Hablamos con Dante Maschio, portavoz de la plataforma “Aigua és Vida”, sobre la situación de emergencia por sequía y la gestión del agua.
¿Qué lectura hacéis de la actual situación de emergencia por sequía?
Hay diferentes lecturas. La lectura objetiva es que Cataluña está viviendo una de las sequías más fuertes que nunca ha sufrido: si se miran los registros históricos, no es la más severa, pero afecta las cuencas internas, que es donde menos reservas tenemos y donde los consumos son mayoritariamente urbanos. Esto afecta especialmente el litoral, que es donde se concentra la mayor parte de la población e industria. Y afecta en un momento en el que la sociedad está muy insertada en la economía capitalista, que ha ganado eficiencia y, por eso, si se le saca un poco de agua, no funciona y tambalea. Por eso es tan noticiable esta sequía.
La lectura interesante a hacer es la gestión que se hace de la sequía. Existe un plan aprobado desde el 2020 que, decreto tras decreto, han modificado en función de quien presiona. ¡Y en Cataluña hay muchos intereses particulares en la gestión del agua! Ahora, a las puertas de la temporada turística, los hoteleros son quienes más aprietan, y hacen propuestas tan locas como autoabastecerse con infraestructuras privadas para poder saltarse normas públicas. Y vemos que la administración cede. Entonces la lectura es la de un Gobierno débil y que sucumbe al conjunto de intereses privados que hay con la gestión del agua y, por lo tanto, se refuerzan los desequilibrios de poder que desde «Aigua és vida» hace años que señalamos.
Estáis de pleno con la campaña #Noenraja. ¿Cuáles son las principales críticas que hacéis a la gestión de la sequía?
Por un lado, hacemos una crítica al modelo. Nos gusta mucho apelar a los conceptos de escasez y sequía hidrológica, que nos permitan entender cómo hemos llegado hasta aquí, que va más allá de la falta de lluvias. Es cierto que hace tres años que no llueve como tendría que llover, pero también es cierto que, cuando menos, desde el 2000, desde que la Unión Europea nos obliga a reportar el Índice de explotación del agua, sabemos que Cataluña utiliza un 30% más de agua de la que tenemos. Esto quiere decir que tenemos un problema de sobredimensión de la demanda de agua. Y esta es la crítica principal que hacemos con la campaña: una mala gestión en el sentido que las políticas hídricas no se han enfocado a gestionar la demanda y a atender el problema de sobredemanda -es decir, que damos más agua de la que tenemos-, sino que se han enfocado a gestionar la oferta, a poner infraestructura para abastecer y suministrar agua a todos los sectores que la requieren.
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Por lo tanto, aquí apelamos a las responsabilidades políticas y de gestión porque, como sociedad, lo único que podemos hacer es gestionar. La lluvia no la podemos controlar, cada vez tendremos menos lluvia o, cuando menos, las lluvias serán diferentes de cómo han sido hasta ahora, y esto no se puede gestionar; pero donde sí que podemos incidir es en lo que es gestionable, es decir, en la planificación hídrica. Nosotros tenemos muy claro que la mejor forma para gestionar el agua es tener muy claro cuánta disponemos y establecer unas prioridades y unas jerarquías que hoy en día no están muy establecidas.
¿Cuáles son las principales propuestas que hacéis?
Pasar de gestionar la oferta a gestionar la demanda, atendiendo una jerarquización de usos que, por un lado, cumpla lo que dice la Ley de Aguas -por ejemplo, que los caudales ecológicos son una restricción previa a cualquier tipo de uso, entendiendo que los ríos, los ecosistemas y la biodiversidad necesitan agua para sobrevivir- y, a partir de aquí, seguir el orden de prioridades, que primero es el abastecimiento municipal y después la economía.
Por otra lado, nos gustaría jerarquizar algo mejor, ateniéndonos al que dice la Nueva Cultura del Agua. Si pensamos en el abastecimiento municipal, por ejemplo, de una ciudad como Barcelona, tenemos hoteles e industria. Habría que afinar más, y por eso nos gusta hablar de agua-vida como prioridad, para garantizar primero los caudales ecológicos y el acceso al agua como Derecho Humano. Después, agua-producción primaria y esencial, entendiendo que los alimentos también son un derecho. Posteriormente, quedaría el agua para la economía, con todas las economías que necesitan agua, pero que son menos primordiales que el agua-alimentación o que el agua-vida. Para acabar, y si queda agua, tendríamos el agua-ocio y agua-negocio.
No te pierdas esta publicación donde hacemos un resumen de la gestión actual del agua
Sin embargo, hoy en día, vemos que a menudo el orden de prioridades se cambia. Por ejemplo, en el Montseny, en plena sequía, las embotelladoras han exportado más agua que nunca mientras unos cuántos municipios de la zona se han tenido que autoabastecer con cisternas o incluso han tenido que plantear cortes nocturnos porque, aparentemente, no tienen suficiente agua; cuando sí que hay agua en los acuíferos, pero está en manos de unas embotelladoras que hacen negocio con el agua.
¿Cuáles son las principales propuestas que tenéis en tema de agua para el campesinado?
Uno de los problemas que nos está haciendo notar la revuelta campesina es la falta de equidad con la gestión de la sequía. No todos tenemos la misma responsabilidad y, por tanto, no todos tenemos que pagar por igual los platos rotos.
La alienación con el campo hace que hablamos en genérico de sector primario, como si fuera homogéneo. El campesinado es muy diverso, tenemos mayoritariamente pequeñas y medias producciones familiares, pero también tenemos el agronegocio y fondos de inversión que han entrado en el campo para financiarizarlo y no para garantizar el derecho a la alimentación. Es decir, hay diferentes formas de tratar el campo. Hay quién lo machaca para hacer negocio, y por tanto tienen margen de beneficio para costear las restricciones, mientras el campesinado familiar arraigado en el territorio puede desaparecer si los tratamos a ambos por igual. En este sentido, nosotros apostamos por revisar las restricciones y hacerlo introduciendo criterios de justicia social y ambiental.
También tenemos una realidad que no podemos negar y es que el sector agroganadero consume y contamina mucha agua. Por lo tanto, hablar de sector primario como sector homogéneo perjudicará el sector pequeño. Tendríamos que empezar a hablar de un plan de transición agroganadera, entendiendo, por ejemplo, que es totalmente suicida plantear nuevos regadíos cuando no tenemos suficiente agua o no sabemos si en un futuro la tendremos. Por lo tanto, si no sabemos con qué agua podremos alcanzar estos regadíos, lo que estamos haciendo cuando prometemos nuevos es poner en peligro la sostenibilidad económica de las futuras agrícolas.
Lo que planteamos, pues, es cómo repartir el agua y cómo garantizar la sostenibilidad económica del campesinado, a la vez que se permite un buen estado de las masas de agua. Y lo que hace falta es un plan para aportar sostenibilidad económica y ambiental al sistema.
Y, evidentemente, tenemos que hablar de qué hacemos con el campesinado tradicional que tenemos, que es el del secano. Hace tres años que no llueve y nos tendríamos que plantear reguedíos de supervivencia y apoyo a este tipo de agricultura y eliminar cualquier tipo de plan de incremento de regadío.
De la misma forma hay que atender la modernización del regadío, pero lo que decimos es que hay que hacerlo teniendo en cuenta que cuando esto se ha hecho, en ningún caso se ha traducido en un resultado de ahorro de agua final, sino que el ahorro de agua que se ha conseguido se ha usado para producir más. Por lo tanto, modernizar los sistemas de riego sí, pero generando ahorro de agua y no reinvirtiendo este ahorro para producir más.
De nuevo, necesitamos gestionar en función del agua que tenemos y el agua que tenemos tiene que ser un limitante al crecimiento económico. Y a partir de aquí asear el sector.
Estas serían las propuestas concretas en cuanto al agua y, evidentemente, apoyo total a toda una serie otras demandas que el campesinado está haciendo para el sector, como por ejemplo acabar con la competencia desleal en normativa en lo referente a fitosanitarios, por ejemplo.
¿Y para el turismo?
Por lo que hace al turismo tenemos demandas muy concretas. Y es que como te decía antes, la ley de aguas no reporta el consumo que hace el sector turístico de forma diferenciada y, por lo tanto, hoy en día no sabemos qué cantidad de agua consume el sector, porque no se está obligando a mostrar estos datos. Lo que pedimos es que esto se tenga que hacer: necesitamos datos para saber cuánto consume el sector para poder enfocar bien la política pública.
A la vez, tenemos datos que nos demuestran que el sector turístico tiene un peso cada vez más importante en la economía – en Cataluña se habla alrededor del 20% del PIB-; y con un litoral machacado por el monocultivo turístico, la planificación hídrica todavía prevé y planifica un aumento del sector -llegando al 25% el 2039-.
Los datos son escalofriantes. Datos de pernoctaciones nos dicen que el 2023 hemos tenido unos 16 millones de turistas en Cataluña, un 20% más que el 2022, y esto en plena sequía. En cuanto a cruceristas y visitas diarias, por ejemplo, Barcelona tiene unos 26 millones de turistas: esto supone un consumo de agua muy elevado. También tenemos datos objetivos de la planificación hidrológica: del 2008 al 2018 se ha duplicado el consumo de agua asociado a las industrias turísticas. En cuanto al consumo de agua por turista, los únicos datos que tenemos, provenientes de informes encargados por la administración pública, concluyen que un turista consume entre 2 y 5 veces más de agua que un vecino o vecina tipo.
Vemos, pues, que hay un sobreconsumo y que no hay una política pública orientada a ordenarlo y a limitar el crecimiento del sector en función del agua que tenemos.
Ahora, en plena sequía, el hecho que no tengamos datos exactos de cuánta agua consume el sector hace que sea impune a las restricciones. Y esto pasa en el mismo momento en que el campesinado tiene que costear las restricciones por sequía.
Esta semana habéis hecho una potente acción contra el turismo. ‘Explica!
Cortamos el grifo al Consorcio de Turismo Barcelona, un organismo publicoprivado que, lejos de impulsar políticas de ahorro, está haciendo de lobby para pedir, por un lado, el trasvase del Ebro para poder permitir el crecimiento del sector turístico, y por otro, está negociando las desalinizadoras privadas para permitir que el sector se salte la única restricción que tienen hoy en día, que es no llenar las piscinas. Por lo tanto, ante esto, y entendiendo que es un organismo de la administración pública, le cerramos la arqueta del agua con la Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT), No a la Copa Amèrica, Zeroport, Stop creuers, Aigua és vida y la Plataforma en Defensa de l’Ebre pra, precisamente, señalar cómo el sector es totalmente impune a las restricciones por sequía. Y, evidentemente, pidiendo algunas medidas muy concretas, como que cualquier inyección de dinero público que se está haciendo ahora mismo, sea con resultados finalistas de ahorro y no sirva para seguir agrandando la maquinaria del turismo. Del mismo modo que pedimos, de una vez por todas, y como ya he comentado, que se contabilice el consumo de agua que hacen. En un momento crucial, sabiendo que es un sector que ha crecido mucho los últimos años, tenemos que poder saber cuánto consumen para poder enfocar bien la política pública, sobre todo entendiendo que es una actividad no esencial.
Últimamente te hemos oído hablar de las mesas sociales del agua. ¿Qué son?
Primero te quiero hablar de Andalucía, porque nos gustaría que Cataluña se inspirara con la experiencia que tuvieron.
El 2008, por pura necesidad, los sindicatos agrarios (UPA y COAG), CCOO, las universidades, los operadores públicos y los grupos ecologistas supieron sentarse en una misma mesa para paliar las graves consecuencias de la sobreexplotación del agua en Andalucía. Para entender el contexto andaluz con la gestión del agua: allá el consumo mayoritario lo hace la agricultura; es una región que ha sufrido y sufre sequías muy fuertes -de hecho las dos comunidades autónomas que más sufren la sequía hoy son Andalucía y Cataluña-. Y de este contexto, de esta necesidad, ha salido el resultado: una mesa no institucional que se ha unido para poder hablar sobre cómo hacer frente a esta sequía priorizando aquello que hay que priorizar. Y lo han hecho con propuestas que introducen principios de equidad social y de justicia ambiental, entendiendo que la forma de abordar el futuro y la transición hídrica es con planificación, y que esta planificación tiene que tener participación.
Entre otras cosas, piden un plan que proteja la agricultura familiar o criterios de equidad cuando se apliquen restricciones, puesto que el campo no es una estructura homogénea y hay mucho campesinado familiar que tiene dificultad para vivir y que coexiste con grandes empresas que concentran en pocas manos la explotación del campo. Aplicar las restricciones a todo el mundo por igual hace que nos carguemos este campesinado familiar, que es justamente lo que tenemos que potenciar. Porque la agroindustria no solo machaca el territorio, sino que, además, no ofrece dinamismo social.
En Cataluña nos damos cuenta que la urgencia hace la necesidad. Tenemos el reto de generar estas mesas con los diferentes actores que tenemos propuestas. Y desde «Aigua és Vida» tenemos muchas, pero, aun así, no se nos invita a estos espacios: vemos un Gobierno débil, que se dobla ante la presión. Y la administración tendría que ser bastante inteligente para generar espacios como las mesas, y mecanismos para que sean espacios no cogidos por los intereses que nos han llevado hasta aquí. Espacios plurales, abiertos, varios, donde la participación no sea meramente consultiva y de limpieza de imagen por parte del gobierno, sino un verdadero espacio de gobernanza que permita, a través del consenso, planificar mejor el futuro del país.
Y para vosotros, ¿cuál sería la gestión ideal del agua para hacer efectiva la transición ecosocial que reclamamos desde los movimientos sociales?
La clave, como te he ido diciendo, es pensar y generar espacios de gobernanza donde llevar a cabo la planificación hídrica de forma participada. No lo decimos nosotros, lo dicen las Naciones Unidas en su informe de 2020 sobre agua y cambio climático: para que las políticas de gestión sean de consenso y no dejen nadie atrás, hay que hacer que la toma de decisiones sea compartida.
La gestión de un bien escaso y bien común como el agua tiene que disponer de espacios de gobernanza a escala municipal, supramunicipal y, sobre todo, a nivel de cuenca hidrográfica (que es el espacio que recorre un río, desde que nace hasta que muere); que se planifique teniendo en cuenta lo que tenemos en aquel espacio, que la disponibilidad de agua sea lo limitante a la ordenación del territorio y las actividades, que podamos priorizar y poner límite. Y decidir entre todos y todas dónde ponemos los esfuerzos.
Aquí ya tenemos algunas experiencias que nos inspiran y hacia las cuales tenemos que ir, como son, por ejemplo, el Observatorio del agua de Terrassa o la mesa del Maresme. Experiencias que nos hablan de descentralizar el gobierno del agua incluyendo los titulares de derechos y actores y actoras que tienen intereses, conocimientos y capacidades de gestión en el agua.
