Barcelona Energia: una polémica confusa y excesiva

La ciudad de Barcelona ya tiene una comercializadora de electricidad propia: Barcelona Energia, que también gestiona la generación y venta de electricidad al mercado eléctrico. Puesto que parte de la energía generada proviene de la incineración de residuos, la controversia está servida. Reducir la dependencia de la incineración y avanzar en la transición energética son dos grandes retos para el gobierno de la ciudad.
Gran placa fotovoltaica en un espacio público

La creación de Barcelona Energia como empresa pública ha generado polémica y una reacción contraria de una parte del movimiento ecologista y vecinal, que ven un intento por parte del Ayuntamiento de Barcelona de justificar la incineración de residuos presentándola como una opción verde. En mi opinión, la crítica es injustificada y esconde los grandes pasos que Barcelona está haciendo tanto en política energética cómo en política de residuos.

Se podría discutir el origen de la polémica: si ha sido debida a una comunicación no lo bastante esmerada por parte del Ayuntamiento o de otras personas, a una mala lectura de lo que se está haciendo o a un desconocimiento de cómo funciona el complejo mercado eléctrico. Quizás haya un poco de todo, pero entrar en esto es poco importante y poco constructivo. El tema importante es analizar el impacto que puede tener la creación de Barcelona Energia, y cómo unir fuerzas para hacer las cosas de la mejor manera posible sin esconder –pero tampoco magnificar– los posibles puntos de desacuerdo. En el debate se han mezclado varias cosas y, por lo tanto, hay que ir por partes y entrar en algunos detalles técnicos que es imprescindible conocer para hacer valoraciones políticas adecuadas.

 

El papel de la energía verde en el mercado eléctrico actual

Podemos empezar con algunos aspectos clave –pero no muy conocidos– sobre el funcionamiento del mercado eléctrico y el papel que en él pueden jugar los promotores de las energías verdes. Para lo segundo tomaré como ejemplo lo que hace la cooperativa energética Som Energia que, merecidamente, es un referente como empresa que promueve la transición energética en un difícil contexto legal.

Dejando de lado el autoconsumo en instalaciones individuales o colectivas (que es lo que más debería crecer en el futuro, pero hoy es totalmente minoritario), existe una separación entre la producción de energía y el consumo de energía y, por lo tanto, en sentido estricto no se puede decir si la energía que llega por la red a una familia o empresa es o no renovable, puesto que toda la electricidad se junta en la red de distribución y no puede distinguirse de donde procede, a nivel de consumidor individual.

¿Qué se puede hacer como empresa generadora y/o comercializadora para promover la energía verde? Veamos el caso de Som Energia. Por un lado, invierte en proyectos de generación de electricidad a partir de energías renovables y la vende al mercado eléctrico, contribuyendo así al cambio del modelo energético hoy dominado por los combustibles fósiles y las nucleares. Por supuesto, su inversión no incluye incineradoras sino proyectos que se juzgan genuinamente verdes (la incineración de residuos no lo es porque va en sentido opuesto a la reducción y recuperación de residuos, además de ser una fuente de contaminación). Por otro lado, comercializa electricidad a sus clientes (que son muchos más que los socios cooperativistas), en una cantidad que supera en mucho la cantidad que la cooperativa produce. Lo que hace Som Energia es disponer de Garantías de Origen de energía renovable por una cantidad como mínimo equivalente a la que comercializa. Dichas garantías, emitidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, certifican el origen de la electricidad, y las comercializadoras las pueden usar para demostrar cómo se ha generado una cantidad de kWh equivalente a la que venden a sus clientes. Las que tiene Som Energia proceden de su propia generación y de la compra a otras generadoras a partir de fuentes renovables.

Es destacable que Som Energia, a diferencia otras comercializadoras de energía que se definen como 100% renovables, no se limita a cumplir la ley, según la cual se puede certificar como renovable electricidad generada en incineradoras. Som Energia publica de forma transparente las garantías de origen de toda la electricidad que comercializa, y no las hay procedentes de la incineración. Es decir, pide “más calidad” que la exigida por la ley: aunque parte de la energía de la incineración por ley se pueda considerar renovable, no merece ser vendida como “verde”.

La reflexión general que se puede hacer es que el impacto actual de la comercialización de energía renovable utilizando estas garantías es, a día de hoy, prácticamente irrelevante, por dos razones. La primera es que la demanda de energía certificada es muy minoritaria, y por lo tanto no crea un mercado lo bastante potente como para premiar significativamente a los que generan a partir de energías renovables. Sin embargo, que grandes ayuntamientos como Madrid o Zaragoza contraten sólo energía certificada está dando un gran impulso a la demanda de garantías de origen, y esto irá en aumento. La segunda razón, más problemática, es que la ley permite, como hemos visto, certificar como renovable la electricdad generada en incineradoras, en contra de lo que justificadamente defiende el movimiento ecologista. Además, las grandes empresas del oligopolio eléctrico también pueden obtener garantías y demostrar formalmente que venden energía renovable a quien lo pida, tal como hacía Endesa en Barcelona en época del anterior gobierno municipal.

La transición energética vendrá del cambio en la generación, y no de la comercialización. ¿Quiere decir esto que hoy es indiferente que contratemos la luz a una cooperativa como Som Energia, o a Endesa o Iberdrola, o que Madrid decida contratar a empresas que sólo comercializan electricidad renovable? Evidentemente que no. Siguiendo con el ejemplo de Som Energia, quitar poder económico –y en consecuencia también político– a las grandes empresas que actúan contra la transición hacia un modelo verde y democrático para darlo a una cooperativa que es un agente de cambio no es una cuestión en absoluto secundaria.

 

El papel de Barcelona Energia

Ahora podemos valorar el papel que pretende jugar Barcelona Energia como potente operador energético público a favor del cambio de modelo energético. La política prioritaria del Ayuntamiento de Barcelona en materia energética ha sido –y este es el eje estratégico de futuro básico– promover la energía fotovoltaica en la ciudad, tanto directamente con inversiones públicas como informando y facilitando las inversiones privadas orientadas prioritariamente al autoconsumo.

La novedad de este mes de julio es la creación de una comercializadora pública que puede ser un elemento más de cambio, reduciendo los beneficios y el poder del oligopolio eléctrico y promoviendo un nuevo modelo energético. Esta comercializadora pública permite que el Ayuntamiento se abastezca directamente sin depender de las empresas privadas y, en la relación con los clientes particulares –a los que se abrirá la venta previsiblemente el próximo enero, aunque legalmente no podrán constituir de momento una parte importante del mercado–, buscar formas imaginativas de estimular el autoconsumo con menos trabas que las que impone la legislación estatal. No es algo menor.

 

La política de gestión de residuos también se está transformando

Lo que lamentablemente no es nuevo es que todavía estamos muy lejos del objetivo del Residuo Cero. Barcelona y su área metropolitana siguen generando una cantidad muy importante de residuos mezclados que van a vertedero o a incineración. Mientras esto sea así, la incineración seguirá generando electricidad que se seguirá vendiendo, tal como se hace desde hace décadas. Que ahora lleve a cabo esta venta Barcelona Energia como entidad empresarial o la gestione otra empresa no cambia las cosas, desde el punto de vista ambiental. Lo que sí que se tiene que evitar de todas todas –y si alguien lo ha dicho o lo ha dado a entender hay que rectificar y no hacerlo nunca más en el futuro– es presentar la electricidad procedente de la incineración como energía verde.

La política de residuos del Ayuntamiento de Barcelona se tiene que valorar sobre todo en función de los resultados de reducción, reutilización y recuperación material de residuos. En este sentido, haber llevado a cabo una primera experiencia como la recogida puerta a puerta en el barrio de Sarriá, con un éxito que ha superado todas las expectativas (aunque es opinable si hubiera sido mejor optar por otro modelo de fracciones de recogida), es un paso importantísimo para reducir la basura mezclada masiva. También el anuncio de abrir el contenedor amarillo a plásticos y metales que no sean envase es una buena noticia y va en la línea de romper monopolios, en este caso el que ejerce Ecoembes sobre el sistema público de recogida selectiva. A partir de 2020 tendrá que entrar en vigor la nueva contrata de residuos, y espero que sigan otras muchas buenas experiencias en otros barrios de Barcelona y en el conjunto del área metropolitana.

Se tiene que estar siempre alerta de los intentos de “reverdecer” la imagen de la incineración, pero el tema fundamental es disminuir la cantidad total de residuos que va a vertederos e incineración, que no desaparecerá de un día para otro. Por supuesto no se tiene que aceptar necesariamente la cuestionable política dominante en la Unión Europea de priorizar la incineración (como también lo hace la política fiscal de Cataluña, al establecer un cánon sobre el vertedero superior al de la incineración), pero, en el proceso de transición hacia una disminución radical de los residuos no recuperados, la proporción concreta a incinerar o a verter es un tema polémico, y posiblemente el “mal menor” en cada caso depende mucho las características concretas de los diferentes tipos de rechazo.

Volviendo al tema energético, Barcelona Energia no tiene que ser, está claro, una empresa comercial que busque beneficios, sino un agente de la transición energética. Y como tal la tendremos que juzgar, por sus resultados futuros en el impulso de las renovables y del ahorro y la eficiencia. En esta tarea se tendría que centrar el debate con todas y todos quienes se preocupan por esta transición. Las fuerzas que se oponen son muy poderosas y creo que hay que aprovechar al máximo el instrumento que se ha creado.

La transición tiene que llevarnos a la desnuclearización, la descarbonización y a prescindir de la incineración. Pero, mientras tanto, ¿qué hay que hacer con la electricidad procedente de la incineración? Obviamente se tiene que vender al mercado eléctrico. Por estética se podría vender a través de una empresa que no sea Barcelona Energia, con –supongo– un aumento de costes y burocracia sin que hubiera ninguna ganancia ecológica. Pero, por otro lado, Barcelona Energia tiene que ser extremamente cuidadosa y transparente en su papel de comercializadora. En realidad, creo que hay dos opciones y tiene que estar muy claro cuál se adopta, al menos cuando la comercialización se abra a clientes privados. Una es presentarse como comercializadora pública sin más, mientras que la segunda –que creo que es la mejor– es presentarse como comercializadora pública de energía renovable utilizando garantías de origen de la propia producción “verde” –como es la fotovoltaica– y adquiriendo garantías externas que aseguren el máximo de “calidad”, siguiendo el ejemplo de Som Energia. Y, por lo tanto, sin utilizar (aunque sea legal) la generación a partir de la incineración para obtener garantías de origen renovable.

En cualquier caso, quiero acabar reiterando que el cambio de modelo energético vendrá por el lado de la generación y no de la comercialización, y es en este terreno donde se tendrán que juzgar los resultados del proyecto de Barcelona Energia.


Jordi Roca Jusmet

Catedrático de la Universidad de Barcelona. Especialista en economía ecológica. 

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