La necesidad de emprender una transición ecológica para hacer frente a la crisis climática y aligerar la dependencia de los combustibles fósiles es, actualmente, ampliamente compartida por diferentes actores políticos, económicos y sociales. Ahora bien, lo que no está tan claro, es qué tipo de reorganización económica y social hace falta para hacerlo.
Hay diferentes propuestas políticas sobre la mesa, entre las que destaca el Green New Deal, con sus diferentes interpretaciones y controversias.
El realismo ecológico como punto de partida
Actualmente, la transición ecológica es un concepto ambivalente, puesto que, si bien se ha generado cierto consenso social e institucional alrededor de la necesidad de abordar el «problema del medio ambiente», las recetas para hacer frente divergen sustancialmente.
El decrecimineto energético y material que tenemos que llevar a cabo nos tiene que llevar a unos niveles de consumo -sobre todo a nivel energético- similares a los de antes de la Revolución Industrial. Dadas las condiciones en las que tendremos que hacer este decrecimiento, la posibilidad de hacer una transición ecológica a escala planetaria y que no comporte drásticos cambios económicos, sociales, políticos, demográficos y culturales, es lejana.
Cualquier estrategia de transición tendría que partir de una premisa básica: el realismo ecológico y el agotamiento de recursos finitos y de cierto nivel de calentamiento global y pérdida de biodiversidad. La pregunta, ante esta situación, es si los gobiernos -a diferentes niveles- están haciendo suficiente para llevar a cabo la transición ecológica ahora que, en muchos lugares del mundo, todavía se puede hacer de forma ordenada y planificada.
¿Qué proyectos políticos de transición ecológica existen hoy?
La principal propuesta desde diferentes gobiernos e instituciones públicas a nivel internacional es el Green New Deal (que podríamos traducir como Pacto Verde), que remite al New Deal impulsado en Estados Unidos en el periodo de entreguerras. El año 1933, Roosevelt propuso un paquete de políticas sociales, económicas y financieras que incluían reformas bancarias, programas de asistencia social urgente, programas agrícolas, ayudas al trabajo y proyectos de ocupación pública para responder a la Gran Depresión después del crac económico de 1929. Así pues, el New Deal acabó siendo un paraguas de intervención institucional que, bajo una fuerte presión social, reorganizó prácticamente todas las áreas de la administración para responder a un momento de emergencia.
El Green New Deal se inspira, pues, en la idea de una intervención de gran escala desde el liderazgo del sector público, a pesar de que es hoy un terreno en disputa. Hay dos grandes interpretaciones del Green New Deal:
Green New Deal corporativo | Green New Deal transformador |
|---|---|
| Transición ecológica como oportunidad para estimular el crecimiento económico. | Transición ecológica como oportunidad para un nuevo pacto social que favorezca la redistribución y la creación de ocupación de calidad. |
| Papel central de las corporaciones en colaboración con el sector público, a través de colaboraciones público-privadas y transferencia de riesgos. | Liderazgo del sector público, que se confrontaría a los intereses del poder corporativo. |
| Enfoque muy tecnológico de la transición, basado en la creencia que la innovación tecnológica es la gran solución a los problemas ambientales. | Mucho énfasis en los cambios tecnológicos, pero vinculados a la creación de ocupación de calidad. |
| Irrelevancia de los aspectos de carácter social. | Ambivalente respecto a la necesidad de crecimiento económico. |
Crítica al Green New Deal
Desde diferentes espacios políticos, académicos y de la sociedad civil, se ha criticado el Green New Deal –en sus diferentes versiones– por no ser suficiente ambicioso. Estas críticas tienen que ver, principalmente, con no explicitar la necesidad de decrecer, con no incluir otras perspectivas clave por la transición, como por ejemplo, la feminista y la antirracista y decolonial y por no cuestionar de raíz las relaciones de propiedad (y, por lo tanto, el modelo capitalista). Desde estas visiones más críticas, se pone más énfasis en la importancia del liderazgo y movilización de la sociedad civil para conseguir cambiar la correlación de fuerzas y forzar, por lo tanto, cambios desde las instituciones (los movimientos de oposición a la ampliación del aeropuerto del Prat y en los Juegos Olímpicos de Invierno son ejemplos claros de esta dinámica).
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Indicios de continuismo: la ampliación del aeropuerto y los Juegos Olímpicos de Invierno
A día de hoy ya tenemos algunos indicios de por qué tipo de transición ecológica se está apostando. En este sentido, nos podemos fijar en dos casos de confrontación con el factor ambiental como pieza central del debate: la ampliación del aeropuerto de Barcelona – El Prat y la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno. Ambos casos presentan patrones muy similares, veámoslo.
- Una primera característica común es que los dos macro-proyectos los impulsan, conjuntamente, gobierno central, gobierno de la Generalitat y grandes actores empresariales. Al otro lado, en ambos casos, también, desde la sociedad civil se generaron plataformas de respuesta para abrir el debate público y movilizar la ciudadanía (la Plataforma Zeroport y la Red por la Justicia Climática, en el primer conflicto, y la plataforma #StopJJOO en el segundo).
- Un segundo elemento común fue el tratamiento simplificado que se hizo de los conflictos, por parte de los medios mayoritarios. Se tendió a reducir el debate a la dicotomía entre preservar la naturaleza y modernizar el país y crear puestos de trabajo y crecimiento económico. De hecho, una de las tareas principales de las plataformas opositoras fue abrir el marco del debate. En el caso del aeropuerto, se consiguió ir más allá de la protección del espacio natural de la Ricarda, y remarcar la carencia de realismo ecológico a largo plazo y la gran incoherencia que suponía plantear una ampliación en el tráfico aéreo de esta magnitud, mientras se habla de conseguir una economía de cero emisiones para el 2050. En el caso de los juegos olímpicos, se abundó en la idea que las comarcas del Pirineo no necesitan unos juegos olímpicos, sino la inversión en servicios públicos e infraestructuras para favorecer un desarrollo más auto-centrado y centrado en el sector primario.
- El tercer factor común es que los dos proyectos se paralizaron (al menos temporalmente). No se puede saber exactamente qué llevó a su parada, pero, sin duda, la movilización social tuvo un papel relevante.
Estos ejemplos evidencian que hace falta una sociedad activa que se movilice en la defensa de derechos y territorios, y que estreche los marcos de aquello aceptable en las instituciones y actores económicos (y proponiendo, también, por no quedar relegada al papel de oposición).
El lado oscuro de la resiliencia
La crisis del gas en Europa ha obligado a la UE a situar la resiliencia como estrategia central, entendida, sobre todo, como capacidad para suministrarse de fuentes de energía y recursos naturales alternativas a las existentes. Esta búsqueda de la resiliencia, que podría representar una oportunidad para replantear el modelo de desarrollo, está teniendo un efecto opuesto: la relocalización de las zonas de sacrificio y revitalización de tecnologías altamente contaminantes, como las nucleares y el carbón. El ejemplo más claro lo encontramos en la aceptación, por parte de la UE, del gas y las nucleares como actividades ambientalmente sostenibles para conseguir la descarbonización de la economía. También destaca la reactivación de las centrales de carbón alemanas para hacer frente al corte de suministro de gas ruso.
En el Estado español, esta dicotomía entre resiliencia y mitigación de los impactos ambientales es patente en ejemplos recientes. Un caso muy vivo en la península es el de la minería. Ante la proliferación de proyectos mineros, Ecologistas en Acción, de la mano de Unidas Podemos, llevó al Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Minas (herencia de la dictadura franquista). Esta reforma preveía aspectos tan básicos como impedir la explotación minera en espacios naturales protegidos, además de otras mejoras de las condiciones ambientales y sociales de las explotaciones. En medio de conflictos mineros abiertos en diferentes puntos del Estado (especialmente flagrante el caso de Extremadura), la propuesta fue rechazada por amplia mayoría, con argumentos como que era conveniente combinar aspectos ambientales con procurarse la autosuficiencia en materias primas.
La falsa dicotomía medio ambiente – puestos de trabajo
Una de las etiquetas históricamente utilizadas para desprestigiar las reivindicaciones ecologistas es la cuestión de los lugares de trabajo. El dilema, en algunos casos, es muy real: por imperativo ecológico, habrá que reducir la actividad de muchos sectores económicos, como el turístico o el de la automoción. Lo que no es real es que la culpa sea del medio ambiente y de los ecologistas, y aquí es donde se tiene que intentar superar el marco impuesto desde el relato mayoritario: el declive energético operará cambios de magnitudes difíciles de imaginar, pero que comportarán, seguro, un traspaso de trabajo hecho por máquinas alimentadas por combustibles fósiles a trabajo hecho por personas. En realidad, las oportunidades de trabajo que se generarán serán enormes, pero hay que planificar democráticamente este proceso, con los agentes sociales y económicos, para abandonar progresivamente los sectores más contaminantes y reciclar laboralmente todas las personas trabajadoras que pueden ver afectado su lugar de trabajo. Medidas como la reducción de la jornada laboral o incluso una renta básica universal son clave para garantizar que todos los cambios socioeconómicos y demográficos que generará la transición, se hagan sin dejar nadie atrás, ni generando falsos culpables.
