El 23 de diciembre de 2021, el Congreso ha aprobado una nueva ley estatal de residuos. La conclusión es que la Ley, aunque incorpora mejoras respecto a la situación actual, es poco ambiciosa para avanzar hacia un modelo de gestión sostenible de los productos de consumo.
Una Ley con luces…
De manera general, parece que la ley incorpora mejoras respecto la situación actual en diversos aspectos: la prohibición de algunos utensilios plásticos de un sólo uso; la implantació del sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para envases de bebidas; se toma en consideración el vector salud eliminando de la circulación tóxicos como el bisfenol-A, los ftalatos o el amianto o se implanta la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para las toallitas húmedas (los fabricantes tendrán que pagar por su costosa limpieza).
También se establecen medidas a nivel estatal que elevarán la “nota media” de gestión de residuos allí donde la situación era insuficiente: es el caso de la recogida de la fracción orgánica generalizada, que no se hace en todos los territorios, o la aplicación estatal del canon de residuos (los municipios han de pagar por llevar residuos al vertedero o a la incineradora, lo cual es un incentivo para reducir el flujo de materiales de desecho). Por cierto, que el tema del canon ha levantado ampollas en Catalunya, donde existe hace muchos años y se teme que la implantación de un canon estatal que lo sustituya sea más un problema que una solución.
La nueva ley también incorpora novedades muy simbólicas, como poder beber agua del grifo en un bar. Que tengamos que celebrar esta pequeña victoria contra el sinsentido del agua embotellada nos da una idea de dónde estábamos a nivel de correlación de fuerzas con la industria de la bebida. Aunque, ojo, no se prohíbe el agua embotellada. Sólo se obliga a servirla si la pides. Ya veremos si las últimas dos décadas educando a los clientes en el hábito de beber agua en botella de plástico se pueden revertir tan fácilmente.
… y sombras
Dejando las luces a parte, vayamos a las sombras, porque parece que la nueva ley de residuos también tiene importantes lagunas y ausencias.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que parte de la necesidad de incorporar las directrices europeas, pero no da prácticamente ningún paso más allá de lo justo y necesario. Lo que, popularmente, se llama “ir a por el aprobado”, algo en lo que insisten todos los expertos que hemos consultado.
En segundo lugar, da la impresión de que cada buena idea de la ley está a medio aplicar. Silencios clamorosos: ¿Por qué no implementar la RAP a otros productos además de a las toallitas, como el textil? ¿Por qué el SDDR no se aplica también al vidrio? ¿Por qué no se aplican las prohibiciones de químicos peligrosos también a otras sustancias?
La ausencia más sonada es, seguramente, la escasez de medidas y la poca ambición de las que hay planteadas en los dos ámbitos de acción que, precisamente, deberían ser prioritarios: la prevención y la reutilización. Y es que, el marco mental del siglo XX aún pervive: tenemos un modelo de gestión de residuos basado en el reciclaje e instalado en la obsolescencia planificada.
¿Cómo mantenemos una economía circular de materiales funcionando con la escasez de energía y recursos que se nos vendrá encima, tarde o temprano? Es un misterio que esta ley no parece intentar resolver. Nos iría bien estudiar un poco de la economía de los materiales y la energía: por cierto este 2021 se cumplen 50 años de la publicación de ‘La ley de la entropía y el proceso económico’, de Nicholas Georgescu-Roegen. Una obra que nos sitúa ante una realidad que si bien resultaba incómoda en 1971, ahora ya no podemos ignorar más: los límites materiales y energéticos de nuestro modo de vida. Tenemos que priorizar la gestión local de los materiales tanto como sea posible. Y dejar de hipotecar nuestro futuro a cambio de puestos de trabajo en el presente.
