El sector destina cada vez más recursos en la transición energética, en parte como consecuencia de los cambios normativos y, en parte porque se ha convertido en un negocio creciente, pero, a la vez, no ha dejado de financiar los combustibles fósiles.
En paralelo, aunque las principales entidades se presentan como «socialmente responsables», a la hora de la verdad siguen teniendo un papel importante en prácticas antisociales como los desahucios, el negocio de la guerra o utilizar filiales en paraísos fiscales para abaratar el pago de impuestos.
«La lucha contra el cambio climático es crucial». «Trabajamos para construir una sociedad mejor, en la que los más vulnerables tengan más oportunidades, y desarrollamos soluciones para el progreso social». Las frases corresponden al Banco Santander y CaixaBank pero, con pequeñas variaciones, podrían asumirlas cualquiera de las grandes entidades financieras españolas. Al fin y al cabo, se presentan como socialmente responsables, comprometidas en la lucha contra el cambio climático y siempre dispuestas a apoyar a los más vulnerables. Un análisis global de su actividad, sin embargo, pone en duda que realmente cumplan estas premisas. Parecería, más bien, que desarrollan estrategias de greenwashing y socialwashing (lavado de cara verde y social, respectivamente).
La parte «verde» de los grandes bancos…
En la COP25, la presidenta del Santander, Ana Botín, presumió de que el banco «ya es uno de los mayores proveedores de financiación verde del mundo y continuaremos incrementando las acciones para apoyar cada día más a la transición hacia un modelo energético y producto sostenible «. La entidad aparece como la líder del sector en la última edición del Dow Jones Sustainability Index (DJSI), un índice que mide la sostenibilidad empresarial en políticas medioambientales, económicas y sociales, y asegura que movilizará 120.000 millones de financiación verde hasta 2025 para promover la transición energética, además de ofrecer diversos productos que promueve como «verdes».
Los gigantes financieros están destinando cada vez más recursos a la economía verde, pero siguen aportando recursos ingentes a la industria de los combustibles fósiles
El BBVA expone que, en 2018, aprobó su «Compromiso 2025», a través del cual movilizará hasta ese año 100.000 millones en «financiación verde, infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera», dispone de un amplio abanico de productos que define como «sostenibles» y asegura que apoyará a los clientes y sectores que «establezcan estrategias para frenar el cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible con nuevos productos ligados a la sostenibilidad».
El Banc Sabadell se presenta como uno de los «firmantes fundadores» de los Principios de la Banca Responsable de Naciones Unidas, con lo cual se comprometió «a alinear estratégicamente su negocio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Acuerdo de París [que establece medidas de reducción de emisiones] «.
CaixaBank ve «esencial» acelerar «la transición a una economía baja en carbono que promueva el desarrollo sostenible y sea totalmente inclusiva «. La entidad cuenta con una declaración propia sobre el cambio climático en la que se compromete a financiar proyectos en esta línea y, como las otras tres entidades, también habla de reducir sus emisiones y proveerse fundamentalmente de energías renovables.
… y la financiación de energías sucias
Todos estos compromisos chocan frontalmente con otra parte del negocio de estas entidades. Apenas el año pasado, CaixaBank completó su salida de Repsol, de la que era el accionista de referencia desde 1996. Pero se mantiene como el principal accionista de Naturgy. Según el Observatorio de la Sostenibilidad, la petrolera y la gasista fueron la segunda y la tercera empresa que más contribuyeron al cambio climático en España durante el 2018, debido a sus emisiones.
El mismo estudio eleva a 1.100 millones la financiación al sector del carbón que los últimos años ha destinado el Santander, entre préstamos y seguros, para proyectos en Polonia -las mismas empresas que La Caixa, además de Polska Grupa Energetyczna-, China, Brasil o Alemania; mientras que el BBVA ha aportado casi 190 a través de un crédito a la china Yangquan Coal Industry.
El informe “Banking on Climate Change”, elaborado por varias ONG globales, cifra que el BBVA destinó cerca de 11.000 millones de euros entre 2016 y 2018 en financiar compañías de combustibles fósiles, mientras que el Santander elevó la cifra a 13.500 millones. Las dos entidades están entre las principales financiadoras de proyectos de un gran impacto ambiental, como el de Hidroituango, en Colombia, que incluye una enorme presa y un gran embalse que ha provocado el desalojo forzado de miles de personas, que se han quedado sin su medio de vida tradicional. El Sabadell también ha participado, de manera directa o indirecta, en la financiación de las principales empresas contaminantes del Estado, tales como Naturgy.
Índices de sostenibilidad cuestionables
Yago Martínez, coordinador del área de antiglobalización de Ecologistas en Acción España, cuestiona los criterios y los índices de sostenibilidad que utilizan: «Básicamente forman parte de estrategias de responsabilidad social corporativa (RSC), no son monitorizables ni exigibles jurídicamente, sino que se basan en compromisos voluntarios que adquieren los bancos, que son pura cosmética.» Índices como el DJSI (Dow Jones Sustainability Index) se guían por los criterios ASG (ambiental, social y buen gobierno, establecidos por la ONU), que organizaciones ecologistas denuncian que son muy «laxos», por lo que puede entrar casi «cualquier tipo de empresa».
Los criterios y los índices de sostenibilidad que utilizan los bancos se basan en compromisos voluntarios, no son monitorizables ni exigibles jurídicamente
Para Sergi Salavert, miembro de FETS – Finançament Ètic i Solidari i coordinador del Segell EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance), lo que hace «mucha banca tradicional es decir lo que hace bien y no lo que no hace bien, y muchas cosas que no hace bien son mucho peores que las que hace bien. Seguramente, el Santander tiene políticas internas sobre sostenibilidad, pero, a la vez, es ultrafinanciador de combustibles fósiles y esto es una incoherencia que se evita desde las finanzas éticas».
«Acción social» bajo mínimos, con la excepción de La Caixa
Aunque proclamaron su «compromiso social», la realidad es que los recursos que la mayoría de bancos dedican a los asuntos sociales es irrisoria, sobre todo si se compara con sus beneficios. El Santander ganó más de 7.800 millones en 2018, pero su memoria apenas cifra en 58 millones los destinados a «inversión social», mientras que su fundación destinó 6,7 más, pero sólo una pequeña parte (860.000 euros) a la acción social. El BBVA tuvo unos números verdes de 5.324 millones en 2018, el mismo año que destinó 104,5 a «iniciativas sociales», 31 de los cuales en el Estado español.
La «acción social» del Sabadell se articula con la financiación de actividades y proyectos educativos, de salud o de integración social, así como cultural. Durante 2017 -el último con las cuentas disponibles-, su fundación destinó más de 4,4 millones a diversas entidades, desde universidades, centros de investigación o culturales -como el Teatre Lliure, con 115.000 euros, o el Asociación Amigos de la Ópera de Sabadell, con 135.000-, entre otros. Aquel año, la entidad vallesana tuvo unos beneficios de más de 800 millones.
La fundación de La Caixa sí tiene un presupuesto importante, que durante el 2019 se situó en los 545 millones, casi 50 más que el año anterior, destinados fundamentalmente a «el área social, pobreza y cooperación» (309,6 M€), mientras que el resto se repartió entre «investigación, conocimiento y becas» (112,9 M€) y cultura y educación (122,5 M€). Aproximadamente, su «obra social» fue una cuarta parte de sus beneficios, que durante 2018 se situaron en casi 2.000 millones.
¿Socialmente responsables?
Ahora bien, toda esta pretendida tarea social contrasta con prácticas que directamente chocan con dicha tarea como, por ejemplo, tener filiales en paraísos fiscales.
El informe de Oxfam Intermón «Quién parte y reparte. La huella de la desigualdad en el IBEX 35» denuncia que, sólo en el Estado español, estas filiales implican que anualmente se desvíen beneficios empresariales equivalentes a unos 15.000 millones, que reducen la recaudación por el impuesto de sociedades -y, por tanto, los recursos públicos- en casi 4.000 millones.
En paralelo, en la práctica, las empresas del IBEX cada vez pagan menos por el impuesto de sociedades. Aunque el tipo teórico se sitúa en un 25% de los beneficios, en realidad pagan mucho menos, gracias a deducciones y beneficios fiscales diversos. Así, el tipo real se situaba en 2006 en una media del 19,9% de los beneficios, pero en 2018 ya quedaba por debajo del 10%.
El Santander encabeza el ranking de empresas españolas con filiales en paraísos fiscales, con 207 -sobre todo repartidas entre Delaware, en Estados Unidos, e Irlanda-, mientras que el BBVA tenía 42 (la mitad en Delaware), CaixaBank, 3 (dos en Luxemburgo, una en Suiza), y el Sabadell, 6 (tres en Andorra, dos en Luxemburgo y una en las Bahamas).
La pretendida tarea social contrasta con prácticas como tener filiales en paraísos fiscales, los desahucios o la financiación de la industria del armamento
El pasado enero, en una entrevista televisiva, la presidenta del Santander, Ana Botín, afirmó que, desde diciembre de 2012, la banca no había desahuciado ninguna persona de su vivienda habitual en el Estado. En este periodo, según datos del Poder Judicial, hubo más de 160.000 desahucios en España por impago de hipotecas, muchos de los cuales tendrían detrás entidades financieras, según la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). El Santander, por ejemplo, habría sido responsable a través de Altamira -una inmobiliaria que comparte con fondos de inversión– o la sociedad inmobiliaria UCI, que tiene a medias con el banco francés BNP Paribas, de algunos de ellos.
Finalmente, la gran banca estatal continúa haciendo dinero con la industria armamentística, especialmente el Santander y el BBVA. Según el último informe «Banca Armada», que elabora el Centro Delàs de Estudios por la Paz, el BBVA destinó 2.673 millones entre 2013 y 2018 a financiar empresas militares, mientras que el Santander dedicó 2.525 millones. CaixaBank, con 105, y el Sabadell, con 95, están muy por debajo, pero ambas entidades han concedido créditos a Maxam, el gran fabricante de bombas español.
El investigador en paz y seguridad y autor del informe, Jordi Calvo, asegura que «la intención de la banca es hacer el máximo negocio en todos los sectores que pueda, como el militar, que es un sector que tiene el apoyo del Estado [al fin y al cabo, los principales clientes de las empresas militares son los ejércitos estatales] y está subvencionado y, por tanto, casi seguro que le garantizará un retorno». En este ámbito, a raíz de las campañas de activismo accionarial han detectado una preocupación de las entidades por su «reputación», sin que ello implique abandonar una inversión «en un sector que le es rentable».
Vivienda, fiscalidad o armamento, tres ejemplos de prácticas habituales en la banca convencional que se alejan totalmente de los lemas de «banca socialmente responsable» que tanto pregona.
Aquest article s’ha publicat al Quadern 58 – On van els nostres diners?
L’article complet es pot llegir al quadern.
