A pesar de las alertas ya activadas frente a la velocidad de la crisis climática y ecológica, siguen creciendo las actividades turísticas, deportivas y lúdicas que convierten espacios naturales en bienes de consumo. El ejemplo más gráfico son unas pistas de esquí o una playa llena de tumbonas de pago. La perspectiva antropocéntrica con la que la sociedad occidental mira el territorio hace que lo estemos destruyendo a pasos agigantados. Estas actividades y la afluencia de personas que conllevan tienen unos impactos significativos en los espacios naturales donde se instalan y su entorno.
Ante una coyuntura tan contradictoria, durante las dos últimas décadas se han ido definiendo con contundencia una serie de iniciativas contra proyectos concretos de lógica comercial, turística o extractivista en los Països Catalans y en toda la península. No a la MAT, Aturem Eurovegas, SOS Costa Brava, STOP Jocs Olímpics, Zeroport contra l’ampliació de l’Aeroport del Prat, Aturem Hard Rock, STOP Agroparc d’Ametller Origen, Ubicació Racional de les Renovables, Salvemos Canal Roya o Al Molinar Port Petit son algunos de los muchos procesos organizativos que, poco a poco y cada vez más conectados en red, comienzan a dibujar una articulación de procesos en defensa del territorio. Un movimiento que denuncia los impactos de estos macroproyectos y se organiza para evitar su instalación o minimizar sus consecuencias.
Además, este movimiento de procesos que defienden el territorio ya acumula victorias: fruto de la movilización y la presión en el debate político, no hubo Eurovegas en el Prat de Llobregat, no existe por ahora ampliación del aeropuerto del Prat y no habrá Juegos Olímpicos de Invierno en los Pirineos catalanoaragoneses en 2030.
La isla pionera en defensa del territorio
Si hablamos de defensa del territorio en los Països Catalans, cabe destacar que quien ha abierto camino desde los años setenta es una pequeña isla que se vio amenazada por esta lógica turística de consumo de belleza y confort que ofrecían sus playas.
El Plan Provincial de Ordenación de Menorca de 1973 hacía una propuesta de ordenación básica de la estructura urbanística que, en definitiva, pretendía edificar toda la costa de la isla. “Los espacios emblemáticos actuales como Macarella, Turqueta, Binigaus o la Albufera des Grau tenían previsto urbanizarlos”, asegura Miquel Camps, coordinador de política territorial e histórico activista del GOB-Menorca (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa), una asociación ecologista sin ánimo de lucro que trabaja en las Islas Baleares con el objetivo de “hacer compatibles las actividades humanas con los valores ambientales”.
Contra esa planificación franquista se produjeron movilizaciones importantes y constantes desde finales de los setenta hasta los noventa. La población menorquina tenía claro que la instalación de este proyecto tendría un impacto negativo en su modelo de vida. Además, “en las islas la gente se identifica con el territorio porque está claramente delimitado y en Menorca esto es especialmente intenso”, asegura Camps. Su organización, el GOB, nació precisamente en esta coyuntura y ha jugado un papel clave durante las siguientes cuatro décadas en la definición de políticas territoriales en Baleares. “El GOB nace para combatir este futuro negro y buscar una alternativa: hemos luchado mucho para cambiar el modelo depredador de la isla”, prosigue. A finales de los años ochenta, se abrió un debate popular y asociativo con repercusiones institucionales que terminó apostando por declarar toda la isla de Menorca como Reserva de Biosfera, una categoría que tiene por objetivo conciliar la conservación de la naturaleza con el uso de los recursos naturales desde una perspectiva de desarrollo sostenible.
El título de Reserva de la Biosfera, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se logró en 1993 pero, tal y como explica Miquel Camps, “no tenía aún rango de norma. La norma no se materializó hasta lograr construir el Plan Territorial Insular, en 2003 que, a diferencia de las otras islas, reducía sustancialmente el crecimiento urbanístico”. Gracias a este proceso, se eliminaron aproximadamente 60.000 plazas turísticas de las previstas, “y, lo más importante, se decide que en el suelo rústico no se pueden hacer más viviendas”, continúa la activista del GOB. Victorias logradas desde la organización social que han logrado consolidar un rasgo diferencial de Menorca: poder viajar por largas carreteras viendo a ambos lados grandes extensiones de paisajes estrictamente agrarios o naturales.
Hace más o menos ocho años, con la aparición del fenómeno Airbnb, la cosa ha cambiado. “Estas plataformas han facilitado que la gente pueda alquilar sus casas a los turistas y esto ha hecho que en Menorca, donde a diferencia de las otras islas se habían establecido unos mecanismos para que esto no sucediera, se hayan sobrepasado los límites máximos de llegada de turistas que teníamos establecidos. Hoy llegan más turistas que nunca, esto empieza a masificarse”, denuncia Miquel Camps.
Esta masificación del turismo ya normalizada en Mallorca e Ibiza, en Menorca ha supuesto el empeoramiento de una problemática ya crónica, la falta de vivienda. Otros impactos negativos derivados directamente del turismo los encontramos en los niveles de consumo de energía y agua que proviene íntegramente de acuíferos. “Ahora se consume más que lo que la naturaleza regenera y se ha abierto un debate sobre el modelo a seguir, si un modelo nórdico de zonas verdes, de piscinas, o un modelo más sostenible y propio de aquí”, asegura Camps. Las organizaciones siguen abriendo debates y confrontando y paliando los impactos del turismo masivo, pero la lógica de consumo de naturaleza también avanza.
La defensa de las montañas
Aparte de las costas, las otras grandes afectadas por el modelo de consumo turístico y recreativo son las montañas. En Aragón y en Cataluña el sistema montañoso de los Pirineos ha sido buscado también por turistas y macroproyectos por todas partes, que encuentran la belleza y la topografía perfecta para realizar actividades como senderismo, deportes de nieve, viajes aéreos, barranquismo, rafting y un largo etcétera. La diversificación de actividades que ha vivido la cordillera de 425 kilómetros de extensión en las últimas décadas ha hecho que el turismo sea menos estacionario que antes y que, por tanto, crezca y se mantenga durante todo el año.
Hace unos años la noticia de que los gobiernos de Cataluña y Aragón se habían postulado en la convocatoria de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 ofreciendo este territorio como escenario de un macroevento mundial llegó por sorpresa a sus habitantes. Esto ya de por sí planteaba una cuestión importante: ¿De quiénes son los territorios? ¿Quién decide qué ocurre? No se habían realizado consultas populares, no se habían presentado informes de impacto medioambiental. Por eso nacieron en ambos territorios luchas que cuestionaban esta postulación.
Para Bernat Labaquiol, la Plataforma Stop Jocs Olímpics “ha sido una propuesta de defensa del territorio: hemos aprovechado un macroproyecto que planteaban el gobierno y la patronal y que sabíamos que sería mediático para hablar de cómo queremos organizar nuestro territorio y qué relaciones sociales debe haber”.
Desde jornadas de formación multitudinarias hasta movilizaciones y reuniones con sectores estratégicos y de la política institucional, este proceso de lucha ha facilitado la articulación y consolidación de un territorio con conciencia y conocimiento de sí mismo. Aunque desde algunos movimientos sociales de Barcelona se quisieron sumar enseguida a la lucha, el relato de la negativa a los Juegos Olímpicos de invierno quiso liderarse desde una perspectiva rural y ésta también fue una apuesta, “porque a menudo hay concepciones muy diferentes del territorio y de la naturaleza desde la urbanidad y desde la ruralidad», continúa el activista de la Seu.
Por su parte, el primer manifiesto de la Plataforma Stop Juegos Olímpicos Aragón aseguraba que este macroevento, “lejos de ayudarnos a afrontar los retos que plantea el futuro, tan sólo agravará muchos de los problemas socioeconómicos y medioambientales que arrastra nuestro territorio”. Una de sus miembros, Maribel Martínez, se define como una mujer aragonesa ecofeminista que defiende el territorio y “en Aragón defender el territorio significa defender la cuenca del río Ebro y las montañas”, asegura.
Martínez explica que “las familias que mandan en Aragón se concentraron hace unas décadas en el negocio del cemento y el ladrillo y cuando éste decayó vieron que el nuevo negocio estaba en el Pirineo y en la colonización de las energías renovables. Ahora se han centrado en la ampliación de pistas de esquí, que detrás esconde también el negocio inmobiliario con la edificación de segundas residencias”. Como miembro de la Plataforma en Defensa de les Muntanyes d’Aragó (PDMA), formó parte de la lucha contra los Juegos Olímpicos. “Obtuvimos una victoria, pero no está todo ganado, el gobierno no ha tirado la toalla y ya han declarado que se presentarán a próximas convocatorias de la competición”, se lamenta el activista.
Actualmente el pulso más importante de la PDMA es Salvem Canal Roya, una campaña para conservar un valle casi virgen que el gobierno tiene previsto destruir con la instalación de una macrotelecabina de más de cuatro kilómetros de largo que conecte las estaciones de esquí de Formigal y Astún. Para Maribel Martínez, se trata de un “atentado ecológico, una auténtica barbarie, porque habrá que hacer grandes movimientos de tierra, se hará una carretera para entrar con maquinaria pesada y grandes voladuras de territorio en la zona de mayor valor paisajístico para construir una estación enterrada. Canal Roya es la zona menos maltratada de nuestras montañas hasta ahora; en una situación de cambio climático lo que debería hacer el gobierno es cuidarla, no destruirla”.
En un territorio significativamente especializado en turismo de nieve, este proyecto financiado con fondos europeos se presenta como un fomento del turismo sostenible porque evitaría que los esquiadores recorran 89 kilómetros de distancia entre una estación de esquí y otra. Una dinámica que se repite en el relato de muchos macroproyectos: buscan justificarse con una narrativa verde, ecológica y sostenible. “Cada vez hay menos nieve, quién sabe si las pistas podrán abrir en unos años, y el mal ya estará hecho. El modelo que impera siempre es el del capitalismo salvaje. Y en este modelo la defensa del medio ambiente y de las montañas no tiene cabida”, denuncia la aragonesa.
De fondo, existe otra problemática que es consecuencia directa de esta musealización y comercialización de los territorios: la elitización en el acceso a los espacios naturales. “Nosotros no estamos en contra del turismo, estamos en contra de la ‘ibización’ del Pirineo, de la masificación del turismo, que ha hecho que algunos parques hayan tenido que regular la entrada porque no hay aparcamiento, que ha hecho que falte agua en verano y haya que comprarla, que ha hecho que las trabajadoras de aquí no tengan dónde vivir por los precios prohibitivos de la vivienda”, denuncia también Maribel Martínez. Como las montañas aragonesas, muchos espacios naturales masificados por el turismo han encontrado en el cobro de una entrada para acceder o en las plazas de aparcamiento, una vía para regular y disminuir ligeramente la llegada de personas.
Ante el avance de proyectos depredadores, existen varias alternativas y maneras de proteger los territorios en debate. En el caso de Canal Roya, se apunta claramente a declarar la zona como parque natural. De hecho, “este es un proyecto que llevaba muchos años en un cajón, y, cuando se empezó a debatir, la Federación Aragonesa defendía que Canal Roya fuera declarado parque natural, pero ahora que se ha vuelto a poner en marcha el proyecto no tiene la misma postura; parece que existen más intereses en juego”, explica Maribel Martínez.
Cómo caminar para la defensa del territorio grande
Costas, montañas, calas y balsas, el turismo de masas y la llegada de macroproyectos afecta negativamente a los territorios y cada proceso que busca evitarlos o reducirlos se convierte en un respiro para la naturaleza y en algo más de músculo social para seguir proponiendo modelos diversos frente a la explotación, especulación y musealización de la naturaleza. “La victoria no es sólo que no se lleven a cabo los Juegos Olímpicos, la victoria es tener un territorio organizado y hacer converger luchas”, asegura Bernat Labaquiol.
Si la lucha en defensa del territorio se plantea sólo desde un punto de vista occidental catalanocentrado, no estará defendiendo el territorio grande, entendido aquí como el mundo, el planeta, sus pueblos, sus selvas, sus ríos, su biodiversidad. Si defendemos el territorio desde una mirada ecologista que sólo siente la presión que le genera la velocidad de la emergencia climática, pero no ve la presión que genera en las mujeres las violencias patriarcales o en los colectivos de personas migrantes la Ley de extranjería o el Pacto Europeo de Migración y Asilo, no estamos defendiendo el territorio para todo el mundo. Por ejemplo, “¿quién está aguantando la agroindustria? Temporeros y trabajadores migrantes y racializados en condiciones deplorables. Aquí debemos converger con el antiracismo”, comenta, con autocrítica, Labaquiol.
Incluso en el ecologismo que defiende el territorio se materializan cada día divisiones y discriminaciones entre edades, entre géneros, entre orígenes. Maribel Martínez, que también es una histórica de Ecologistas en Acción, asegura que “nos pasa que las más jóvenes nos critican porque dicen que no somos ecologistas por no ser veganas. Pienso que debemos hacer un frente muy amplio, que debemos respetarnos entre todas. Si nos quedamos en el veganismo ortodoxo, perdemos otras muchas cosas, debemos sumar y al mismo tiempo debemos decrecer y tenemos que llegar a una forma de vivir con menos consumo, sin duda”, sentencia.
Por otra parte, aunque la presencia de mujeres en estas luchas es muchas veces mayoritaria, los portavoces y caras visibles son predominantemente masculinos. “En la Plataforma en Defensa de Las Montañas de Aragón el papel de las mujeres es muy importante, pero todavía nos cuesta, todavía nos toca sacar el codo para decir: ¡compañeros estamos aquí!”, denuncia Maribel Martínez. “Están quienes opinan, están los portavoces y después está el trabajo en las calles, que aquí es donde estamos muchas feministas. Nos acuerpamos mutuamente. Y este es un término que me gusta mucho. Necesitamos esta renovación, tenemos que acuerparnos”, prosigue la aragonesa.
“Todo esto nos está sucediendo porque se ha abandonado mucho el fomento del asociacionismo. Cuando hay colectivos activos que realizan una labor de vigilancia, estamos frenando a los mercados que son absolutamente depredadores”, asegura Miquel Camps. “Es un deber y obligación que tenemos hacia nuestros territorios. No se trata de ir a un acto puntual, sino que hay que ser persistente y trabajar por diferentes causas de forma permanente. Necesitamos organizaciones firmes. Cuando se da esto te das cuenta de que el sistema no está tan preparado como parece”, concluye el activista desde Menorca.
