No hay que insistir mucho en la importancia que tiene disponer de un agua de calidad para mantener una vida saludable y digna. Este es precisamente el fundamento de la consideración del acceso al agua potable y el saneamiento como dos derechos humanos fundamentales. Fundamentales, porque de ellos depende el ejercicio de otros, relacionados con la salud y la seguridad personal.
Agua potable: una necesidad vital y no siempre garantizada
La COVID-19 nos ha colocado abruptamente ante realidades antes no percibidas, mostrándonos algunas carencias básicas de nuestra organización social, propiciando, así, una reflexión sobre las cuestiones prioritarias de nuestra existencia. Muy probablemente el riesgo sanitario derivado del SARS-CoV-2 disminuirá en los próximos años, pero el tiempo de ayer, el mundo pre-Covid, no volverá. Entre otras razones, porque con la experiencia de la pandemia hemos adquirido nuevos conocimientos y se ha intensificado la conciencia de la vulnerabilidad del actual modelo de producción y consumo, de nuestro estilo de vida. La crisis provocada por el virus hay que interpretarla como una manifestación –un síntoma- de perturbaciones sistémicas más profundas.
El protagonismo de las medidas de higiene, especialmente el lavado de manos, en la prevención del contagio ha evidenciado las carencias estructurales de algunos grupos de población en el acceso al agua, como por ejemplo los recolectores de temporada. Otros, en precaria situación ya antes de la pandemia, se han visto afectados por la imposibilidad de hacer frente a las facturas al haber perdido sus ingresos a consecuencia del confinamiento. Acabado este e iniciada la fase de desescalada, los medios de comunicación, ocupados a tiempo completo con noticias de la pandemia, alternaban instrucciones detalladas para el lavado de manos con imágenes de las precarias condiciones de vida de los temporeros, instalados en campamentos improvisados, en muchos casos sin agua corriente ni saneamiento.
Con la pandemia se han evidenciado les carencias estructurales de algunos grupos de población en el acceso al agua
Otras situaciones son más difíciles de ilustrar con imágenes, pero no necesariamente menos dramáticas y afectan los hogares que han perdido sus ingresos durante la pandemia y han visto en peligro la continuidad de los suministros vitales, por no poder hacer frente a las facturas. El gobierno del Estado reaccionó con diligencia y cordura, prohibiendo los cortes de agua a pesar de las presiones de la patronal de las empresas de abastecimiento (AGA y AEAS), que mediante una carta a la ministra exponían la necesidad de acometer la suspensión del servicio en situaciones de impago porque en caso contrario “se aumentará la morosidad a muy corto plazo ocasionando un déficit financiero estructural”, según Red Agua Pública (RAP).
Muy diferente fue la actitud de la Asociación de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS), que lanzó una campaña para mostrar el “trabajo invisible de personas que cada día dan lo mejor de sí para que todas y todos podamos disfrutar de un bien tan preciado como es el agua de grifo”. Y es que en un país donde más del 80% de la población es urbana, es decir, residente en municipios de más de 10.000 habitantes, el recorrido que hace el agua para llegar de la fuente al grifo resulta difícil de establecer para la mayor parte de la población. Tampoco es fácil saber con cierta precisión qué pasa cuando tiramos de la cadena, por emplear un eufemismo tan arraigado como obsoleto.
El modelo de abastecimiento domiciliario moderno
Los procesos de urbanización e industrialización desarrollados a lo largo del siglo XX generalizan en todo el territorio el modelo de servicio centralizado de abastecimiento domiciliario moderno creado en el siglo anterior. Este modelo consiste básicamente en la captación de agua de una fuente, pozo o río, que es transportada hasta una planta de tratamiento para hacerla potable y después es almacenada en depósitos y distribuida a través de una red de cañerías de diferentes calibres y presiones hasta los domicilios. Cuanto más pura es el agua en origen, y cuanto más cerca del usuario se capta, menores serán los costes de potabilización y transporte. Por otro lado, las aguas usadas se conducen por otra red de cañerías y cloacas hasta una estación depuradora (EDAR) donde se someten a un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos antes de volverla al medio ambiente, generalmente en un río o en el mar.
Los sistemas de abastecimiento y saneamiento envejecidos incrementan los costes, pierden eficiencia y causan o sufren problemas medioambientales.
A lo largo de las décadas transcurridas desde su introducción, primero en las grandes ciudades y posteriormente a la práctica totalidad de los núcleos de población, los sistemas de abastecimiento y saneamiento han ido perfeccionándose y ganando en complejidad. Pero en muchas ocasiones también envejeciendo, incrementando los costes y perdiendo eficiencia y causando o sufriendo importantes problemas medioambientales. La mayor parte de los sistemas actuales de saneamiento presentan además otros problemas de infraestructura como los relacionados con el drenaje urbano y la carencia de separación de las aguas residuales de las pluviales. Por otro lado, la carencia de participación ciudadana en la gestión dificulta la toma de conciencia y el ejercicio de la responsabilidad individual en el ahorro y el uso sostenible del agua potable y el saneamiento.
La depuración de aguas residuales para evitar contaminar el medio
Las ciudades han contribuido históricamente a la contaminación de ríos y acuíferos y han tenido que adaptarse para evitar que las mismas aguas negras contaminaran las fuentes de abastecimiento, problema especialmente grave cuando el origen del agua potable era el mismo acuífero donde se iban infiltrando las aguas residuales. Las soluciones más antiguas para mantener separadas las aguas limpias de las sucias han consistido en recoger las segundas y conducirlas fuera de la ciudad, por un lado; y del otro, traer el agua de boca de fuentes de buena calidad alejadas de la población. Las airosas estructuras de los acueductos romanos forman parte del imaginario colectivo del suministro de agua en la antigüedad y, en menor medida, por menos espectaculares y peor conservadas, la referencia obligada a los antecedentes de los modernos sistemas de evacuación de aguas residuales urbanas son las cloacas (como la famosa cloaca máxima de Roma).
Es importante destacar que la composición de las aguas residuales urbanas ha cambiado de manera sustancial con el proceso de industrialización de los últimos siglos, añadiendo nuevas exigencias de tratamiento antes de ser devueltas al medio. A la carga biológica, propia de las sociedades preindustriales, se han añadido nuevos compuestos de la química sintética, algunos de los cuales son retenidos a las estaciones depuradoras, pero otras –como por ejemplo los llamados contaminantes emergentes, provenientes del uso masivo de plaguicidas, fármacos, etc.- que no lo son, acaban en los ríos o en el mar.
La gestión municipal queda frecuentemente alejada de la atención política y mediática y ha sido un espacio de abusos, corrupción e incumplimientos legales
Esto en el caso favorable de la existencia y buen funcionamiento de las depuradoras, porque esta parte de la gestión municipal escasamente glamurosa queda frecuentemente alejada de la atención política y mediática y ha sido en las pasadas décadas un espacio de abusos, corrupción e incumplimientos legales que, estos sí, se han hecho momentáneamente visibles a los medios de comunicación. Como ilustración podemos recordar el caso de Aragón, donde los ciudadanos han estado contribuyendo durante años con un canon de saneamiento finalista (el Impuesto de Contaminación de las Aguas) sin recibir las contraprestaciones a las cuales se obligaba la administración; en la ciudad de Valencia, durante el mandato de la alcaldesa Barberá, la empresa municipal de saneamiento (EMARSA) fue saqueada por sus gestores, los cuales empiezan ahora a cumplir penas de prisión por aquellos hechos; el Reino de España ha incumplido reiteradamente sus obligaciones respecto al tratamiento de las aguas residuales y después de un largo proceso fue condenado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en 2018, a «abonar a la Comisión Europea una multa coercitiva de un importe de 10.950.000 euros por cada semestre que persista el incumplimiento y una suma a tanto alzado de 12 millones de euros». Multa que obviamente no pagan los gestores sino los contribuyentes, tal como recoge la Disposición 3938 del BOE n.º 76, de 20 de marzo de 2020.
Limitaciones de la depuración
La depuración de las aguas residuales urbanas es un proceso necesario, pero como cualquier otra solución técnica, no exenta de limitaciones. Su carácter de tecnología de final de línea, es decir la intervención en la última fase de un proceso para intentar resolver un problema, constituye una de sus debilidades intrínsecas que hay que intentar compensar con enfoques preventivos. Por ejemplo, evitando tirar al váter toallitas húmedas y otros elementos no biodegradables o favoreciendo el uso de cosméticos y productos de limpieza del hogar de baja o nula (eco)toxicidad.
El procedimiento para depurar las aguas residuales consiste habitualmente en dos tratamientos. Uno, primario, donde se separan mediante procedimientos fisicoquímicos, como la coagulación-floculación y decantación, los sólidos en suspensión que posteriormente se retiran y uno secundario, de digestión biológica para la oxidación de la materia orgánica biodegradable. El efluente líquido que resulta después de la depuración se puede volver generalmente al medio (un río o en el mar) donde se acabará la descomposición y dilución de la carga contaminante residual. Pero no siempre es así, porque este efluente puede contener patógenos, productos químicos, nutrientes, etc. no compatibles con el medio o con otros usos alternativos como por ejemplo el riego. Por esta razón dependiendo de la composición y del destino del efluente puede ser necesario un tratamiento terciario para lograr la calidad del agua depurada compatible con el medio receptor o el uso previsto.
En este punto es oportuno recordar que el agua dulce es una materia limitada, que circula y se depura de manera natural a lo largo del ciclo hidrológico a ritmos diferentes en función de su estado físico y del medio donde se aloja. Así, por ejemplo, la permanencia de una partícula de agua a la atmósfera, donde ha llegado por evaporación de una masa de agua líquida a la cual volverá (a esa masa o a otra) por precipitación, es muy inferior a la de otra que se ha infiltrado y hará un recorrido subterráneo en el cual puede invertir centenares de años o de aquella que quedó atrapada en un bloque de hielo hace miles de años. Lo importante es tener presente que el volumen total de agua dulce del planeta, prácticamente invariable, se depura de manera natural en su tráfico por las diferentes fases del ciclo hidrológico, gracias a la energía solar y al mantenimiento del ciclo en buen estado.
El agua dulce es limitada y circula y se depura de forma natural a lo largo del ciclo hidrológico a ritmes diferentes
Cerrando este inciso podemos volver al punto donde habíamos dejado las aguas depuradas, es decir en el punto de retorno al medio natural. Si el río (o, en general, la masa de agua) está en buen estado podrá completar el proceso de descomposición biológica, siempre que la carga no sea excesiva y las sustancias tóxicas que no hayan sido eliminadas en la depuradora mantengan una concentración suficientemente reducida para no alterar el funcionamiento del ecosistema. En caso contrario aparecerán problemas como el de la eutrofización (por exceso de nutrientes) o la muerte de los organismos más sensibles a los tóxicos, que comenzarán un proceso de degradación del ecosistema, con pérdida de biodiversidad y de la capacidad depuradora del sistema.
El impacto de la agricultura industrial sobre el ciclo hidrológico
Hasta ahora hemos hablado de la contaminación urbana de las aguas a través de las aguas depuradas. Por motivos obvios, los vertidos de aguas sin depurar o mal depuradas no hacen sino agravar la situación. Pero el origen de la contaminación de las aguas y del deterioro de los ecosistemas acuáticos no es exclusivamente urbano. Ni siquiera es el uso urbano la causa más importante de este empeoramiento. La agricultura industrial, la mayor usuaria de agua, es responsable de una contaminación específica asociada al uso de fertilizantes y agrotóxicos, que tiene efectos devastadores en los ecosistemas acuáticos. La crisis ecológica de Mar Menor, una laguna litoral salobre de la provincia de Murcia, es un ejemplo paradigmático de deterioro de un ecosistema por eutrofización y toxicidad de origen agrario y, en menor medida, urbano, que alerta de las consecuencias de un modelo económico depredador, que no es exclusivo de aquella zona.
La agricultura industrial, la mayor usuaria de agua, es responsable de una contaminación que tiene efectos devastadores en los ecosistemas acuáticos
El modelo agrario implantado en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX, con la expansión descontrolada del regadío y la intensificación de la producción por encima de las posibilidades de los territorios transformados, ha tenido como consecuencia la sobreexplotación cuantitativa y la contaminación de ríos y acuíferos, además de otros fenómenos negativos como la ruptura de la continuidad fluvial. A medida que los efectos destructivos de este modelo sobre los ecosistemas acuáticos y los acuíferos se hacían evidentes, en lugar de optar por medidas preventivas y de corrección en su origen de los problemas revisando el modelo agrario, las administraciones públicas comenzaron una estrategia de huída hacia adelante que ha extendido y agraviado el deterioro. Especialmente en la vertiente mediterránea, a medida que se iban agotando los caudales se ha acudido a los trasvases, trasladando la presión sobre los ecosistemas y los conflictos distributivos a otras cuencas; a medida que la extracción abusiva por encima de la recarga o la contaminación (principalmente) agraria iba inutilizando los acuíferos para el abastecimiento de poblaciones, se iba extendiendo la red artificial para captar el agua en otras masas de agua todavía con recursos potabilizables. Por cierto, cargando generalmente al usuario urbano el sobrecoste de la operación, obviando la repercusión de los costes según el principio de quien contamina paga.
Mirando al futuro: el reto de hacer efectivo el derecho humano al agua potable
El ejercicio actual -y la garantía futura- del derecho humano al agua potable depende directamente de la conservación en buen estado de los ecosistemas acuáticos e indirectamente del cumplimiento del derecho al saneamiento. Desde la aprobación de la Directiva Marco del Agua en el año 2000 disponemos de los instrumentos legales y de gestión necesarios para parar el deterioro de los ecosistemas acuáticos y adaptar los usos a las características de cada territorio para mantenerlos a largo plazo. A pesar de las resistencias de los usuarios privilegiados del agua –regantes e hidroeléctricos- y de la propia administración hidrológica española, las instituciones europeas han confirmado recientemente la adecuación del marco legislativo actual para gestionar el agua con una perspectiva de sostenibilidad. Hay que recordar que el cambio climático, con la alteración temporal y espacial de los patrones de lluvia, que se traduce a nuestro ámbito espacial en sequías más frecuentes y más intensas, de una parte, y lluvias torrenciales más devastadoras, de la otra, añade nuevos elementos de urgencia y determinación en la gestión del agua. El abastecimiento de agua para el consumo humano y la protección del ciclo hidrológico, como garantía de la futura disponibilidad tienen que disfrutar de prioridad efectiva sobre otros usos.
No solo es urgente la protección de las áreas de captación de las aguas destinadas al consumo humano –tarea prevista en la ley, pero no puesta en marcha en amplias zonas del territorio- sino que es necesaria la recuperación general del buen estado de los ecosistemas acuáticos, adoptando medidas preventivas con el fin de mantener los numerosos servicios ecosistémicos que ríos, fuentes, lagos, aguas litorales y de transición aportan a la sociedad. El derecho al saneamiento va de la mano del derecho al agua potable y ambos se vinculan a través de la recuperación y el mantenimiento en buen estado de los ecosistemas acuáticos y del uso sostenible del agua.
