Brumadinho: el último exponente de una industria minera desbocada

"Si no se obliga las empresas a rendir cuentas, la demanda creciente de cobre continuará suponiendo una grave amenaza para las comunidades y las personas trabajadoras de Chile"

La rotura de un dique de contención en la mina de hierro de Córrego do Feijão, el pasado 25 de enero, provocó el vertido de 12 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos. Las consecuencias han sido devastadoras: 13 días después, el balance es de 150 muertos y más de 180 habitantes y personas trabajadoras desaparecidas. Una parte importante del ecosistema del río Paraulera está contaminado y un gran número de comunidades han resultado afectadas.

Delito empresarial y con antecedentes

No se trata de una tragedia imprevisible, sino de un delito empresarial anunciado, paradigmático de una industria extractiva dispuesta a aumentar sus beneficios en detrimento de las comunidades. Todavía no se han cumplido cuatro años del accidente de la presa de la mina Samarco (a tan solo nuevo kilómetros de Brumadinho), que provocó 19 muertos, destruyó 600 kilómetros del cauce del río y afectó un millón de habitantes. Tanto Brumadinho como Samarco pertenecen a la misma empresa: la multinacional minera Vale.

Los diques de contención son infraestructuras enormes para almacenar residuos minerales. A raíz de la gran cantidad de accidentes y problemas que generan, incluso los defensores más firmes de la industria minera se han dado cuenta de los peligros que conlleva el extractivismo desenfrenado.

Vivir al pie de 1.700 millones de toneladas de residuos

La Minera Los Pelambres (MLP), ubicada en la región Norte central de Chile, es filial de Antofagasta PLC, compañía domiciliada en el Reino Unido. Los residuos tóxicos que genera se almacenan en el depósito de residuos del Mauro, uno de los más grandes de América Latina, situado a solo diez kilómetros de la población de Caimanes. La lucha en primera línea iniciada hace décadas por esta comunidad se ha convertido en un símbolo de resistencia en el continente.

Vivir bajo la sombra de una presa de 300 metros de altura con capacidad para acumular 1.700 millones de toneladas de residuos (100 veces más que la de Samarco y 400 veces más que la de Brumadinho), en un territorio que suele registrar actividad sísmica, implica un peligro constante para la vida de las personas. Según el Tribunal Supremo de Chile, esta era la situación en Caimanes en 2014, cuando obligó la empresa a aplicar un plan de emergencias y protección en caso de accidente. Esta orden judicial no ha terminado de ejecutarse.

Cuando se intenta cuestionar el poder de MLP, la empresa siempre tiene ventaja sobre las comunidades, puesto que denunciar el caso a los tribunales es un proceso complejo e implica muchos costes económicos. Y aunque se ganen juicios, las sentencias de los máximos órganos judiciales del país no suelen ejecutarse. Se podía haber parado la construcción de la presa del Mauro en dos ocasiones, pero la empresa cooptó los abogados de la comunidad y las órdenes judiciales no se han cumplido.

La necesidad de regulación

Un informe pionero publicado por la entidad belga CATAPA (“Living under risk: Copper, Information and Communication Technologies (ICT) and Human Rights in Chile”) analiza los riesgos y los impactos del cobre –considerado uno de los materiales del futuro– en un contexto de preocupación creciente por los impactos que genera el extractivismo ilimitado. Uno de los autores del informe, Sebastian Smart, estará en Barcelona para presentarlo en el Mobile Social Congress con dos casos más de extractivismo minero. Una de las conclusiones del informe es que si no se regulan urgentemente las industrias globales de la minería y las TIC mediante medidas de carácter vinculante que garanticen los derechos de las personas y el medio ambiente a lo largo de las cadenas de suministro, catástrofes como la de Brumadinho cada vez serán más habituales, intensas e impactantes.

El cobre es un metal esencial para el desarrollo de dos fenómenos nuevos: la transición hacia un sistema energético basado 100% en fuentes de energía renovables y la llamada “cuarta revolución industrial” de la tecnología informática, los datos masivos y la inteligencia artificial. Pero mientras las empresas tecnológicas prosperan en un entorno que no establece barreras al crecimiento empresarial, las comunidades y las personas trabajadoras sufren en las minas y en las fábricas.

¿Cómo podemos conciliar la necesidad urgente de luchar contra el cambio climático y, al mismo tiempo, construir un futuro de alta tecnología sin iniciar una nueva era colonial violenta basada en expandir las fronteras de la extracción de materiales y la intensificación de los delitos empresariales? Para solucionar la emergencia planetaria provocada por siglos de capitalismo extractivista, hay que transformar profundamente nuestro modelo de producción y consumo.

Transparencia y rendición de cuentas

Gracias a la presión de la comunidad internacional, algunas empresas TIC de Europa y Estados Unidos han abierto sus cadenas de suministro, han adoptado medidas y están obligadas a respetar la normativa internacional de producción responsable. Aun así, estas normas son insuficientes para evitar que, sobre el terreno, se continúen vulnerando los derechos humanos. La mayoría de medidas solo se aplican a minerales procedentes de regiones en conflicto como el tungsteno, el tántalo y el oro. Además, tal como documenta el informe de CATAPA, la opacidad de las cadenas de suministro de la industria minera hace que sea prácticamente imposible saber donde va a parar exactamente el cobre que se extrae de las minas y qué cantidad se utiliza para fabricar productos electrónicos de uso cotidiano.

Los derechos humanos no son negociables. Es urgente enfrentarse a la cultura endémica de impunidad empresarial que no tiene en cuenta los ecosistemas ni las comunidades del entorno. Hay que fomentar la transparencia de las cadenas de suministro de las empresas y hacer que estas se responsabilicen a la hora de respetar los derechos humanos en todas sus actividades. Pero, en general, la transparencia es insuficiente para garantizar todo esto. Por este motivo, también necesitamos urgentemente leyes vinculantes capaces de garantizar los derechos de las comunidades, las personas trabajadoras y el medio ambiente, y que las grandes empresas tengan la obligación de rendir cuentas.

También debería apoyarse las demandas de las comunidades que luchan contra la minería (del Brasil hasta Chile), donde el pueblo reivindica el derecho democrático de oponerse a un modelo extractivo que amenaza gravemente su manera de vivir. Estas iniciativas locales son la base para construir el contrapoder necesario para luchar contra las crisis sistémicas que actualmente afectan el planeta.


Sebastián Ordóñez Muñoz

Sebastian Ordóñez Muñoz

Agente sénior de programas internacionales (América Latina) en War on Want.

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Sebastian Smart

Sebastian Smart

Doctor en derechos humanos y estudios latinoamericanos por la University College of London y abogado por la Universidad Católica de Chile.

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Elif Karakartal

Documentalista y observadora internacional de la asociación France Libertes.

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