El pasado jueves 6 de julio hice una comparecencia en una sesión de trabajo de la Comisión de Empresa y Conocimiento del Parlamento de Cataluña sobre economía colaborativa. Por extraño que parezca, todos los grupos parlamentarios se habían puesto de acuerdo para aprobar una resolución al objeto de sacar el agua clara sobre este pantanoso terreno que es hoy la economía colaborativa y valorar qué tipo de intervención pública es la que conviene hacer, y para eso se convocó una serie de comparecencias. Yo asistí invitado por la CUP y en representación de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), y compartía sesión con Alejandro Touriño, socio director del despacho de abogados Ecija, que ha trabajado con la organización Sharing España.
Intervino primero el señor Touriño, y perfiló dos argumentos que, a pesar de estar revestidos de argumentos técnicos y legales, contenían una profunda lógica neoliberal. El primero es que las empresas-plataforma que permiten poner en contacto a las personas usuarias mediante lógicas «de igual a igual», no tienen ninguna clase de responsabilidad sobre lo que hagan sus intermediarios ni sobre las consecuencias de sus actividades, ya que, según él, solo hacen de intermediarios que ponen las plataformas a su disposición. El segundo argumento tiene que ver con la necesidad de ofrecer libertad de opción a la ciudadanía, esgrimiendo que son los usuarios los que impulsan estas plataformas y que su existencia es positiva porque multiplican y hacen más eficientes las opciones de trabajo, consumo, etc.
Cuando me tocó intervenir, pude rebatir estos argumentos, gracias, en gran medida, a los debates colectivos que hemos estado generando, especialmente en los dos últimos acontecimientos importantes: las jornadas Procomunes y la segunda edición de la escuela de verano de la XES. En cuanto al primero, decir que las plataformas no son responsables de lo que hagan sus usuarios es o bien naif o bien malintencionado. Que se lo digan, si no, a los Riders de Deliveroo o a los conductores de Uber, que han organizado huelgas de conductores para denunciar las relaciones laborales encubiertas y la desprotección laboral que sufren. O que se lo digan a todas las personas que no pueden permitirse pagar un alquiler en Barcelona por culpa de la burbuja hinchada por Airbnb y las expectativas de rendimientos económicos que genera alquilar apartamentos turísticos a través de esta plataforma. Ya no es solo que se tengan que garantizar derechos laborales o condiciones dignas de trabajo, sino que en casos como el de la vivienda, en los que se ha generado una situación de emergencia habitacional, debería prevalecer el principio de precaución, como con cualquier tecnología cuyo alcance no se puede prever, pero pone en riesgo las necesidades básicas de las personas.
En cuanto al segundo argumento, el de la libertad y soberanía del consumidor, ¿qué os vamos a decir desde un medio como Opcions? Un medio en el que hemos explorado (y mucho) los importantes límites que las condiciones socioeconómicas estructurales imponen sobre nuestras opciones cotidianas. Mi respuesta fue clara: en una sociedad con una precarización generalizada de las condiciones laborales, la gente que recorre a las plataformas de forma recurrente no se mueve tanto por la libertad como por la necesidad, y es una motivación muy diferente. El argumento de la libertad esconde una feroz lógica de la competencia y de tendencia de la acumulación de poder y presupone que todos estamos en las mismas condiciones de escoger, y eso, hoy por hoy, es una gran mentira.
