Compra pública responsable para combatir las desigualdades Norte/Sur

"Hay que avanzar desde las medidas declarativas a la implementación de políticas y procedimientos administrativos en materia de compra pública que supongan un avance en este camino."
La revolució de les butxaques públiques, campaña por la introducción de criterios sociales en la compra pública
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En este año 2018 estamos celebrando diecinueve años de la Campanya Som Comerç Just i Banca Ètica. SETEM Catalunya, Alternativa 3, Oxfam Intermón, FIARE, FETS i la Xarxa d’Economia Solidària impulsamos esta iniciativa para promover un consumo crítico y transformador mediante el comercio justo, las finanzas éticas y la economía solidaria.

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El comercio justo ha crecido progresivamente hasta superar los 40 millones de euros de ventas en el Estado español. Esta cifra representa un incremento del 14,8% respecto al año anterior, según datos del último informe de Comercio Justo 2016. Es interesante analizar en este sentido, el impacto en los cambios de los hábitos de consumo consciente que han ido evolucionando en la última década. No obstante, si tenemos en cuenta el consumo alimentario como sector principal que engloba el 93% de las compras de comercio justo, ésta sólo alcanza el 0,05% del volumen total, es decir, 16 veces por debajo de la media europea.

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De igual manera se constata que la compra pública es totalmente residual. Sólo representa el 0,17% del total de la compra de comercio justo en el Estado español. Revertir esta situación y exigir un compromiso de las administraciones públicas mediante una compra pública social y ambientalmente responsable, es el objetivo de la campaña “La revolució de les butxaques públiques” (‘La revolución de los bolsillos públicos’).

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En los últimos años, se han efectuado numerosas declaraciones desde diferentes administraciones a favor de la contratación pública socialmente responsable. También hay que avanzar desde las medidas declarativas a la implementación de políticas y procedimientos administrativos en materia de compra pública que supongan un avance en este camino.

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La inclusión de cláusulas sociales y ambientales de comercio justo que amplíen su visión más allá del precio más bajo, implica una mejora en las condiciones de acceso y seguridad en la oferta para los productores del Sur. En este sentido, es imprescindible introducir nuevos criterios de justicia social, económica y ambiental que garanticen unas condiciones de trabajo dignas para las personas productoras y con equidad de género, el respeto a los derechos humanos, transparencia en las relaciones comerciales, participación y diálogo en la definición de los precios con los productores, erradicación del trabajo infantil y respeto por el medio ambiente.

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Por otro lado, el crecimiento exponencial de las finanzas éticas que ahora ya representa el 5% del PIB, contrasta con una operatividad casi insignificante en el sector público. El BBVA es la primera entidad bancaria en inversión en armamento y, a la vez, la principal proveedora de muchas administraciones públicas.

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Desde el punto de vista del interés público y de una gestión ética y transparente del dinero de todos, dar soporte al comercio justo y a las finanzas éticas, contribuye a reducir las desigualdades y las injusticias del actual sistema económico global. Aquí, el papel de las administraciones públicas es muy relevante para un avance profundo y estructural, tanto por su alcance e impacto como por el gran volumen que representa la compra pública y por el efecto multiplicador mediante campañas de sensibilización y de promoción de estas alternativas.

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Laia Fargas Fursa

SETEM Catalunya, Responsable de Campaña Som Comerç Just i Banca Ètica