Nuevas políticas de impulso a las economías transformadoras

Contratación pública responsable, promoción del cooperativismo y la economía solidaria... En los últimos años diversas administraciones están ensayando políticas públicas innovadoras para impulsar el consumo consciente y las economías transformadoras.
Imagen noctura de la Feria de consumo responsable de la plaza Catalunya de Barcelona.
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Este artículo intenta ser un repaso sugerente, aunque no sistemático ni perfecto (se nota la influencia de mi mayor conocimiento del caso de Barcelona), de algunas políticas públicas que merece la pena conocer. Lo escribo queriendo poner un granito de arena para la extensión de las buenas prácticas pero, sobre todo, con la esperanza de que nos suba la moral comprobar que, en un contexto de fuerte expansión de las alternativas hay, también desde las políticas públicas, muchas posibilidades de aportar al cambio, y muchas personas trabajando por una sociedad, una economía y unas vidas con más sentido.

Nuevas áreas de economía social y primera red intermunicipal

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La llegada al gobierno de las principales ciudades del Estado español de los “ayuntamientos del cambio” en junio de 2015 trajo consigo novedades.  De la mano del empuje y de la transferencia de conocimientos de las redes de economía solidaria han proliferado tanto términos como “economía social” en los nombres (y funciones) de las concejalías y departamentos encargados de la promoción económica, hasta un buen número de cargos públicos cercanos –o muy estrechamente vinculados– a este tipo de propuestas.

­Destaca el Ayuntamiento de Barcelona, por ser el único que ha creado una concejalía específica (en rigor es un “comisionado”, de competencias bastante similares) para la promoción de la “economía cooperativa, social y solidaria” (aunque más tarde asumió también las competencias en consumo).

­Y no es un caso aislado: A Coruña, Santiago de Compostela, Zaragoza, Madrid o Pamplona, entre otras ciudades han visto cómo el titular “economía social” se incluía entre los largos nombres (por la cantidad de competencias que asumen) de sus concejalías, casi siempre en áreas vinculadas al empleo y la promoción económica. ¡Y ojo! Este último detalle, en qué área de gobierno se ubica la economía social, es una noticia mucho más importante de lo que parece, pues sitúa el impulso a las “alternativas económicas” en las áreas centrales (las de promoción económica) de las administraciones públicas, cuando este tipo de iniciativas eran habitualmente competencia de áreas “periféricas” como las de medio ambiente (prevención de residuos), servicios sociales (inserción sociolaboral de colectivos con dificultades especiales), cooperación (comercio justo)…

También en la Generalitat de Catalunya existe un área de “economía social, tercer sector y cooperativas”, lo que es una buena noticia, pero es “solo” una dirección “oculta” entre diversas competencias del Departamento de Trabajo. Y no es que lo más importante sea que el nombre figure o no, pero el dato sí refleja en parte la voluntad política y la importancia simbólica otorgada a la materia, aspectos que, como ilustraremos más adelante, no son menores.

También merece la pena destacar la creación en Cataluña de una red, la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, integrada por 47 ayuntamientos de diferente color político (dato muy importante, pues sería muy perjudicial asociar las economías transformadoras solo a una parte del espectro electoral).

Planes estratégicos: políticas para el medio y largo plazo

Medidas muy diversas de apoyo a las alternativas son cada vez más frecuentes desde diferentes administraciones públicas, pero queremos destacar especialmente los casos en que estas se organizan en planes estratégicos a varios años vista, por suponer una mirada integral y enfocada en el medio plazo, sin duda más transformadora y resiliente ante posibles cambios de color en los gobiernos.

Nuevamente los casos más referenciales los encontramos en el Ayuntamiento de Barcelona, con medidas como la “Estrategia para la transición energética” y el Plan de impulso de la economía social y solidaria. El primero está dotado con 130 millones de euros hasta 2019, e incluye 8,4 millones para crear en 2018 una comercializadora energética municipal. El segundo, el de Economía Social y Solidaria, cuenta con 24,5 millones de euros hasta 2019.

En lo que se refiere al consumo consciente, en 2017 se han presentado sendas “estrategias de impulso” por parte de los ayuntamientos de Barcelona y Madrid, y Barcelona ha presentado una estrategia para fomentar la soberanía alimentaria, si bien estos tres planes cuentan con presupuestos mucho menores a los citados en el párrafo anterior. En el campo de las políticas alimentarias destaca el trabajo del Ayuntamiento de Valencia. Zaragoza prepara también diversas iniciativas: planes de economía solidaria y consumo responsable, y una red de economía circular.

Navarra dispone también, desde 2013, de planes de impulso a la economía social, pero tanto su dotación como su orientación al subsector más comprometido (el de la economía solidaria) son menores. Y el Ayuntamiento de Madrid está preparando su Plan estratégico para la economía social.

Compra y contratación pública responsables

El campo de la compra y contratación pública es clave para el impulso a mejores prácticas económicas, pues el gasto de las administraciones públicas en estos conceptos supone en el Estado español el 18,5 del PIB.

A escala autonómica, Aragón es la primera comunidad que cuenta con un “Foro de Contratos Públicos” que, entre otras funciones, tiene la de incluir cláusulas sociales y ambientales. Y a escala municipal destacan las reformas emprendidas en ayuntamientos como Pamplona, Vitoria, Avilés, Barcelona, Madrid o Zaragoza.

A escala global, destaca de nuevo Barcelona, por ser pionera en la publicación de sendas guías de “contratación pública social” y “contratación pública ambiental”, de las que podemos destacar compromisos innovadores de carácter socioeconómico (protección de la pequeña y mediana empresa, apoyo a la economía social y solidaria, protección laboral, cláusulas de género, rechazo a trabajar con empresas relacionadas con paraísos fiscales), y numerosos criterios para la sostenibilidad. Y aunque había un muy buen trabajo previo a escala municipal en la materia, el impulsado –sobre todo en los que se refiere a las cláusulas ambientales– por el programa Ajuntament + Sostenible, este tenía menor visibilidad política. Y este cambio es importante, ya que el hacer bandera política de estas prácticas –cosa que no siempre sucede– es muy importante para su conocimiento por parte de la ciudadanía (con un importante valor ejemplarizante), y muy útil para favorecer su extensión a otras administraciones públicas.

Más allá de planteamientos generalistas, podemos destacar también algunos ejemplos concretos, como la apuesta del Gobierno balear por consumir solo electricidad de origen renovable, o los créditos solicitados al banco ético Fiare por ayuntamientos como los de Donosti y Barcelona.

En la web sobre contratación pública responsable, impulsada por REAS Aragón, encontramos modelos de cláusulas sociales y ambientales disponibles para ser adaptadas por las administraciones.

Apoyo económico a iniciativas: convenios y subvenciones

La Generalitat de Catalunya aprobaba en 2016 dos medidas destacables: dedicar 3,3 millones a la promoción de quince ateneos cooperativos (encargados del fomento de la creación de empresas de economía social), y dos millones más a proyectos “singulares” de cooperativas y sociedades laborales. Si bien las cantidades podrían ser mayores tratándose de un gobierno autonómico como el catalán, representan un paso adelante.

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A escala municipal, merece la pena destacar que el proyecto “MARES” del Ayuntamiento de Madrid recibirá 4,8 millones de euros de la Unión Europea para desarrollar proyectos de economía social entre los años 2017 y 2019 en varios distritos de la ciudad.

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Y se han abierto líneas municipales, hasta ahora inexistentes, de subvenciones ordinarias de apoyo a proyectos de economía solidaria (medio millón de euros anual en el caso de Madrid) y consumo responsable y economía de los cuidados (730 mil euros para el total de las tres categorías en el caso de Barcelona en 2016).

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Vale la pena destacar también el apoyo a las redes locales de economía solidaria y a experiencias de mercado social. A los apoyos públicos ya existentes en Zaragoza o diversos ayuntamientos vascos, se sumaron en 2016 convenios anuales de los ayuntamientos de Barcelona (con la XES) y de Madrid (con REAS Madrid), por valor de 118 mil y 290 mil euros respectivamente, y un convenio de 50.000 euros del Ayuntamiento de Oviedo con ASATA. Son apoyos moderados, pero significativos para el funcionamiento de proyectos de estas características.

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La importancia de lo simbólico

A menudo los efectos simbólicos y pedagógicos de las medidas son, por su valor ejemplarizante, tan importantes que sus consecuencias materiales. Usaré como ejemplo, de nuevo, dos casos paradigmáticos de la capital catalana significativos en este aspecto.
El primero es que el Pla d’acció municipal (PAM) Barcelona 2016-2019 se articula en torno a conceptos como el buen vivir”, la “economía plural” (en la que destaca la inclusión de la economía social y solidaria como uno de los elementos principales) o la transición ecológica. Ejemplos semejantes son las denominaciones de Zaragoza o Madrid como “ciudades de los cuidados”. Son cambios de paradigma que, aunque nada sencillos de trasladar de la noche a la mañana a las políticas públicas, resultan pasos adelante inéditos.

Otro ejemplo es el de la Feria del Consumo Responsable y la Economía Solidaria, que en las dos últimas navidades ocupó la principal plaza de la ciudad durante más de dos semanas, siendo visitada por miles de personas. Que en las fechas consumistas por antonomasia el principal espacio público de la ciudad lo ocupen las alternativas de consumo es un cambio hasta ahora inimaginable, más si lo contrastamos con que el mismo espacio lo ocupó en años anteriores una pista de hielo que representaba un modelo privatizador, consumista y contaminante de celebrar las fiestas.

A modo de conclusión, me da la impresión de que el sentir general de las personas y entidades comprometidas con estas propuestas oscila entre el echar de menos mayor valentía política, apuesta estratégica y dotación presupuestaria; y el reconocer, valorar y agradecer los importantes pasos que se están dando. Pasos que nos enfrentan a nuevos (benditos) retos, como evitar que la agenda institucional acapare nuestros limitados recursos hasta el punto de (sin quererlo) desdibujar nuestra propia agenda. Y con estas tensiones (naturales, necesarias y positivas) seguimos caminando y empujando. Sin perder la sonrisa y la ilusión, espero. ¡Nos vemos en los caminos!

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Toni Lodeiro

Divulgador y consultor en nueva cultura del consumo (Opcions Consultoría) | facebook.com/toni.lodeirozas | @tonilodeiro | tonilodeiro.net