Políticas de consumo (I): de la defensa de derechos al consumo consciente

En 2017 publicaba en Opcions un artículo titulado “Nuevas políticas de impulso en las economías transformadoras”. En él reseñaba algunas prácticas destacables de varias administraciones públicas a favor del consumo consciente y de las llamadas “economías transformadoras”, aquellas que ponen énfasis en los beneficios sociales y ambientales derivados de sus prácticas.

En esta nueva serie de artículos me centraré y profundizaré en el caso de las políticas públicas de consumo, especialmente en las impulsadas desde las áreas de las administraciones con competencias en materia de consumo. 

En este primer texto explicaré “de dónde vienen y dónde van” las políticas de consumo.

En posteriores entregas desgranaré los elementos clave de una buena política de impulso del consumo consciente, entendido como un modelo de consumo donde el compromiso con la transformación socioeconómica y ambiental son elementos centrales. Y describiré y valoraré los adelantos y limitaciones de algunas de las prácticas más innovadoras en este sentido, como las “estrategias de impulso del consumo responsable” de los ayuntamientos de Barcelona, Madrid o Zaragoza.

La información y protección de las consumidoras

Para acercarnos en el origen de las políticas públicas de consumo, tenemos que mirar al movimiento consumerista. Este movimiento tiene por objetivo movilizar a las personas consumidoras para defender nuestros intereses y aumentar nuestro poder de influencia ante las empresas y las administraciones públicas. Lo podríamos resumir gráficamente como “defendernos colectivamente porque las empresas no se aprovechen de nosotros”. Y es que el 75% de las personas consumidoras desconfía de la fiabilidad de las empresas a distintos niveles.

El consumerismo, a pesar de existir desde hace décadas en otros países, llega a España a finales de los años 60 del siglo pasado, logrando una mayor capacidad de incidencia a partir de la década de los 80. FACUA, ADICAE o la OCU son algunas de las organizaciones más representativas del movimiento. Cuentan con algún centenar de miles de personas asociadas (FACUA declara más de 200 mil -pero reconoce que “solo” 55 mil están al corriente de pago- y la OCU dice tener más de 300 mil).

El consumo saludable es otra bandera que ha asumido desde hace décadas el consumerismo. Como demostración de este hecho tenemos la amplia dedicación a la salud de las publicaciones consumeristas más conocidas, como son las de la Fundación Eroski (Consumer) y la de la OCU.

Esta visión de los intereses de las consumidoras en clave de “salud y defensa de nuestros derechos”, que hace décadas que promueve el movimiento social consumerista, acabó llegando a las administraciones públicas españolas. Así, se crearon el “Instituto Nacional del Consumo” en 1975 y el “Ministerio de Sanidad y Consumo” en 1981. El nombre y funciones de este ministerio nos ayudan a entender cómo se veía (y cómo mayoritariamente se sigue viendo) la responsabilidad que sienten tener las instituciones a la hora de promover “un buen consumo”. Es una visión basada en tres pilares fundamentales: derechos, salud y seguridad.

Las áreas de consumo de las administraciones nacen por el empujón del movimiento consumerista, que defiende los derechos de las personas consumidoras

De hecho, y hablando de seguridad, es a raíz de una crisis de “seguridad alimentaria”, la del aceite de colza, que nacen dos herramientas clave de las políticas de consumo: la “Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios” (LGDCU, 1984) y las Oficinas Municipales de Información a las personas Consumidoras (OMIC). Las OMIC, principal referente de la acción de las áreas municipales de consumo, se dedican fundamentalmente al apoyo a los ciudadanos y ciudadanas cuando tenemos una queja sobre el trato recibido por parte de una empresa, y a la mediación entre consumidoras y vendedoras en caso de conflicto.

Las áreas de consumo, hermanas pequeñas en las administraciones públicas

No tenemos que perder de vista que las de consumo son de las áreas más pequeñas de las administraciones públicas, y que sus presupuestos y su capacidad de influencia son relativamente poco relevantes. Y esto cuando existen, puesto que numerosos ayuntamientos no disponen de área de consumo. Y, a menudo, las concejalías son de “A, B, C, D…y Consumo”. Así, el consumo es a menudo el último apellido de una larga lista de competencias de una “cartera”, y con frecuencia de las temáticas menos atendidas entre la larga lista de responsabilidades de un cargo político.

De hecho, como ejercicio que muestra la poca influencia de las áreas de consumo, os propongo un juego. ¿Cuántos nombres de ministros o consejeros de economía recordáis? Pensad y seguro que, como mínimo, os vendrán un par de nombres o incluso bastantes más (y todos, o casi, hombres). Repetid la prueba con responsables de áreas de consumo. Estoy seguro de que el resultado ha estado muy diferente.

El crecimiento, una apuesta -casi- universal (y poco compatible con el consumo consciente)

Las políticas más importantes relacionadas con el fomento de un tipo u otro de consumo pasan por áreas mucho más influyentes como las de economía, hacienda, trabajo, fomento, industria, urbanismo, comercio… Y la visión del consumo de estas áreas está prácticamente siempre basada en “hacer crecer” el consumo, la economía, el turismo, el PIB… sin hacer demasiado hincapié en las consecuencias socioeconómicas y ambientales de este crecimiento. Una mirada, segundos como, compatible con las políticas “más clásicas” de información y defensa de las personas consumidoras. Pero, a menudo, es también una mirada percibida como bastante opuesta a los objetivos del consumo consciente, que apuesta por “consumir menos y mejor”. I sí que hay algunos ejemplos de políticas que apuestan sin complejos por el “decrecimiento” o el “crecimiento contenido” (como la actual apuesta  del Ayuntamiento de Barcelona para el turismo), pero la verdad es que son auténticas “rara avis”. 

En las administraciones el área de consumo, si existe, es de las menos dotadas e influyentes

Las políticas que apuestan por el decrecimiento o el crecimiento contenido son auténticas “rara avis”

Orígenes y alcance del consumo consciente

Demos un paso atrás para echar un ojo a los orígenes de la propuesta del consumo consciente. Si las políticas de defensa de las personas consumidoras han sido impulsadas por el movimiento consumerista, las de impulso del consumo consciente deben su existencia al trabajo de varios movimientos muy relacionados entre ellos (y a veces difícilmente separables):

• El movimiento hoy día conocido como de “justicia global”, impulsor del comercio justo, que llega a España en los años 80.
  
• El ecologismo, del que nacen propuestas como el consumo sostenible (de energía, residuos, movilidad…), la agroecología (la producción ecológica está regulada en España desde 1989), el buen vivir (con expresiones más europeas como el movimiento Slow) o el decrecimiento.
  
• El movimiento altermundista, clave en el crecimiento de la apuesta para las economías locales y comunitarias desde principios del actual siglo.
• I el de la economía solidaria, que está experimentando un incremento en la última década, y del que podríamos destacar dos apuestas: el impulso al cooperativismo como forma empresarial de las principales alternativas de consumo y la creación de redes y de “mercado social”.

El animalismo es otro movimiento que podemos destacar por su especial influencia en la extensión de propuestas como el vegetarianismo y el veganismo. Aclarar que la reducción del consumo de productos ganaderos es defendida por múltiples motivos (sociales, ambientales, de bienestar animal) por la mayoría de propuestas vinculadas al consumo consciente. Aun así, menciono a parte el movimiento de defensa de los animales por tener a menudo un enfoque más “especializado” en su causa que otros, motivo por el cual, en general, no está tan interrelacionado con los anteriormente mencionados como estos entre sí. Un buen ejemplo es el PACMA, partido político del cual el animalismo es la bandera principal y, a menudo, menos relacionado con otras formaciones en comparación, como por ejemplo con los partidos “verdes”.

Décadas de impulso a comercio justo, consumo local y ecológico y cooperativismo preceden la llegada del consumo consciente a las políticas de consumo

Si nos acercamos de nuevo al número de personas asociadas a las organizaciones como un posible reflejo de su influencia, encontramos que Intermon Oxfam (comprometida con el comercio justo) declara más de 220 mil afiliaciones. La organización ecologista con más socias, Greenpeace, supera ligeramente las 100 mil. Pero hay que señalar que el consumo no es el principal campo de acción de las mencionadas organizaciones. En el campo de las iniciativas comunitarias de consumo agroecológico, solo en Cataluña hay unos 160 grupos de consumo agroecológico, en los cuales participan unas 5 mil “familias” o “unidades de consumo” (en Navarra una cooperativa de mayor dimensión, Landare, supera las tres mil “unidades”). Y Som Energia, la cooperativa de economía solidaria de mayor dimensión, supera ya las 50 mil personas socias (y los 90 mil contratos). El banco ético más grande, Triodos Bank, de propiedad y gestión no cooperativa, pero sí con una oferta comercial en la línea del consumo consciente, cerraba 2017 con cerca de 220 mil clientes.

Opcions también merece una mención en esta sección, pues a pesar de contar con cifras mucho menores, ha sido una organización de referencia en la reflexión e información sobre consumo consciente desde que fue creada el 1996 (bajo el nombre de CRIC -Centre d’Investigació i Informació en Consum-). Actualmente contamos con más de 3.200 personas y ocho empresas socias, prestando servicios de visibilización de varias de las cooperativas más significativas del sector.

Nos puede ayudar a comparar capacidad de influencia pública (y por tanto política) del consumo consciente conocer las cifras de las organizaciones sindicales. En España superan ampliamente los 2 millones de personas afiliadas, rondando sindicatos como UGT y CCOO el millón de afiliados a cada uno de ellos. Como trabajadoras estamos, pues, mucho más organizadas que como consumidoras. Ni sumando las cifras de las asociaciones de defensa de las personas consumidoras, las de las organizaciones relacionadas con el consumo consciente y las de organizaciones próximas (como Intermon o Greenpeace) nos acercaríamos a la representatividad y capacidad de incidencia de los sindicatos.

Otra cosa es la influencia no organizada y la penetración social, pues el consumo consciente cuenta hoy día en España con centenares de miles de “fieles” y con millones de personas que lo conocen y practican de alguna forma. Así, el 90% de las personas declaran haber cambiado algún hábito de consumo por motivos ambientales.

Una diferencia entre consumerismo y consumo consciente

Una diferencia habitual entre el consumerismo y el consumo consciente es su mirada a las empresas.

El movimiento consumerista ve a las empresas sobre todo como una amenaza a los derechos de las consumidoras, un “enemigo”(enemigo compartido con el movimiento obrero y sindical) al cual hay que vigilar. “Defendámonos de los abusos empresariales”, podría ser un lema de este “sindicalismo de consumo”. Debido a esta tradición de “defensa y combate”, durante años ha costado que se entendiera por parte de las “asociaciones de defensa de los consumidores” que desde el consumo consciente se promoviera el apoyo a ciertas empresas (banca ética, cooperativas de economía solidaria, etc.). El consumerismo ha mantenido habitualmente una posición escéptica ante la posibilidad que hubiera “otras empresas” merecedoras de un trato más amistoso. Pero poco a poco parece que la desconfianza está dando paso a la confianza, y cada vez más el consumerismo apuesta, también, por el apoyo a las alternativas económicas.

El consumo consciente, a pesar de contemplar también la lucha contra algunas empresas y sus abusos (mediante el boicot), aporta como hecho diferencial la creación y potenciación de alternativas. Así, hace difusión de empresas “confiables”, comprometidas con una sociedad y una economía más justas. Y propone alianzas entre consumidoras y empresas, a veces incluso bajo la forma de cooperativas mixtas o integrales que agrupan a socias de consumo, de trabajo y de servicios (empresas) que comparten objetivos. “Apoyamos las buenas prácticas empresariales y creamos economías cooperativas y comunitarias” o “vivimos (trabajamos y consumimos) de acuerdo con nuestros valores” podrían ser lemas representativos de las propuestas del consumo consciente.

El consumerismeo, sobre todo, lucha contra los abusos empresariales; el consumo consciente también crea alternativas económicas y premia a las empresas comprometidas

Afortunadamente, como decíamos antes, estas diferencias de mirada se van reduciendo con el paso del tiempo. Y el movimiento consumerista va, poco a poco, incorporando la “nueva” mirada que aporta el consumo consciente, añadiéndola a su necesaria y valiosa tarea de defensa de los derechos de las consumidoras.

El consumo consciente en las políticas públicas

Las cifras anteriormente mencionadas no significan que no falte mucho camino por recorrer en todos los ámbitos porque el consumo consciente sea el paradigma hegemónico en cómo consumimos. De hecho, esta nueva mirada al consumo, a pesar de avanzar en los últimos años, penetra muy lentamente en las políticas públicas. Y se introduce, quizás más despacio, en la mayoría de áreas de consumo de las administraciones, muy tradicionales en sus prácticas y en su relato de “qué es un buen consumo”.

De hecho, las áreas de las administraciones hasta ahora más influyentes en el impulso del consumo consciente han sido las de Medio Ambiente. Esto es consecuencia tanto de la importancia de los problemas ambientales (movilidad, contaminación del aire, residuos, cambio climático), como de la incidencia social del ecologismo. Y es que las «de ecología» (como se empiezan a denominar los departamentos de medio ambiente en las administraciones más innovadoras) son las áreas más relevantes de entre las más próximas a una mirada diferente del consumo. Otros departamentos, como los que tienen competencias en cooperación o economía social, cuentan con presupuestos e influencia aun menores.

Las áreas de Medio Ambiente han hecho políticas “verdes” (movilidad, energía, residuos); la apuesta por alternativas como la economía solidaria es más reciente y poco frecuente

Pero, a pesar de ser más influyentes que otras, no perdamos de vista que las de medio ambiente son también áreas “menores” de las administraciones comparadas con las áreas clave en las políticas económicas. Si repetimos el juego de intentar recordar nombres de responsables políticos de áreas de ecología y de economía, nos sucederá algo pareciendo al que nos ha pasado al comparar economía y consumo. De hecho, la competencia de medio ambiente, que sí que encabeza hoy día un ministerio, no logró este hito hasta el 1996.

En cuanto al papel de las áreas de ecología con relación al consumo, se ha centrado sobre todo en sus vertientes “más verdes”, como la promoción de la reducción de residuos y del consumo energético o la promoción de les energías renovables.

No es hasta últimamente que podemos ver con mayor frecuencia campañas públicas de fomento de un consumo con elementos más próximos a un cambio de modelo socioeconómico, como por ejemplo una mayor mirada a la economía local mediante prácticas -todavía incipientes- como la promoción del consumo de alimentos de proximidad o los circuitos cortos de comercialización.  

Más reciente es aún la apuesta pública mínimamente destacable por la economía solidaria (el sector de la economía social más comprometido con las alternativas de consumo), que está apenas llegando mucho más recientemente, y solo a las administraciones más líderes.

Y no es casualidad que sean administraciones de entre las más sensibilizadas con la economía solidaria, las que están promoviendo también apuestas innovadoras en el campo del consumo, de las que los ejemplos más destacables son las “estrategias de impulso del consumo responsable” de los ayuntamientos de Barcelona, Madrid y Zaragoza.

Pero de los elementos centrales de una buena política de impulso del consumo consciente, y de los ejemplos de buenas prácticas de algunas administraciones hablaremos, como ya habíamos comentado de entrada, en una próxima entrega.