En Latinoamérica hay luchas sociales por el agua que representan la indignación común regional. En este artículo, desarrollamos brevemente cuatro casos que son algo parecido a un faro: dos consiguieron volver el agua a manos públicas y los otros dos continúan luchando contra la privatización y, a la vez, resisten en base a la gestión comunitaria del agua.
La oleada de privatizaciones de la década de los noventa llevó más problemas que soluciones. Estas políticas no hicieron otra cosa que incrementar las dinámicas de expoliación a poblaciones históricamente explotadas: lucro gracias a la miseria de los otros. Pero las injusticias siempre generan resistencias.
Las luchas van más allá de recuperar el agua, implican conservar y restaurar ecosistemas, volver el agua a la gestión pública, respetar la gestión comunitaria, establecer soberanía sobre los territorios, luchar contra los conocidos “vampiros de la agua”. Es fundamental que las luchas apunten al reconocimiento explícito del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento por parte de la ONU y, en ámbitos nacionales, a cambiar los marcos normativos, como por ejemplo las constituciones políticas y leyes de agua, para volverla al servicio público y porque se respete la gestión comunitaria de los pueblos del mundo.
1. La guerra del agua en Bolivia: “El agua es nuestra, carajo”
El año 2000, el departamento de Cochabamba (Bolivia) fue el centro de un levantamiento popular que surgió como respuesta a la abusiva aplicación de paquetes neoliberales. A través de la ley 2029 se pretendía dar en concesión los derechos del agua por 40 años: aumentaba la tarifa entre un 30 y un 300%, indexaba la tarifa al dólar en un país donde el ingreso mínimo era de 100 $, permitía la expropiación de las fuentes de agua rurales y urbanas y prohibía recoger agua de lluvia, lo cual inspiró la película También la lluvia. De este modo, el gobierno y sus socios, un consorcio de empresas multinacionales y bolivianas, intentaron privatizar el agua. Como respuesta, la población pasó a autoabastecerse y autogestionarse administrando pozos en comités y cooperativas comunitarias.
Cartel de la película También la Lluvia, dirigida por Iciar Bollain. Foto vía Filmaffinity
El pueblo unido, en las calles, con el eslogan “El agua es nuestra, carajo”, hizo retroceder el gobierno, que revirtió la ley y la administración del servicio público volvió a manos del Estado, a pesar de que actualmente tiene algunos problemas: ineficiente en cobertura, régimen tarifario injusto, filtración de más del 50%, burocracia, saneamiento colapsado.
La guerra del agua fue un ejemplo de lucha, demostró que recuperar la confianza, la solidaridad y la unión es clave para hacer frente a medidas injustas. La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, una entidad colectiva sin personalidad jurídica (no reconocida oficialmente, pero con total legitimidad social), que representaba campesinos, ciudadanos, obreros de fábricas, vecinos y toda la indignada población de Cochabamba, fue la que lideró la lucha por el derecho humano al agua potable. Nueve años después, la nueva constitución política de Bolivia reconoció el derecho al agua fundamental, y remarcó que el agua es un bien común. La guerra del agua, primera victoria social del año 2000, inspiró e influir movimientos regionales y el resto del mundo.
2. El plebiscito uruguayo: “El agua es de todos”
Durante la década de los noventa, varias empresas transnacionales se instalaron en Uruguay para privatizar el agua, hecho que generó reacciones populares. El año 2001 se creó la Comisión en Defensa de la Costa de Oro y Pando en las zonas propuestas a privatizar. El 2002, vecinos y trabajadores sindicados hicieron un llamamiento a las organizaciones sociales y conformaron la Comisión Nacional en Defensa deI Agua y la Vida (CNDAV), con la Federación de Funcionarios de las Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) como columna vertebral.
Amb el lema “El agua es de todos”, el moviment va fer protestes públiques per alertar sobre les conseqüències de privatització: van recollir signatures dels ciutadans habilitats per votar (van comptar amb el suport de gairebé tots els partits polítics), la qual cosa va impulsar el plebiscit l’any 2004, que va reformar la constitució i va convertir Uruguai en el primer país llatinoamericà que va declarar l’aigua com a dret humà fonamental i, a més, va retornar els seus serveis a la gestió pública i es van establir les comissions de Cuencas y Acuíferos.
Si la guerra de l’aigua a Cochabamba es va guanyar als carrers, la ciutadania uruguaia va demostrar que les victòries també es donen a les urnes. Uruguai va generar expectativa, inspiració i precedent històric a organitzacions, lluitadors socials, acadèmics i pobles del nostre planeta. Avui, la lluita continua.
3. Colombia y los acueductos comunitarios
Colombia es ejemplo de gestión y conservación comunitaria del agua en el sector rural y periurbano; aun así, la gestión y las fuentes de agua están privatizadas. Las empresas privatizaron el agua apropiándosela y contaminándola a través de la agroindustria, la minería y la energía. Violaron los derechos humanos y generaron impactos sociales, económicos y ambientales que afectan la salud de la población y el ecosistema (no modernizaron el sistema de acueducto, generaron emisiones no autorizadas, convirtieron lagos en sedimentadores, aumentó la pobreza, disminuyeron las especies piscícolas…)
A pesar de esas dinámicas de expoliación, la población es resiliente y ve en la organización una forma de resistencia. Colombia cuenta con más de 20.000 organizaciones comunitarias que garantizan el acceso y el suministro de agua a aproximadamente 14 millones de personas que viven en el entorno rural.
Los Acueductos Comunitarios (comunidad organizada que autogestiona el agua) participaron activamente en la campaña en defensa del agua como bien público. Del 2005 al 2010 comunidades campesinas urbanopopulares y
organizaciones sociales propusieron reformar la constitución bajo la misma consigna: el agua como derecho humano y bien público, garantizar una aportación de agua mínima vital gratuita, respetar la gestión comunitaria, así como la conservación de los ecosistemas esenciales del ciclo hídrico. Si bien el mandato popular consiguió recoger más de 2 millones de firmas, no fue acatado por el congreso colombiano, que archivó este proyecto de ley.
Sin embargo, la respuesta popular fue que Acueductos Comunitarios surgió como actor político y sujeto colectivo, y el 2006 organizaron el primer encuentro nacional. Entre el 2016 y el 2023 construyen la “ley propia”, que propone reconocer la solidaridad como un valor jurídico central, plantean el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua para comunidades campesinas, populares e indígenas que autogestionan y se autoabastecen de agua en el marco de la economía solidaria. Esta propuesta va de la mano de otro proyecto de ley que establece un régimen especial para la gestión comunitaria del agua y garantiza los derechos de los Acueductos Comunitarios.
El 2023 empezó este trámite en el congreso colombiano que destaca porque rompe el orden clásico binario público y privado. Ahora más que nunca, los Acueductos Comunitarios son actores fundamentales en la defensa del agua y de la vida.
4. El pueblo chileno contra el saqueo: “No es sequía, es saqueo”
Vamos al ejemplo más extremo y claro de los efectos de la privatización en Latinoamérica y del mundo. Chile, país sediento de agua y de justicia, continúa siendo el laboratorio de ensayo de las políticas neoliberales que han negado el derecho humano al agua a la población. La Constitución Política y el código de aguas vigentes, decretados por la dictadura de Pinochet, entregaron a empresarios privados, de manera gratuita y perpetua, el derecho de aprovechamiento del agua (las fuentes y la gestión). Además, la propiedad del agua está separada de la propiedad de la tierra. El agua se entregó a las industrias: forestal, hidroeléctrica, minería y a la agroindustria.
“No s esequía, es saqueo” es una de las consignas de lucha del pueblo chileno, que ya vive 42 años de expolio, sobreexplotación de ecosistemas, desvío de agua de ríos y explotación de aguas subterráneas.
Las acciones y las luchas contra la desposesió nson diversas, desde movimientos sociales y actas radicales, hasta iniciativas legislativas e institucionales. Se recuerda como un hito en 2000 cuando se ocupó la mina Los Pelambres, en la región de Coquimbo, donde los manifestantes protestaron porque la extracción minera contaminaba acuíferos subterráneos y superficiales, hecho que afectaba la salud y las actividades agrícolas y ganaderas de las comunidades.
Otro hecho histórico tuvo lugar el marzo de 2023: Chile hizo un pequeño pero significativo paso en la lucha contra la privatización. Los únicos sistemas comunales de Agua Potable Rural (APR), que son unos 4.300, se unieron creando una institucionalidad nacional que los representará. Por su carácter comunitario, los APR toman las decisiones en relación con el uso y el cuidado del agua, promueven prácticas ambientales sostenibles y combaten los efectos de la sobreexplotación mercantil del agua.
Si bé aquestes lluites compten amb portaveus i representants, la seva font de mobilització és la gent del carrer: comunarios de Coquimbo, Xile; camperols del Valle Alto, Cochabamba, Bolívia; veïns de la Ciudad de la Costa, Uruguai; homes i dones del Páramo de Pisba, Colòmbia.
Estas resistencias locales se fortalecen y se enriquecen mucho más con las experiencias de lucha en otros puntos geográficos; la lucha regional es también global. Ante las recetas neoliberales mecánicas, respuestas solidarias y coordinadas.
