La entrevista a Miriam Planas, ex-portavoz de la plataforma Aigua és Vida, abre el Cuaderno 64 de Opcions, Agua. ¿Cómo gestionamos este bien común? La respuesta no solo vendrá de las nubes. Un número dedicado al tema del agua y que nos permite reflexionar, en momentos de sequía, sobre los usos que basura de este bien tan esencial y sobre la manera que tenemos de gestionar el que es un bien común y un Derecho Humano universal.
Me parece obvio hacerte esta pregunta, pero es el punto de partida de este cuaderno: ¿el agua como bien común o el agua como objeto de negocio?
Entendemos que el agua no debe ser un negocio, sino que el agua es un derecho humano y su gestión debe estar guiada por los principios de sostenimiento de la vida y no por los principios de generación de negocio, que es lo que tenemos con la gestión privada.
Hablas de la toma de conciencia sobre el nivel de privatización. ¿Qué tipo de gestión predomina en Cataluña?
A nivel mundial, el 90% de la población se abastece a través de operadores públicos. En Cataluña, un 78% de la población se abastece a través de operadores privados. En Europa tenemos un 80% de gestión pública, en España un 50% y en Cataluña poco más de ese 20%.
Es ante este panorama que nace Aigua és Vida y se comienza la lucha por las remunicipalizaciones, que se suman a las luchas ecologistas ya existentes. En 2015 se lanzan los mapas del agua en Cataluña en la web de Aigua és Vida, que muestran el alto grado de privatización de la gestión del agua municipal, el monopolio de la empresa Agbar, y se hacen públicas las fechas de finalización de contratos en muchos municipios. Esto facilita el impulso de campañas de municipalización.
¿Me puedes hablar del concepto de Nueva cultura del agua?
Hay un manifiesto fundacional de lo que entendemos por Nueva cultura del agua. Dice básicamente que el agua debe ser para la vida, la de las personas y la de los ecosistemas. En un primer nivel, existe el agua que sí o sí debe garantizarse, y aquí hablamos, por ejemplo, de garantizar caudales ecológicos suficientes para que en los ríos se pueda desarrollar la vida de animales, plantas, etc., al tiempo que garantizar el abastecimiento de las personas. En un segundo nivel, estaría el agua para el negocio y en un tercero, el agua para el ocio. En definitiva, es plantearnos para qué utilizamos el agua: debemos hablar de la cantidad de agua, sí, pero debemos plantearnos también qué hay detrás de las demandas de agua. Agua para qué y agua para quién. Así, si el agua es para hacer negocio, en ningún caso puede pasar por encima de los caudales ecológicos, por ejemplo.
Entiendo que, cuando existe una gestión privada del agua, esta gestión de la demanda con miras a preservar los ecosistemas fluviales y los caudales ecológicos no se aplica. ¿Y cuándo hablamos de gestión pública?
Cuando hablamos de remunicipalizaciones no hablamos sólo de gestión pública, sino de gestión pública y democrática del agua. Hablamos de recuperar el control del agua por los ayuntamientos, pero también por parte de las personas usuarias, de la ciudadanía. Porque hemos olvidado el saber del agua: no sabemos de dónde viene el agua que bebemos, desconocemos en qué estado se encuentran los ríos, etc. En este sentido, las remunicipalizaciones suponen la oportunidad de recuperar el control del agua por los ayuntamientos y también la posibilidad de recuperar el conocimiento sobre el agua de forma generalizada. Joan Gaya, cuando habla de esto, nos explica que en los años 80 los ayuntamientos se preocupaban por garantizar servicios básicos (escuelas, asfaltados de calles, etc.), y el agua no entraba en estas prioridades; fue entonces cuando muchas gestiones del agua se dejaron en manos privadas.
Por tanto, una gestión pública, tal como la entendemos, representa la oportunidad de recuperar el control sobre el agua. Y en el escenario de emergencia que vivimos, donde cada vez tendremos menos, será muy importante que los ayuntamientos y la ciudadanía puedan decidir para qué utilizan esta agua.
¿Cómo garantizar el interés común y no sólo político en un sistema de gestión pública del agua?
Nosotros proponemos observatorios participados por la ciudadanía o asambleas ciudadanas. Un buen ejemplo es el Observatori de l’Aigua de Terrassa, que es un espacio que ayuda a tomar decisiones poniendo en común los intereses no sólo del ayuntamiento o de la empresa de agua, sino también de la ciudadanía. Así se garantiza mejor que se vela por el bien común en la toma de decisiones.
Asimismo, los observatorios son espacios para hacer accesible la información. A menudo en el mundo del agua, como ocurre en el de la energía, nos encontramos con un alto nivel de tecnificación del discurso, que aleja la posibilidad de que la ciudadanía participe. Y si hablamos de agua para qué y agua para quién, todo el mundo debe poder participar y disponer de información accesible y comprensible.
¿De qué forma, en cambio, el modelo privatizado no favorece ese derecho al agua del que hablamos y qué consecuencias tiene dicho modelo para la población?
Desde Aigua és Vida llevamos muchos años denunciando los impactos de la privatización. De hecho, la lucha comienza con la Guerra del Agua de Cochabamba, en el 2000. Lo que ocurrió entonces en Bolivia es que se privatizó el agua y la ciudadanía salió en masa para denunciar la subida de los precios. Este incremento del precio es el primer impacto para la ciudadanía que posee el modelo privado de gestión.
Otro efecto del modelo privatizado son los cortes de suministro y el desconocimiento por parte de las administraciones locales de las afectaciones de estos cortes en la población.
Aparte de esto está lo que llamamos costes ilegítimos de las operadoras privadas.
Por último, debemos hablar de transparencia y opacidad. Frente a las dificultades para acceder a datos reales de las compañías, vemos constantemente campañas publicitarias que lo único que hacen es promocionar la marca cuando la ciudadanía no tiene derecho a escoger cuál es su compañía suministradora, sino que le viene dada. ¿Qué sentido tiene que estén haciendo publicidad? En un sistema de gestión pública, este dinero se podría invertir en campañas de concienciación para dar a conocer el ciclo del agua, las necesidades que tenemos, etc., en vez de promocionar la imagen de la empresa.
Todavía una última consecuencia de este modelo privatizado es la acumulación de poder por parte de las empresas: poder económico, jurídico, mediático. Nos encontramos con corporaciones con más poder que los ayuntamientos. Y a menudo, cuando se deciden a remunicipalizar, empiezan a recibir demandas de la empresa suministradora. Y esto genera miedo entre los ayuntamientos.
- CUADERNO RELACIONADO
FRAGMENTO EXTRAÍDO DEL CUADERNO
Me gustaría que nos hablaras del derecho humano al agua y al saneamiento. ¿Dónde queda recogido y qué mecanismos existen para hacerlo realmente efectivo?
El derecho humano al agua fue reconocido por las Naciones Unidas en 2010, aunque en nuestro país, por ejemplo, hasta 2015 todavía se efectuaban cortes en el suministro. Una de las demandas de Aigua és Vida es que este derecho se reconozca al más alto nivel, tanto en Cataluña como en el resto del Estado español, en la Constitución, en el Estatut, etc. Desde Red Agua Pública, que es la organización con la que trabajamos a nivel estatal, se está trabajando una ley de mínimo vital para el derecho humano al agua. Un movimiento importante relacionado con este derecho tuvo lugar en 2014, con la primera Iniciativa Ciudadana Europea. Esta iniciativa de participación ciudadana trató justamente del derecho humano al agua y recogió más de un millón y medio de firmas. Sin embargo, a pesar de la fuerte movilización, el Parlamento Europeo hizo una recomendación a la Comisión Europea para que recogiera el derecho humano al agua, pero la Comisión Europea no lo recogió.
Queda, pues, mucho camino por recorrer para que los países reconozcan oficialmente el derecho humano al agua. Leyes como la 24/2015 de Cataluña nos ayudan a que, de facto, se esté cumpliendo, como mínimo en cuanto a cortes.
¿Cómo ayuda la ley contra la pobreza energética a garantizar el derecho al agua?
La Ley 24/2015 es un ejemplo de las luchas conseguidas en los ámbitos catalán, estatal y europeo. Y una victoria que necesitamos seguir celebrando porque ha permitido que apenas se realicen cortes de suministro en Cataluña. Aparte, también nos ha servido para cambiar el relato y señalar que, también cuando existe gestión privada, la garantía del suministro debe ir por delante de los beneficios y que, por tanto, hay que hacer algo con la deuda de suministro que las familias no pueden asumir. Antes no se hablaba de la responsabilidad de estas empresas en relación con la deuda acumulada por las familias; ahora, hemos conseguido no sólo que no haya cortes de suministro, sino también que las empresas se hagan corresponsables del pago de esta deuda.
El derecho humano al agua tiene que garantizar que no hay cortes en el suministro y un precio asequible al agua
Sin embargo, el derecho humano al agua va más allá de evitar los cortes de suministro.
Sí. Aparte de la accesibilidad, que debería garantizar que no existen cortes en el suministro, se refiere también a la asequibilidad, es decir, a que el agua tenga un precio asequible, a la calidad y a la disponibilidad.
Al mismo tiempo, existen ciertos criterios que son comunes a todos los derechos humanos, como son la transparencia, el acceso a la información, la participación y la rendición de cuentas. Y aquí hay todavía mucho trabajo por hacer, tanto en la gestión privada como en la pública.
Necesitamos seguir trabajando para garantizar una información al alcance de la ciudadanía.
Sí, necesitamos muchas experiencias para avanzar en ese aspecto. Se habla mucho de sistemas inteligentes, de smart city, etc., pero se hace poco para mantener a la ciudadanía informada. Se necesitarían campañas de sensibilización para explicar el ciclo del agua, de dónde viene, para qué la utilizamos, las problemáticas asociadas, qué podemos hacer, etc. Por lo tanto, significa invertir en transparencia para obtener no sólo estos datos, sino para ponerlos a disposición y pensar formas de participación que permitan a la ciudadanía tomar decisiones de manera informada en materia de agua.
Y aquí es donde entran en juego los observatorios…
La primera experiencia fue el Observatorio de París. Aquí tenemos el Observatorio de Terrassa, o el de Cádiz… Ahora también se ha hecho uno en Xàtiva. Encontramos algunas experiencias, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer. Nos falta cultura democrática, también en materia de agua. Y necesitamos también explorar formas público-comunitarias que permitan una gestión participada.
Cambiemos un poco de tema. ¿Hablamos de emergencia climática y de sequía?
Lo primero que debe decirse es que, con la emergencia climática, la disponibilidad de agua disminuirá. Todos los estudios apuntan a que tendremos más episodios de sequía, más inundaciones y, por tanto, que hay que adaptar las ciudades y la gestión que hacemos del agua. Pero es importante decir que no es que tengamos poca agua, sino que la gestionamos mal.
¿Existe garantía de agua urbana?
Aquí volvemos al punto de antes. Nunca se hace la pregunta de agua para qué. Y antes de decir que no nos llega suficiente agua o que necesitamos más cantidad para garantizar determinado proyecto, debemos preguntarnos sobre el uso que haremos de esa agua. Ahora mismo, en los planes directores de agua del área metropolitana, por ejemplo, se da por sentado que habrá un aumento de la demanda. ¿Pero por qué se da por sentado esto? ¿Por qué no nos planteamos quedarnos tal y como estamos?
No es que no haya agua, sino que no hay una planificación real
¿Esto tendría que ver con el crecimiento urbanístico?
Sí. Mientras sigamos construyendo nuevas urbanizaciones o nuevas construcciones, que es lo que se prevé en los planes directores urbanísticos del área metropolitana, difícilmente podremos garantizar el agua. Si actualmente ya cuesta, ¿por qué seguimos planteando nuevas edificaciones y nuevas casas que necesitarán más agua? Esto mismo ocurre, por ejemplo, en la costa catalana: las zonas del litoral son muy densas urbanísticamente, tienen mucha demanda de agua y muy poca disponibilidad… ¡Dejemos de construir en estas zonas porque no podremos garantizar el agua!
Por tanto, no es que no haya agua, sino que no hay una planificación real. Se basa en el presupuesto de que haremos llegar el agua allá donde queramos, en vez de planificar en función del agua disponible, que es lo que deberíamos estar haciendo.
Me hablas de disponibilidad de agua, pero ¿en qué estado se encuentra el agua de que todavía disponemos?
¡Este es otro de los grandes retos que tenemos! ¿Cómo recuperamos las masas de agua que hemos dañado? Por ejemplo, padecemos un grave problema de contaminación de acuíferos por nitratos en Osona y en muchas zonas de Cataluña, porque tenemos una cabaña porcina que no podemos asumir. Ocho millones de cerdos en Cataluña, ¡y seguimos aumentando! De nuevo, en vez de revertir este crecimiento para poder recuperar el agua de los acuíferos, no se está haciendo en ningún caso una política para revertir su contaminación ni una política activa para investigar cuántos purines se están vertiendo, por ejemplo. Se confía en nuevas tecnologías que posibilitarán el crecimiento sin contaminar. La realidad, y el anuncio de sanciones desde la UE, nos demuestra que estas supuestas soluciones milagrosas no hacen sino agravar el problema. En este sentido, son necesarias políticas activas para recuperar el estado de muchos acuíferos a fin de que las reservas estratégicas de agua estén disponibles.
La incidencia de granjas porcinas en los acuíferos es evidente y alarmante, pero… ¿y en áreas urbanas? ¿Cómo afectan a estas áreas?
En las zonas urbanas nos ocurre que, cuando edificamos, impermeabilizamos el suelo, con lo que impedimos que, cuando llueve, los acuíferos se carguen. Además, aumentamos el colapso del sistema de saneamiento contaminando ciudades, ecosistemas, aguas superficiales y costeras. Por lo tanto, mantener los pocos suelos agrícolas que quedan en las zonas urbanas es fundamental para la soberanía alimentaria, para permitir que el agua de lluvia se infiltre y minimice las inundaciones provocadas por las cada vez más intensas lluvias torrenciales, así como aumentar las zonas verdes en las ciudades y la vegetación para incrementar la recarga de los acuíferos, y también para que hagan de refugio climático contra las altas temperaturas.
Por todo lo que me has dicho, ¿podemos entender que no se están llevando a cabo suficientes políticas activas para preservar y para restaurar las masas de agua disponible?
Sí, y no se está haciendo lo suficiente para que se cumpla la ley o se cumplan las sentencias que reclaman la restauración. Por ejemplo, otro gran problema en Cataluña es la salinización del río Llobregat. Y aquí hay que hacer cumplir las distintas sentencias sobre las escombreras del Bages, especialmente la causa penal por salinización (242/14), exigiendo un plan de recuperación ambiental, una fianza proporcional y la retirada de la escombrera salina con un calendario detallado de los trabajos.
Háblame de otras políticas que echáis de menos.
En general, podemos decir que echamos de menos políticas encaminadas a evitar el deterioro de estas fuentes naturales de que disponemos, que serían un elemento clave, junto con políticas de ahorro, de aprovechamiento de aguas grises y pluviales, políticas que eviten la proliferación de grandes infraestructuras que encarecerán sustancialmente el precio del agua como, por ejemplo, las desaladoras o el agua regenerada. Para nosotros, las políticas de regeneración de estos ecosistemas y de los aprovechamientos en origen deberían ir por delante o junto a estas grandes infraestructuras. De hecho, estas grandes infraestructuras siguen la lógica de mantener el sistema y el modelo de oferta que tenemos, sin cuestionarnos el para qué o quién del agua.
¿Me puedes hablar de la gestión en origen de las aguas de lluvia?
Aquí nos enfrentamos a un gran reto y es pensar cómo podemos devolver las aguas pluviales de las ciudades a los acuíferos, para evitar que se mezclen con la del alcantarillado y se vayan a las depuradoras. Cuando el agua de lluvia se mezcla con la del alcantarillado tenemos una gran cantidad de aguas sucias que, cuando llueve mucho, acaban yendo al mar porque las depuradoras no pueden absorberlas, con los consecuentes episodios de elevada contaminación del mar. Para evitar esto, debemos apostar por la gestión en origen del agua de lluvia, por ejemplo, la gestión comunitaria de las aguas o la infiltración en acuíferos.
Y la gestión comunitaria del agua de lluvia, ¿cómo sería? ¿Me das algún ejemplo?
Sería, por ejemplo, aprovechar el agua de los edificios. Hay municipios como Sant Cugat que tienen una ordenanza para promover la recuperación de las aguas de lluvia y las aguas grises. Sin embargo, he de decirte que es un tema complejo, porque tenemos un clima mediterráneo y llueve poco, ¡pero cuando llueve, llueve mucho! Pero se trata de sistemas que pueden aprovechar ese volumen.
Esta entrevista forma parte del Cuaderno 64 de Opcions. Si quieres leerla, subscríbete a Opcions y te la enviaremos gratuiramente.
