La ciudad de Barcelona y su área metropolitana sufren una nueva burbuja inmobiliaria, esta vez asociada a las viviendas de alquiler. La finalización de los contratos o el aumento inasumible del precio de los alquileres está provocando la expulsión de los vecinos y vecinas de los barrios. En este contexto, el pasado 12 de mayo se presentó el Sindicato de inquilinos en el Casinet de Hostafrancs, en el barrio de Sants de Barcelona. Fue un acto multitudinario en el que muchas personas no pudieron acceder al auditorio, por lo que se improvisó una asamblea en el exterior. El éxito de la convocatoria demuestra que la precariedad e indefensión de los inquilinos ante los efectos de la mercantilización de su casa preocupa a mucha gente.
Los portavoces explicaron que el Sindicato nace para defender el derecho a la vivienda y un alquiler asequible estable, seguro y digno. Pretenden unir a los vecinos y vecinas que quieren seguir viviendo de alquiler, en viviendas tanto del mercado privado como público, asesorarles e incidir en los ámbitos administrativo y legislativo. En cuanto a la legislación, el objetivo está claro: derogar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que cumple 3 años y que redujo la duración de los alquileres de 5 a 3 años, y forzar la redacción de una ley más justa para los inquilinos.
En Barcelona, el 30 % de los vecinos y vecinas viven de alquiler. Esta cifra, muy por encima de la media española, continúa estando lejos de otras ciudades europeas como Berlín, Amsterdam o París, donde el alquiler representa más del 60 % de las viviendas y es una opción más protegida por la ley. En Barcelona, el 83 % de los desahucios son consecuencia de la aplicación de la LAU y, mientras el precio medio de los pisos supera los 800 euros, una de cada tres personas tienen un sueldo inferior a 843 euros.
Según los portavoces del Sindicato, teniendo en cuenta que, en Barcelona, 200 mil familias viven de alquiler, solo con la unión de una tercera parte de los vecinos se puede provocar un cambio histórico. En el manifiesto fundacional recuerdan la huelga de alquileres que se llevó a cabo en Barcelona en 1931 y no descartan medidas de presión como esa. Su estrategia pasa por la movilización en la calle, desde donde quieren defender que hay que priorizar la función social de la vivienda por encima del uso económico o especulativo. Por eso, algunos de sus ejes de acción serán la lucha contra los procesos de presión turística y de gentrificación, que expulsan a los vecinos; la denuncia de las viviendas vacías, y la reivindicación del aumento del parque público de alquiler social.
El pasado 26 de mayo, el Sindicato celebró su primera asamblea abierta en el barrio de Sant Antoni, uno de los más gravemente afectados por la especulación inmobiliaria. Asistieron unas 300 personas y se constituyeron siete grupos de trabajo relacionados con los problemas de los inquilinos: la compra de edificios por parte de grupos inversores, los pisos turísticos, la subida de los alquileres, el papel de los intermediarios, los pisos en muy mal estado y los contratos poco dignos.
El próximo 10 de junio, Barcelona acogerá la manifestación “Barcelona no está en venta, vivienda para todas” que servirá para hacer visible todos los movimientos que reclaman en la ciudad el derecho a la vivienda y un alquiler digno.
Para afiliarse: http://sindicatdellogateres.org/ i
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Vídeo del Sindicato con testimonios de inquilinas:
Twitter: @SindicatLloguer
