Nos referimos a compra pública a las acciones donde el sector público actúa como consumidor.
Como que hablamos de gastar el dinero de todas, la compra pública está sujeta a un montón de procesos, regulados, a la vez, por una normativa y plenos de acciones para conseguir que esta sea la más objetiva posible. Y no es tan fácil como se escribe.
La fiabilidad del precio
Y es que nosotros, a nivel individual, cuando vamos a comprar, por ejemplo un tomate, encontramos una gran diversidad de tomates, y lo compraremos según nuestros valores y actitudes. Desde comprar tomates en la parada del mercado de tu primo, en la tienda de debajo, en una gran superficie, que sean del huerto comunitario o que vengan de Holanda, que hayan crecido con ayuda de los químicos o que sean ecológicos, envasados… Hay tanta variedad como preferencias podemos llegar a tener. Hay un montón de posibilidades de tomates, como la mayoría de bienes y servicios que encontramos en el mercado y que tienen diferentes atributos. Pero, cuando nosotras compramos y con cualquier criterio que tengamos, no tenemos que justificar nuestra decisión ante nadie. No es el caso del sector público, donde no se pueden tomar decisiones a discreción.
El sector público solía utilizar solo el criterio económico, pero esto ponía en peligro la calidad de los productos y servicios
Hasta no hace demasiados años, el criterio que se consideraba más objetivo era valorar las diferentes alternativas por criterios económicos, y en concreto, en el precio de los productos y servicios. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Es el precio igual al valor del bien o servicio?
La práctica de los años ha demostrado que seguir parámetros economicistas en la compra pública implica reducir la valoración al precio como indicador diferencial de las ofertas. Este hecho provoca una competencia a la baja entre las empresas que quieren participar, incentivando ofertas económicas desproporcionadas y, algunas de ellas, poniendo en peligro la calidad de los productos y los servicios a realizar y las consecuencias derivadas. Además permite a las empresas más grandes tener una ventaja de partida sobre las pequeñas y medianas empresas con mayores dificultades de presentar bajas económicas.
Además, hay que sumarle que las preferencias de consumo de la sociedad cambian y cambian progresivamente, y el sector público también se tiene que adaptar al cambio. Y es que, lógicamente, si cada vez tenemos más tomates con atributos diferentes, ¿por qué el sector público solo se tendría que fijar en el precio? Hay otros muchos aspectos a tener en cuenta para valorar la calidad de un producto o servicio. ¿Por qué si yo compro los tomates el día de mercado de mi pueblo, en la escuela pública del lado de casa los tomates son de Holanda?
Es necesario incorporar criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en la acción consumidora de la Administración
La importancia de la compra pública y responsable
Hoy en día, no hay suficiente al comprar, sino que esta compra tiene que ser coherente con el resto de políticas desarrolladas por la Administración Pública.
Podemos escuchar diferentes nombres: compra verde, compra ética, compra pública socialmente responsable, compra sostenible… pero, le pongamos el nombre que le pongamos, hacemos referencia a lo mismo. Y es que hay la necesidad de incorporar criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en la acción consumidora de la Administración.
Son muchas las razones por las cuales la compra pública responsable (CPR) es un valor añadido a la acción de la Administración.
- Son muchos recursos: la media de gasto en compra pública en la UE es cerca del 18% del PIB. Y, si tiene que haber este gasto, ¿por qué no hacerlo de una manera responsable, y de modo que las empresas proveedoras del sector público deban incluir aspectos de responsabilidad?
- Comprar barato sale caro: esta frase tan conocida también es aplicable a la compra de la administración pública. Solo fijándonos en las opciones más económicas, no atendemos a las consecuencias derivadas de la compra. Desde la compra de productos de mala calidad a servicios donde no se respeten las condiciones laborales. Si una compra genera impactos negativos, se tendrá que compensar desde la misma administración pública.
- Si quieres llegar lejos, ve acompañado: nos hemos acostumbrado a trabajar de manera aislada, como si nuestras acciones no incidieran en ninguna parte; pero la verdad es que los retos que tenemos son complejas y las respuestas que tenemos que dar tienen que ser transversales. Así, la CPR implica tener una visión amplia en todos los ámbitos de actuación y así potenciar los aspectos positivos que puede tener en la mejora de las políticas sociales y ambientales de las diferentes administraciones.
- De la oscuridad y sombras a la transparencia: el imaginario colectivo percibe la Administración como una institución oscura y poco transparente, hay una percepción mayoritariamente negativa. Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de sus acciones ayuda a positivitzar este imaginario que tanto ha calado en nuestra sociedad, así como poder fiscalizar la acción de la misma.
Reto de larga distancia
En los últimos años hemos pasado de hablar de compra pública a compra pública estratégica, detectando, así, aquellas compras y contrataciones que se han realizado incorporando criterios ambientales, sociales y de gobierno para poder seleccionar la oferta más ventajosa por su relación de calidad/precio. De hecho, la CPR no es una opción, sino que empieza a acontecer una obligación, muy blanda, pero que cada vez toma más relevancia. Encontramos referentes de carácter internacional que subrayan la importancia que la compra pública vaya alineada con el logro de los Objectivos de Desarrollo Sostenible o con el respeto a los Derechos Humanos, como se recoge en los Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La CPR no es una opción, empieza a ser una obligación
Y, de manera efectiva, la incorporación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, queda recogida a la aprobación en el 2014 de las directivas europeas y que finalmente se traspuso a la Ley de Contractos del Sector Público 9/2017 (LCSP). La LCSP, desde su primer artículo, indica que “en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y ambientales siempre que exista relación con el objeto del contrato”. Igualmente, cada vez más, varias regulaciones apuntan a la inclusión de consideraciones ambientales, sociales y de buen gobierno a la compra pública, como la recientemente aprobada Ley de cambio climático y transición energética 7/2021.
Ahora, que la administración pública tenga la obligación, no quiere decir que el cambio se haga de manera automática. Estamos ante un proceso largo y lento que se tiene que hacer de manera conjunta con todas las actoras implicadas por su efectiva aplicación. Y es que si los cambios en los hábitos de nuestra manera de hacer son complicados, la administración pública no es una excepción, incluso, podemos afirmar que el cambio cultural profundo que representa la compra pública responsable por el sector público y sus proveedoras es un reto de larga distancia.
El cambio cultural que representa la CPR para la Administración Pública y sus proveedoras es un reto
Durante el camino, nos encontraremos frenos, tanto internos como externos. Por un lado, comprar teniendo en cuenta un único indicador como el económico era un trámite sencillo, pero a la vez no era representativo de la calidad del producto, o de los impactos sociales y ambientales del bien o servicio. La inclusión de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno implica un cambio en los procedimientos de compra y contratación, que a la vez implica una mayor necesidad de recursos a los órganos de contratación de las diferentes administraciones. Por otro lado, las empresas que tradicionalmente han sido proveedoras han visto cómo las normas del juego se han modificado y ahora tienen que incluir aspectos sociales y ambientales a los cuales no estaban acostumbradas.
La adaptación al cambio es costosa y a menudo, hay presión para que se mantengan las condiciones anteriores. En este sentido, la incorporación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno de las normativas es también una ventaja para las empresas de la economía social y solidaria que, de manera natural, ya han incorporado estos aspectos en su manera de operar en el día a día.
No nos vale que la administración pública compre cualquier tomate, hace falta un tomate que tenga en cuenta consideraciones ambientales, sociales y de buen gobierno.
