- Basarse en fuentes renovables.
- Estar en manos de las comunidades locales (ciudadanía, sectores económicos…)
- Acercar la producción en los centros de consumo.
- Aprovechar espacios ya alterados por la actividad humana para minimizar la ocupación innecesaria del territorio.
Lejos de esto, el despliegue que se está haciendo va en la dirección contraria, puesto que permite la instalación de grandes centrales en manos de pocas empresas, localizadas en espacios agrarios y forestales y situadas lejos de los principales centros de consumo.
Las bases de una transición energética democrática y sostenible
El artículo 2.2.a. de la misma Ley apunta algunos objetivos básicos para hacer la transición energética, así como el recorrido de algunas de las medidas a implementar:
Desde este punto de vista, pues, parece claro cuáles tendrían que ser las bases y las principales acciones a emprender para llevar a cabo una transición energética que, como apunta la Ley del cambio climático, sea descentralizada, democrática, limpia y eficiente, y que de retruque contribuya a reequilibrar el sistema de producción-consumo de electricidad. Vemos cómo se está haciendo.
Las dos fuentes renovables en Cataluña
En cuanto a la energía eólica, Cataluña tiene una larga tradición en la implantación de esta energía e, incluso, fue la primera comunidad autónoma del Estado a instalar una central eólica en el municipio de Garriguella, en 1984 (cinco aerogeneradores de 24 kW cada uno). Aun así, a principios de siglo solo había instaladas 6 centrales eólicas con una potencia de 85,78 MW y 197 aerogeneradores. No fue hasta la aprobación del Decreto 174/2002, de 11 de junio, regulador de la implantación de la energía eólica en Cataluña, que empezaron a proliferar más centrales eólicas. Entre el año 2004 y 2013 se produjo la máxima expansión de esta energía en Cataluña, hasta llegar a las actuales 43 centrales eólicas en funcionamiento con una potencia eléctrica instalada de 1.272,32 MW y 812 aerogeneradores. Las centrales eólicas están repartidas en un total de 39 municipios y 11 comarcas, y principalmente se concentran en las Tierras del Ebro (41,8 %), Poniente (23,2 %) y Camp de Tarragona (20,9 %).
Las centrales eólicas se concentran, principalmente, en las Tierras del Ebro, Poniente y Camp de Tarragona
Este modelo de implantación eólica, igual que en el caso de la hidroeléctrica, tampoco se acerca a la transición energética planteada en la Ley del cambio climático o a la desarrollada en los países europeos de referencia, puesto que se trata de grandes instalaciones, controladas por grandes empresas, situadas lejos de los principales centros consumidores y con unas aportaciones socioeconómicas escasas en los territorios donde están implantadas. En el caso de la eólica, hay que remarcar que el 77 % de los municipios (30 de 39 municipios) que tienen centrales eólicas en Cataluña tienen menos de 1.000 habitantes, y que el 80 % (31 de 39) han perdido población entre 2008 y 2018. La Terra Alta, que concentra el 25 % de la potencia eólica instalada en Cataluña, es la comarca que ha perdido más porcentaje de población entre el 2008 y el 2018, –9,7 % (1.251 habitantes).
¿Cómo se está haciendo la transición energética en Cataluña?
Entre 2013 y 2020, prácticamente no se ha instalado potencia eléctrica de origen renovable, y el 2019 el Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó el Decreto Ley 16/2019 de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. Desde la aprobación de este decreto y hasta mediados de 2021, se han presentado diferentes proyectos para la instalación de energías renovables. En el caso de la eólica, suman un total de 5.631 MW y 979 aerogeneradores, y en el caso de la solar 5.106 MW y 9.405 hectáreas.
La mayoría de proyectos eólicos se plantean a lo largo de las principales crestas montañosas desde la Segarra y la Anoia hasta las Tierras del Ebro, mientras que los proyectos de centrales fotovoltaicas se proyectan sobre todo sobre suelo agrícola de Poniente y de las Tierras del Ebro. Esto principalmente es debido al hecho que este Decreto Ley es muy generalista y no contiene ningún tipo de planificación territorial para la implantación de las energías renovables. De hecho, ni siquiera concreta reglamentariamente los dos preceptos legales establecidos en la Ley del cambio climático, que apuntan cómo se tendría que hacer la transición energética: la necesidad que la implantación de energías renovables se haga minimizando la ocupación del territorio y aprovechando espacios ya alterados por la actividad humana, así como la priorización de la producción eléctrica de origen renovable próxima a los centros de consumo.
La mayoría de los proyectos que se han presentado, en caso de materializarse tal como están planteados, profundizarían en el desequilibrio territorial entre la producción y el consumo y provocarían situaciones de concentración territorial en unos pocos enclaves, alejándonos, así, de los objetivos de la transición energética. Esta es una dinámica que se observa en todas las escalas territoriales. En el Estado español, la mayoría de proyectos de renovables se pretenden concentrar en las comunidades autónomas con menos consumo de electricidad. Y en Cataluña hay una fuerte concentración de proyectos en el sur-interior, entre las comarcas de Poniente, el Camp de Tarragona y las Tierras del Ebro. Además, como se ha dicho, el Decreto Ley de implantación de renovables en Cataluña se está desarrollando sin el plan territorial sectorial correspondiente que, a pesar de que está mencionado en el mismo texto normativo, a principios de 2022 todavía no estaba hecho ni aprobado. Una anomalía en el proceso de ordenación territorial, puesto que no se puede pasar de la ley al proyecto sin los preceptivos planes territoriales que ordenen el despliegue.
Cómo se ha dicho, tampoco se establecen en el Decreto Ley medidas para priorizar la generación renovable descentralizada, tal como dice la Ley del cambio climático, y teniendo en cuenta los cálculos del Instituto Catalán de Energía (ICAEN) que afirman, por ejemplo, que el potencial de generación eléctrica de la energía solar fotovoltaica sobre tejado es de 24.307 GWh/año. Según estos datos, y teniendo en cuenta que la demanda eléctrica de Cataluña el 2019 fue de 46.946 GWh, aplicando políticas que favorecieran la instalación de fotovoltaica en los tejados se podría cubrir el 52 % de toda la demanda eléctrica. Apostar por este modelo, como ya han hecho en Alemania, permitiría asentar la base de una correcta, equilibrada y más democrática transición energética en el ámbito eléctrico, porque aprovechar la energía solar sobre tejado hace que haya muchas instalaciones, repartidas entre diferentes propiedades, próximas a los lugares de consumo, y con ventajas económicas para el conjunto de la ciudadanía, y con el mínimo impacto posible sobre el territorio, sin dañar espacios agrícolas y forestales.
Renovables sí, pero no así
Este decreto ley está siendo muy discutido por varios actores (desde el sector agrario hasta asociaciones municipalistas, pasando por grupos ecologistas y varias plataformas en defensa del territorio) que piden la derogación y la elaboración de un nuevo reglamento que apueste por la transición energética en los términos que establece la Ley del cambio climático, y que planifique verdaderamente el despliegue de las energías renovables.
Hay que establecer una normativa clara en este sentido, una correcta planificación territorial que reequilibre producción y consumo, con medidas fiscales para estimular la generación distribuida y el autoconsumo, y la derivación a estos proyectos de las ayudas públicas que actualmente recibe el oligopolio. Y hace falta, sobre todo, el cambio de conciencia colectivo para entender que tenemos en nuestras manos hacer esta transición. Si no, como decía el difunto Hermann Scheer, que fue diputado de la SPD alemán y uno de los principales impulsores de la transición energética en aquel país: «lo que pretende ahora el oligopolio es introducir la generación de energía renovable en el viejo esquema centralizado de la energía fósil. En vez de pozos de petróleo, ahora plantan molinos y placas y controlan la generación, la red y la venta».
El poder intenta acaparar en manos de unos pocos el potencial transformador y democratizador que tienen las energías renovables, que puestas en manos de la ciudadanía permitirían una transición energética muy bien entendida. La energía renovable fluye en cualquier rincón del planeta y es absurdo querer centralizarla y cobrarla. En manos de la ciudadanía está la capacidad de revertir esta situación.
Este artículo está publicado, íntegramente, en el Cuaderno 62 de Opcions, Energía como bién común.
