Toneladas de ordenadores y móviles útiles, convertidos en residuos

Muchísimos ordenadores y teléfonos móviles se renuevan prematuramente y no todos los descartados llegarán a una planta de reciclaje formal. Alargar la vida de los aparatos y optar por la reutilización es la clava para reducir las toneladas de residuos electrónicos que se generan.
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El 2016 en el Estado se recogieron selectivamente 55.500 toneladas de residuos de aparatos de informática y telecomunicaciones. Faltaría añadirle los aparatos que se tiraron no selectivamente, imposibles de contabilizar. El mismo año se pusieron a la venta 13.600 toneladas de ellos.

Los aparatos que se recogen selectivamente en nuestro país, en un principio, tienen que dirigirse a plantas de reciclaje autorizadas, aunque algunos no acaban allí porque son desviados secretamente por la mafia de los residuos electrónicos, protagonista de silenciados horrores ambientales y sociales. La denuncia la directora Cosima Dannoritzer en su reportaje La tragedia electrónica.

Por otro lado, en las plantas de reciclaje se consigue recuperar solo una parte de los materiales que contienen los equipos, entre los cuales se encuentran varios minerales considerados críticos porque su disponibilidad es limitada.

En lo que se refiere a los aparatos nuevos que se ponen en el mercado, se venden a un precio que no tiene en cuenta las denominadas “externalidades”: los impactos ambientales y sociales de todo el proceso de manufacturación (extracción de materias primas, fabricación deslocalizada con las condiciones laborales que suelen darse, transporte, consumo energético y emisiones de todo el proceso). Este artículo repasa brevemente algunos de estos impactos. Si el precio de los aparatos de las nuevas tecnologías tuviera en cuenta lo que nos cuestan todas estas externalidades, serían “demasiado” caros.

Por suerte, parece que la reutilización de equipos de las TIC está aumentando, aunque podríamos decir que aún estamos cerca del cero. En España, en 2015 se aprobó el Real Decreto 110/2015, que traspone a la legislación nacional la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Fue la primera trasposición de la Directiva que obligaba a un mínimo de reutiliza­ción: en el caso de equipos informáticos y móviles, un 3% entre 2017 y 2018, y un 4% a partir de 2018. Unos porcentajes claramente irrisorios.

Recientemente, en Cataluña se ha desarrollado el ambicioso proyecto eReuse, que está activando el proceso de reutilización de estos aparatos.

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