El Gobierno balear ha impulsado una nueva Ley de residuos y suelos contaminados con medidas avanzadas que, a nivel estatal, sólo son equiparables a las aplicadas en Navarra. Muchos medios se han hecho eco porque prevé la prohibición de la distribución y venta de productos de plástico como las pajitas, las vajillas de plástico, las cápsulas monodosis de café o los bastoncillos para los oídos. Tampoco se podrán comercializar algunos productos desechables, como maquinillas de afeitar o mecheros. Hablamos con el Consejero de Medio ambiente balear, Vicenç Vidal, y el Director General de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos, Sebastià Sansó. Los dos recogieron, en Barcelona, la distinción especial que la Fundació Rezero otorgó al gobierno balear, en reconocimiento por la nueva Ley, en el marco de los Premios Rezero.
Se ha hablado mucho la nueva Ley de residuos y suelos contaminados, sobre todo por aspectos relacionados con la reducción de plásticos desechables. Pero, para vosotros, ¿qué aspecto de la nueva Ley es el más relevante?
El tema de los plásticos es importante y ha hecho que sea una ley más conocida, pero, para nosotros, lo más importante es que implicará la obligatoriedad, para los ayuntamientos, de la gestión segregada de la materia orgánica. Esta fracción representa case el 80% de residuos que generamos y por lo tanto, el impacto cuantitativo más importante vendrá por aquí. El hecho que una obligatoriedad como esta se haya hecho con consenso, que los Ayuntamientos de Baleares están todos de acuerdo en implantar la recogida selectiva de la materia orgánica es la gran noticia. Lo harán de maneras diferentes, con el puerta a puerta o con contenedores, pero se hará. Para nosotros esto marca un antes y un después en la gestión de residuos.
«Hemos topado con normativa europea que nos ha limitado»
¿Hay alguna medida que os habría gustado que la ley incluyera que haya quedado fuera?
Nos hubiera gustado dar un paso más en la reducción del derroche alimentario pero a veces entrábamos en complejidades de normativa sanitaria que hacen que, ahora mismo, no podamos llegar. Aquí hemos topado con normativa europea que nos ha limitado. Pero evidentemente, siempre, cuando damos un paso, ya tenemos diez o más pensados para dar a continuación.
¿En qué fase está la Ley de residuos y suelos contaminados y qué pasos iremos viendo?
Es una ley que ha tenido un proceso muy largo porque ha tenido dos años de participación, una participación real, porque elaboramos un borrador sin exposición pública y lo hicimos correr. Aquí en las Baleares ya estamos cansados de opinar sobre residuos sin hacerse nada concreto. La gente quería participar cuando ya se estuvieran decidiendo cosas. Y ese borrador fue el principio. Después pasamos a temas formales: de exposición pública, alegaciones, ahora la Ley ya ha entrado en el Parlament y se debate en Comisión. Esperamos que en enero ya esté aprobada.
¿Qué calendario está previsto para la implementación de algunas de las medidas, como la prohibición de comercializar ciertos productos desechables?
La idea es que entren en vigor el 2021. Nosotros habíamos previsto dos años a partir de la aprobación. Con el tiempo que se tarda en aprobarla, se hacen ajustes de fechas, para dar un tiempo para adaptarse.
¿La Agencia de Residuos tendrá herramientas de control y sanción? ¿Habrá inspecciones? ¿Qué mecanismos están previstos para garantizar que la ley se cumple?
Ahora mismo el servicio se ha modernizado muchísimo pero no tenemos capacidad para hacerlo cumplir todo por lo tanto, se ha creado la Agencia de Residuos de Las Islas Baleares, que se ha hecho a imagen de la Agencia Catalana de Residuos. La Agencia tendrá una mezcla de personal de funcionarios y de personal que tendrá que incorporarse. La Agencia tiene que llenar este vacío que ahora mismo tenemos y evidentemente tendrá toda la capacitado de manejar fondo de inversión, de subvenciones, todo lo que es el impulso de la Ley. Tiene que hacer que la Ley baje a la realidad. Ahora ya estamos ensayando cosas con los ayuntamientos, como ayudas al transporte de residuos.
Quizás el tema más controvertido de la Ley es el sistema de depósito y devolución de envases, que ha sido criticado por todos lados. Parece que no hay nadie contento: desde los grupos ecologistas os dicen que haber dejado la iniciativa de implementación a los Consejos…
No, al final queda a manos del gobierno, a petición de los Consejos. En el primer borrador, nosotros hablábamos de sistema de devolución y no nos referíamos sólo a envases. Hablábamos en general de devolución, porque considerábamos que había muchas fracciones que también podrían a acogerse a un sistema de devolución. Por ejemplo, los móviles o las baterías. Nuestra idea era dejarlo muy amplio para concretarlo después. Pero esto generó confusión, tanto en se sector ecologista cómo en el empresarial; todos hablaban de sistema de devolución de envases. Por lo tanto, esta parte más amplia de la Ley se mantiene y después se concreta el sistema de devolución de envases. Y se dice: si no cumplimos les objetivos de recuperación tenemos que hacer algo más y esto sería implantar el sistema de devolución de envases. ¿Cómo lo haremos? Aquí tenemos un elemento diferenciador y es que somos unas islas, y somos cuatro y, por lo tanto, nuestra elasticidad delante de un incremento de precio es más pequeña porque ya tenemos un coste de insularidad y tenemos que ir mucho más alerta.
Los datos de recuperación que tenemos de Ecoembes son muy poco concretos. Un estudio dice que reciclamos el 60% de los envases y según otro estudio decían que incinerábamos un 60% de envases. Es imposible. No puede haber un error tan elevado, aunque los cálculos se hagan con metodologías diferentes. Por eso, la Ley también exige a Ecoembes sistemas más transparentes de recopilación de datos. Lo más importante es tener unos datos fiables y, a partir de aquí, montar el sistema adecuado para cada isla.
Pensamos hacer una prueba, como con el sistema puerta a puerta. Siempre va bien tener un referente local para valorar como se adapta la teoría a un marco concreto. Esta prueba piloto duraría un año. Lo haríamos en una isla, en principio la que tiene más números, por tamaño, es Formentera. Y ahí se vería como hacerlo y se extendería la iniciativa al resto de islas. Por lo tanto, la gente puede quedar tranquila que no será una implantación brusca, cosa que generaría un caos de capacidad de gestionarlo. Y también la gente puede quedar tranquila porque marcamos unas pautas. A diferencia de Navarra, nosotros sí que marcamos pasos a seguir para implantar el sistema.
Algunas de las medidas de la nueva ley perjudican los intereses de empresas, como por ejemplo las que fabrican productos desechables. ¿Cómo ha reaccionado el sector industrial a la propuesta de ley?
Hemos hecho una Ley valiente para defender el medio ambiente. Somos unas islas y necesitamos tener unas medidas adicionales de protección del mar y del medio ambiente. Una gran parte del sector económico ya lo ve positivo. Los hoteleros ya se están adaptando: una hotelera internacional, con presencia en Baleares, está erradicando los plásticos, hay empresas de café que ya están haciendo cápsulas diferentes, cadenas de supermercados están eliminando les bolsas de plástico… Tenemos sector privado concienciado y que quiere hacer un giro. Pero, evidentemente, esto genera tensiones. Cualquier cambio genera una resistencia. Cuanto más profundo es el cambio, más resistencia genera.
«Baleares es pequeño y no es lo que preocupa. Pero si nosotros salimos adelante, detrás puede seguir otra gente»
¿Cómo las habéis percibido, estas resistencias, desde el Gobierno?
Fui a Alemania a ver el sistema de devolución de envases y a partir de aquí se marcó un antes y un después en relación a diferentes lobbies de presión, tanto de un lado como del otro. Porque Baleares es pequeño y no es lo que preocupa. Pero si nosotros salimos adelante, detrás puede seguir otra gente. Evidentemente, ha habido disgustos. Nos han hecho llegar que no estaban de acuerdo. También tengo que decir que ha habido empresas que nos han hecho llegar que sí que están de acuerdo. Esto tensiona porque ser pionero significa que todo el mundo te mira y es incómodo.
¿Qué impacto se prevé que la Ley tenga en el porcentaje de residuos incinerados en las Islas?
Esta ley parte de la idea que el mejor residuo es aquel que no se produce. El primer paso es reducir. Por lo tanto, si conseguimos nuestro propósito, incineraremos menos residuos. Este es el impacto más directo. Cuanto más material de orgánica recogemos separado, menos material irá a la incineración. Esto es otro efecto. Cuanto más envases recojamos de forma separada que tengan valor, menos envases irán a incineración. Por lo tanto, no hay una medida directa en contra la incineración sino que es toda la Ley que, cambiando de modelo, hace que la incineración sea lo último de lo último. Evidentemente, habrá una fracción de resto que acabará o en vertederos o en incineración pero tiene que ser la última alternativa.
¿Cómo se compatibiliza la Ley, con la prohibición de importación de residuos para incineradoras y esta reducción de residuos internos para incinerar, con los compromisos con TIRME, la concesionaria que gestiona las incineradoras de Mallorca?
Comportará un incremento del coste de tonelada de residuos incinerada. Cuanto más reciclemos, más cara será la tonelada que incineraremos. Porque el funcionamiento de la incineradora lo amortizaremos entre todos. Cómo hay esta concesión y los costes fijos no bajarán, es lógico pensar que para amortizarlos, tendrá que subir el coste por tonelada.
¿La educación ambiental tiene limitaciones, para conseguir cambios en hábitos de consumo de la gente? ¿Por qué, si no, ha sido necesario establecer prohibiciones por ley y no se ha confiado sólo en la conciencia de los consumidores?
La educación ambiental es clave por el cambio de hábitos y para hacer pensar la gente de forma crítica. Esta legislatura hemos hecho mucha inversión en educación ambiental y son también estas cosas las que nos preparan para la entrada de la Ley. La educación ambiental ha triunfado. Hace tres años, la conciencia que los plásticos eran malos, que generaban un problema, no estaba. O por lo menos, en las Islas Baleares. Aquí, hace tres años, nadie hablaba de microplásticos. En cambio, gracias a la gente que ha ido haciendo mucho trabajo, ahora hay mucha conciencia. Por lo tanto, la educación ambiental es clave para el cambio. Pero, evidentemente, también hay de haber otras medidas que acompañen para conseguir les objetivos de reducción que necesitamos.
«Cuanto más reciclemos, más cara será la tonelada que incineraremos. Porque el funcionamiento de la incineradora lo amortizaremos entre todos»
¿Hay otras administraciones que hayan mostrado interés en la normativa balear?
Nosotros hemos estado desde el inicio trabajando en red con Navarra, Cataluña y Valencia. Navarra y Baleares tenemos nuestra Ley, Navarra ya aprobada y nosotros en proceso. Es muy importante, porque entre estas cuatro comunidades seríamos los propietarios de entre un 30 y un 40% de los residuos del Estado. El peso de Baleares en población quizás no es importante pero sí en generación de residuos.
Con el proyecto de Ley de cambio climático de Baleares ya pasó, que el Estado responde con una ley de cambio climático a nivel de estado y esperamos que con esta también lo haga. Pero nosotros pensábamos que no podíamos esperar y hemos empezado a hacer camino. Si esto ayuda a otras comunidades a imitarnos o superarnos, pues será muy buena noticia.
