gestión corresponde a los Ayuntamientos a través de votaciones en los plenos municipales, las operadoras privadas y, en especial, el Grupo Agbar recorren e impugnan las decisiones democráticas. Un total de 50 municipios catalanes han sufrido litigios alrededor de la forma de gestión del servicio de agua, de los cuales 42 todavía tienen algún litigio abierto.
Esta ofensiva judicial es una clara muestra de intimidación e intento de frenar la oleada de remunicipalizaciones. Imaginaos los costes que esto conlleva para los ayuntamientos pequeños con poco personal y recursos. Por eso, en los últimos años van aflorando formas mancomunadas de gestión pública del agua, como la reciente creación de Onaigua (la empresa pública del Consejo Comarcal de Osona) o GIACSA (Gestión Integral de Aguas de Cataluña). También hay asociaciones de ayuntamientos con gestión pública como lo CONGIAC (Consorcio para la Gestión de Aguas de Cataluña) o la AMAP (Asociación de Municipios por el Agua Pública).
En este vídeo explicamos por qué decimos que «no es sequía, es saqueo»
Cabe decir que muchas de las remunicipalizaciones son fruto de la presión ciudadana de los movimientos sociales locales. En Cataluña, existen más de 20 plataformas ciudadanas que luchan por recuperar el agua en manos públicas y gestionarla como un bien común. Nos referimos a casos como el proceso iniciado por la Taula de l’Aigua de Terrassa y su lema, que también es de los compañeros del Foro Italiano del Agua, -“Se escribe agua, se lee democracia”-, es digno de enmarcar.
Los retos de la gestión del agua pública y democrática
Los retos de la gestión del agua en Cataluña son muchos y variados. Por un lado, hay que seguir aumentando el 22% de la población que es abastecida por empresas públicas.
El AMB es el tuétano del negocio de Agbar. Por eso representa el principal campo de batalla por el agua. En 2020 perdimos la oportunidad de remunicipalizar los 23 municipios donde opera la mixta Aigües de Barcelona y ahora mismo, si nada cambia, perderemos la oportunidad de remunicipalizar los municipios metropolitanos fuera de la mixta (como Ripollet o Sant Cugat del Vallès) o, incluso, dar pasos atrás y perder gestiones públicas ejemplares como la del Prat de Llobregat o Barberà del Vallès. Quien decide ahora mismo sobre la gestión del agua de los 36 municipios metropolitanos es el Consejo Metropolitano, dominado por el PSC y Antoni Balmón, la mano derecha de Agbar.
Otro reto es recuperar la gestión pública del abastecimiento en alta, es decir, de la captación de las fuentes naturales de agua, su potabilización y el transporte hasta los depósitos municipales. El 86% de la población de Cataluña es abastecida por redes supramunicipales de gestión del agua en alta, y el 68% de esta población es abastecida por redes privadas de gestión en alta. No hay que profundizar en cómo de importante es poseer el control de los sistemas que captan las fuentes naturales de agua en un contexto de sequía.
Campaña de sensibilización de Aigua és Vida. Fuente: Aigua és vida
Hablando de sequía, el papel de los municipios y entes locales es fundamental. Para gestionar la sequía y priorizar el bien común y el DHAS, es necesario que los ayuntamientos gobiernen el agua. En marzo de 2023, más de la mitad de los grandes municipios no tenían a punto los Planes Municipales de Sequía y la gran mayoría de estos tienen gestión privada del agua. Los datos, el control de las inversiones y la infraestructura y los equipos de gestión son clave para abordar los retos que tenemos por delante. También lo es facilitar a la ciudadanía el acceso a los datos, gestionar de forma transparente y abrir espacios de coproducción de política pública con actores sociales y ambientales, tal como ha hecho Terrassa con su Observatorio del Agua de Terrassa (OAT).
Si queremos salir de esta crisis fortaleciendo la gestión del agua como bien común y como derecho humano, es urgente recuperar el gobierno del agua y explorar fórmulas de colaboración público-comunitaria que integren a los actores sociales y ambientales que luchan por el agua y la cuidan.
