¿Cual es la relación entre las grandes empresas y el ejercicio de la violencia?
Existe una historia de crímenes de grandes corporaciones con el apoyo de los Estados: desde el tráfico de esclavos perpetuado por las monarquías, la aristocracia, la iglesia católica y empresas españolas, portuguesas e inglesas entre los siglos XVI y XIX. Hoy, por ejemplo, podríamos hablar del papel de la las altas finanzas en el control de territorios por la fuerza de las armas. Steve Tombs y David Whyte muestran en su libro “La empresa criminal. Por qué las corporaciones deben ser abolidas” que el crimen corporativo está en todas partes. En su carrera por la acumulación de ganancias, todas las grandes corporaciones de todos los sectores se ven obligadas a romper las reglas en algún momento. Todas acaban poniendo el beneficio por delante de la salud humana o el interés general.
¿Cómo apoyan los estados estas prácticas de violencia empresarial?
Los Estados centrales legislan a favor de las corporaciones, financian sus actividades, construyen las infraestructuras imprescindibles para sus negocios y propagan su discurso hegemónico. También dedican dispositivos de represión y control social y emplean todo tipo de mecanismos favorables a los intereses del capital transnacional, como la diplomacia, la acción exterior, la financiación pública de la internacionalización, las sanciones comerciales e incluso intervenciones militares.
«Si hay cambios en la economía o en el ámbito de la organización política, las élites del poder pondrán en marcha todo lo que está en sus manos para conservar sus privilegios. Esto ha motivado muchos golpes de Estado».
¿Puedes poner algún ejemplo?
Uno de los ejemplos más espeluznantes de la historia europea reciente ha sido la colaboración de empresas multinacionales tales como BASF, Bayer, ThyssenKrupp, BMW, Daimler Benz, Volkwagen, Siemens, General Motors, Ford y Standard Oil con la Alemania nazi del Tercer Reich, el trabajo esclavo en los campos de concentración y el plan premeditado conducente al exterminio de los judíos, Sinti y Roma, comunistas y personas con discapacidad. Pero hay muchos otros.
¿Y existe una relación entre grandes empresas y golpes de estado?
En la mayoría de los países existe una poderosa minoría que controla el Estado y toman las grandes decisiones para gozar de privilegios y tener el poder, tanto económico como político. Si hay cambios en la economía o en el ámbito de la organización política estas élites del poder pondrán en marcha todo lo que está en sus manos para conservar sus privilegios. Incluso si implica el uso de la violencia. Esto lo que ha motivados muchos golpes de Estado.
Naomi Klein en La doctrina del shock documentó la relación entre los crímenes de las guerras en Irak y los grandes beneficios económicos de corporaciones vinculadas a miembros del gobierno de George W. Bush.
Sí, pero aún falta mucha información secreta por ser desclasificada para hacernos una idea más completa de la dimensión de este modus operandi. En el caso de las guerras de Irak se ha documentado, además, la relación entre los beneficios de grandes corporaciones occidentales y los fondos públicos para la “reconstrucción”, por un lado, y las políticas impuestas resultantes de la guerra como las privatizaciones, por el otro lado. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, Estados Unidos usó repetidamente su poder militar y el de sus servicios secretos para derrocar gobiernos que se negaron a proteger los intereses estadounidenses.
En América Latina las interferencias de Estados Unidos son habituales.
La primera vez que un presidente de Estados Unidos destituyó a un líder extranjero fue en 1909, cuando William Howard Taft ordenó el derrocamiento del presidente nicaragüense, José Santos Zelaya. Su verdadero objetivo era defender el derecho de las empresas estadounidenses a operar como lo deseaban en Nicaragua.
En Guatemala fue más sutil…
Sí, a mediados de los cincuenta Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala, impuso profundas reformas agrarias que incomodaron a la compañía United Fruit (una empresa multinacional estadounidense que comercializaba frutas tropicales cultivados en América Latina, hoy se llama Chiquita Brands). El presidente estadounidense Eisenhower, el secretario de Estado y el director de la CIA, orquestaron una operación para llevar al poder a un gobierno «compatible» con la empresa United Fruit y en 1954 hubo un sangriento golpe de Estado que derogó al presidente.
Y en Honduras…
Cuando el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, había aprobado un salario mínimo y propuso una consulta popular para cambiar la constitución en respuesta a las demandas de los movimientos sociales, la iniciativa fue utilizada como excusa por las fuerzas militares y de derecha para destituirlo de su cargo. En aquel momento, el gobierno estadounidense no condenó el golpe del ejército hondureño, que contó con el apoyo militar de los Estados Unidos. Los generales hondureños involucrados en el golpe fueron entrenados en la Escuela de las Américas de EE.UU y buscaron posibles beneficios políticos y económicos de un cambio de régimen.
«Estados Unidos ha usado repetidamente su poder militar y el de sus servicios secretos para derrocar gobiernos que se negaron a proteger los intereses estadounidenses».
Estos golpes de estado, ¿de qué modo beneficiaron a las empresas estadounidenses?
En Honduras, por ejemplo, después del golpe, se gestó la aprobación acelerada de concesiones mineras y licitaciones para megaproyectos. Antes de entregarle el Gobierno al presidente ilegítimo, Porfirio Lobo, en 2010, los militares autorizaron 150 concesiones exprés para la explotación minera y agropecuaria. Los siguientes gobiernos crearon las “ciudades modelo”, zonas económicas especiales con condiciones fiscales y laborales óptimas para las multinacionales (una especie de zona sin ley). Una gran parte del país (algunos documentos hablan del 68% del territorio nacional) estaría comprometida para concesiones (unas 854) de empresas mineras y para la explotación de ríos (hidroeléctricas) y bosques.
El reciente estallido social en Chile recoge un malestar acumulado por décadas de desigualdad social, desde la dictadura de Pinochet, que también contó con el apoyo de Estados Unidos
Uno de los lemas en las manifestaciones en Chile es “¡No son 30 pesos, son 30 años!». En el 1973, el gobierno de la Unidad Popular de Allende fue derrocado en un golpe de Estado sangriento, respaldado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y financiado por empresas multinacionales como ITT y el sector minero. Un año antes del golpe, Allende denunció en un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la influencia política y acción corruptora de las empresas transnacionales. Allende denunció que la ITT, una gigantesca corporación que tiene un capital superior al presupuesto nacional de varios países latinoamericanos juntos, inició, una siniestra acción para impedir que él ocupara la primera magistratura.
En todos estos casos, uno de los principales detonantes del golpe de estado ha sido la nacionalización de la gestión de los recursos naturales. Probablemente, el petroleo es uno de los que ha provocado más guerras.
Un ejemplo claro es el de Iran. Cuando Mohammad Mosaddeq se convirtió en el primer ministro de Irán en 1951, su partido del Frente Nacional nacionalizó la industria petrolera e introdujo la seguridad social y las reformas agrarias. Hasta entonces, un consorcio de ocho compañías estadounidenses, británicas y holandesas habían estado perforando petróleo en Irán desde 1913. El Reino Unido también tenía muchas concesiones que le dieron el control sobre una parte de la economía iraní durante décadas. Con el gobierno de Mosaddeq, a el Reino Unido le quedaron pocos recursos legales para reclamar el control sobre los campos petroleros de Irán. Junto con Estados Unidos, comenzó un boicot al petróleo de Irán como un medio para aislarlo económicamente. El servicio de inteligencia del Reino Unido solicitó ayuda a la CIA para derrocar a Mosaddeq mediante un golpe de Estado en agosto de 1953.
Venezuela también cuenta con una larga experiencia en gobiernos derrocados
Sí, y Estados Unidos tiene una larga historia de apoyo a estos golpes de estado en Venezuela. Documentos desclasificados en 2006 por la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional revelaron que grupos políticos opositores venezolanos recibieron financiación estadounidense para organizar el golpe de Estado, perpetrado el 11 de abril de 2002, contra el entonces presidente Hugo Chávez. Hay muy poca documentación sobre el papel de empresas en estos casos, pero la empresa española de telecomunicaciones, Movistar de Venezuela, fue denunciada por animar desde sus portales de información los intentos golpe de Estado llevados a cabo por la ultraderecha venezolana.
Libia también vive la enésima guerra por el petróleo.
Líbia es un ejemplo de lo que puede suceder en otros Estados. Hasta 2011, al país se le adjudicaba la esperanza de vida más alta de África. Desde el derrocamiento de Muamar Gadafi por una guerra civil, apoyada por una intervención militar de la OTAN y el auspicio de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, la población sufre la guerra, la falta de medios de vida y la ausencia de democracia. Hay dos gobiernos enfrentados pujando por el control del territorio con las mayores reservas de petróleo de África. Turquía y Catar del lado del Gobierno de Trípoli, al que también apoya Naciones Unidas y la Unión Europea, con Italia a la cabeza; y de parte del general Jalifa Haftar, del Ejército Nacional Libio (ENL), el eje Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, Estados Unidos y al que Francia de manera extraoficial también se ha sumado. La élite de poder italiana ve peligrar su hegemonía como ex potencia colonial en Libia y financia grupos armados con la excusa de la migración para proteger los pozos de los que se abastece la compañía italiana Eni y el gasoducto que suministra a Italia gas natural. Mientras tanto, la población civil y miles de personas refugiadas ponen los muertos.
En el Estado español, el caso Villarejo destapó el espionaje ilegal en el que estaban involucradas grandes empresas españolas.
Según el sumario de la investigación judicial, del magistrado Manuel García-Castellón, el BBVA contrató a Villarejo cuando era comisario en activo y le pagó 10,2 millones de euros a través de su entramado empresarial para espionaje ilegal. Francisco González dejó la presidencia del BBVA el último día de 2018. Salpicado por las revelaciones de Villarejo, González cobró una pensión de 80 millones (más las acciones del banco valoradas en 30 millones de euros) y pasó a ser presidente de honor del banco. Pero además del BBVA, parece que Villarejo fue contratado durante muchos años por empresas del IBEX35, como Iberdrola, Repsol, La Caixa, San José y el Santander, para realizar tareas de espionaje. Los papeles de Villarejo muestran la cara menos conocida de la expansión del capitalismo español: un modus operandi en el que las grandes empresas tenían el apoyo de los aparatos del Estado para ejecutar operaciones ilegales, tales como amenazas, obstruir investigaciones periodísticas o judiciales, inhabilitar jueces, elaborar y difundir información falsa para perjudicar determinados partidos políticos o conseguir información empresarial privada.
«Movistar de Venezuela fue denunciada por animar desde sus portales de información los intentos golpe de Estado llevados a cabo por la ultraderecha venezolana».
¿No existe un mecanismo que regule la interferencia de las empresas en la política?
Por ahora, hay propuestas impulsadas por un gran número de organizaciones de la sociedad civil, como la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Poner Fin a la Impunidad. Esta campaña reclama la creación de un tribunal internacional para juzgar a las empresas transnacionales y la puesta en marcha de un centro para hacer un seguimiento de sus operaciones. Para ello, ha elaborado un Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales, para proponer mecanismos de control que frenen las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales.
Entonces no se puede garantizar la defensa de los derechos humanos por encima de los intereses corporativos.
Habría que conseguir, por un lado, el apoyo político e institucional a la aprobación de una normativa internacional jurídicamente vinculante en Naciones Unidas. Y por el otro lado, una Ley de protección de los Derechos Humanos y de la diligencia debida en la cadena de valor de las actividades empresariales transnacionales, para obligar a las corporaciones al respeto de los derechos humanos y la conservación de la naturaleza.
Ante la emergencia climática ¿el agotamiento de recursos naturales incrementará la violencia de las corporaciones por la pugna por los recursos?
Para comprender el riesgo de nuevos golpes de Estado, podemos tomar Bolivia como ejemplo y veremos que el agotamiento global de recursos naturales, no sólo de los combustibles fósiles, sino también los minerales (que son imprescindibles para la revolución tecnológica y la digitalización de la economía), nos lleva a nuevos desafíos. No tengo pruebas para afirmar que determinadas empresas transnacionales hayan estado implicadas en la gestación del golpe en Bolívia, pero me atrevo decir que un cambio de gobierno en Bolivia sería funcional a determinados intereses del poder corporativo nacional e internacional.
Bolivia cuenta con el 70% de las reservas de litio del mundo.
Exacto, Bolivia posee 21 millones de toneladas métricas de litio, mineral esencial para los automóviles eléctricos y la industria de las energías renovables. El gobierno de Morales había cancelado en 2019 un acuerdo con ACISA, una empresa alemana que, entre otros clientes, provee de baterías a Tesla, uno de los mayores fabricantes de coches eléctricos. El acuerdo implicaba crear una sociedad, invertir 1.200 millones dólares en un proyecto de industrialización en el salar de Uyuni, que culminaría en la fabricación de baterías de ion litio. Mientras se consumía el golpe en Bolivia, el gobierno de Alemania presionaba al régimen golpista para revivir el acuerdo de explotación de litio desechado por Morales. Evo Morales denunció en Twitter que “tal como ocurrió con el gas, los golpistas pretenden entregar nuestro litio a las transnacionales”.
¿Qué pueden hacer las consumidoras?
Lo más importante sería fortalecer el tejido social organizado y apoyar las protestas que ocurren en nuestro entorno, sean acciones contra los desahucios, ocupaciones de oficinas de empresas eléctricas para acabar con la pobreza energética, sentadas ante la emergencia climática o tractoradas y cortes de tráfico del sector agropecuario para exigir precios justos. Una clave sería apostar por la desobediencia civil. Consigamos recursos, tanto de organizaciones como de individuos (crowdfunding o mini donativos) para iniciar litigios e intentar ganar “batallas jurídicas” que den lugar a indemnizaciones económicas y sanciones penales y administrativas, como fórmulas de quebrar la impunidad de las transnacionales. Siempre combinadas con la movilización.
También hay estrategias como el activismo accionarial, que denuncia la inversión de los bancos en el negocio de la guerra.
Exacto. Hay que defender el desmantelamiento organizado de las multinacionales. Además de la banca, denunciemos a los gigantes de la tecnología (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), el petróleo o especuladores como Black Rock y BlackStone. En Francia, se han hecho decenas de acciones contra Amazon para denunciar su huella ecológica y sus condiciones laborales. La oposición local en Nueva York evitó que Amazon consiguiera incentivos fiscales por valor de 3 mil millones de dólares para establecer su segunda corporativa sede en Queens. Son una inspiración enorme para organizar acciones similares en el Estado español.
«En Francia, se han realizado decenas de acciones contra Amazon para denunciar su huella ecológica y sus condiciones laborales».
Parece que sea difícil organizarse y movilizarse, en una sociedad cada vez más individualizada y precarizada
Un reciente estudio “Escenarios de trabajo en la transición ecosocial 2020-2030” de Ecologistas en Acción, nos emplaza a reducir la jornada laboral a 30 horas semanales o menos, repartir de manera justa y equitativa el empleo remunerado entre la población activa, así como repartir las labores necesarias para el sostenimiento de la vida en pie de igualdad. Este tipo de escenarios de transformación ecosocial nos obligan a pensar también qué hacer con las empresas transnacionales. Hace falta reorganizar completamente la economía: descentralizada y con formas de participación directa de los y las trabajadoras, de la ciudadanía, las asociaciones de consumo responsable, asegurando y mejorando la libertad. Defender la solidaridad humana significa subordinar la economía a una sociedad democrática de fuerzas plurales.
¿Y cual debe ser el rol de los estados o del parlamento europeo?
Prohibir las puertas giratorias de altos cargos y representantes políticos entre el sector público y privado (ni siquiera se cumple la legislación vigente), la cooptación del proceso decisorio de las políticas públicas, el soborno y otras prácticas de corrupción o aprobar un registro de lobbies. Pero necesitamos presionar desde abajo para que lo hagan. Gobiernos y parlamentos deben cambiar la actual política de comercio e inversión de la UE. Eso implica no aprobar nuevos tratados y revertir els anteriores. Lo más inmediato: no permitir la ratificación del tratado comercial con Mercosur y México así como bloquear la implementación de los acuerdos con Vietnam, Singapur y Japón.
