En los últimos años, y por varios motivos como la pandemia, pero también la jubilación del baby boom, se ha puesto de manifiesto la potencial necesitado de cuidados por parte de todas las personas. A la vez, se abre el melón de la cantidad de vulneraciones de derechos que sufren las trabajadoras del sector de atención a las personas y limpieza del hogar.
Estudios de varias organizaciones y administraciones públicas recogen datos como que el 60% de las trabajadoras del hogar son mujeres migradas o que una de cada tres trabaja sin contrato o en situación irregular. Desde la economía social y solidaria, y sobre todo durante los últimos cuatro años, se han creado decenas de análisis y proyectos que apuestan por unos cuidados dignos, no solo para las personas que los reciben, sino también y sobre todo para las personas trabajadoras.
Es en esta misma línea que en todo el territorio surgen preguntas sobre quién cuida las personas cuidadoras y, más allá de espacios e iniciativas creadas para cuidar quienes cuidan, la realidad choca con dos paredes, que son los derechos laborales del sector y la ley de extranjería.
¿Cómo se cuida quienes cuidan?
Amelia Campos, miembro de Més que cures, coincide con otras muchas entidades y colectivos: la principal vulneración de derechos es la no regularización y las consecuencias de una situación administrativa irregular. Entre otras, encontramos la carencia de derechos laborales propia de la economía sumergida, la imposibilidad de acceder a la formación profesional y la dificultad de denunciar abusos sexuales en el lugar de trabajo, que se dan a menudo. En cuanto a las cuidadoras profesionales regularizadas, Campos remarca que el principal problema es no tener una remuneración justa por el trabajo que se hace y que los convenios no recojan la totalidad de las tareas y los derechos adecuados. En este sentido, Campos asegura que la mejor manera de cuidar las personas cuidadoras es garantizar unos derechos laborales justos; es por eso que remarca que “hace falta mucha sensibilidad en este sector”, también en relación con pagar un justo precio por las tareas de cura.
Actualmente, y según el catálogo de Cura Digna, el precio hora para tareas de atención a las personas se sitúa entre los 11 y los 13€, para la limpieza del hogar oscila entre los 12 y 13€. Según Amelia, esto hace que muchas familias contratantes no puedan asumirlo y tengan que optar por la economía sumergida, reproduciendo condiciones laborales indignas. Debido a la tendencia deficitaria del sector, y en defensa de un derecho básico de atención, varias entidades reivindican la colaboración pública para garantizarlo, basándose, además, en una colaboración público-cooperativa y comunitaria.
También desde Més que cures consideran que hay mucha carencia de cuidados a la persona cuidadora en otros aspectos de la colectividad. Es por eso que desde la cooperativa apostaron por crear el proyecto El rincón de les cuidados, un espacio de autocuidado para las trabajadoras. La iniciativa tiene por objetivo desarrollar actividades que permitan atender individual y colectivamente las persones cuidadoras a través de los cuidados físicos, emocionales u organizacionales. Además, El rincón de los cuidados, que complementa la vertiente más reivindicativa de la entidad, vincula las cuidadoras a la comunidad, “nos tiene conectadas al barrio y a las otras entidades y nos aporta seguridad y atención personalizada”, explica Amelia. Este espacio busca recursos para mejorar la calidad de trabajo y de vida de muchas mujeres, y según la entidad, “el acceso a más recursos para hacer proyectos comunitarios reconoce también las tareas reproductivas”.
Economía social y solidaria contra las vulneraciones de derechos laborales
Que la economía social y solidaria sea un bastión en defensa de un consumo responsable y consciente y de unos derechos laborales para todo el mundo es clave para poder sensibilizar, también desde los mercados digitales. Las herramientas de valoración y de análisis de las entidades de la Economía Social y Solidaria, así como sus valores básicos, acontecen un sello de garantía de cara a las personas consumidoras. A diferencia otras plataformas como Cuideo, desde proyectos como La Zona se ofrece cooperación y apoyo a las entidades y a las persones cuidadoras, además de ofrecer un servicio y resolver la necesidad de las personas contratantes.
Campos asegura que “la economía social y solidaria ha sido la alternativa y la única posibilidad que muchas mujeres puedan reivindicar el reconocimiento que merece un sector tan precarizado y un colectivo tan vulnerabilizado”. Tener acceso a ciertos recursos ha permitido a las entidades emprender de forma autoorganizada, explica Amelia “un emprendimiento desde el apoyo mutuo que valora también el currículum de origen”.
A pesar de todo, la comercialización de los servicios de cuidados es una tarea compleja y difícil, según las entidades. En el caso de Més que cures, hace ya dos años que trabajan con La Zona para afrontar el reto desde la colectividad. “Somos cuatro mujeres llevando la gestión de todo y no podemos hacer comercialización, es por eso que creemos que La Zona nos permite llegar más lejos”. La entidad explica que la decisión se toma después de hacer una reflexión colectiva y entender que hacen falta más recursos para conseguir más servicios, “hay que desarrollar estrategias para fortalecer e impulsar el consumo de estos servicios a través de La Zona”. La nueva apuesta por la comercialización de servicios de cuidados, según Amelia, pone en valor las necesidades del sector, no solo de la entidad a la cual pertenece, y sobre todo, a un consumo de cuidados responsable. En esta línea, añade que saben que con La Zona trabajan para retos comunes, como difundir el consumo consciente o desarrollar estrategias para tener un impacto positivo con el consumo y facilitar el acceso a la economía social y solidaria. “La sociedad todavía no conoce los valores de la economía social y solidaria, y mucho menos el impacto que tienen estos proyectos en la vida de las personas”, dice Amelia.
