Las sombras del negocio de la muerte

Varios episodios abusivos en el sector funerario, donde se ha consolidado un funcionamiento en régimen de oligopolio,
han acelerado la actuación de las administraciones para reformar las normativas. En paralelo crecen las voces que reclaman aumentar el peso del sector público, en un mercado muy condicionado por el papel que tienen grandes grupos aseguradores.
*Este artículo es una coproducción de "Crític" y "Opcions".*
Cementerio. Negocio funerario

“El sector de los servicios funerarios en Cataluña se caracteriza por un grado reducido de competencia y transparencia; una falta de libertad de elección por parte de los consumidores; y la existencia de precios excesivamente elevados”. De esta manera describió la Generalitat la situación del sector en julio del año pasado, justo después de aprobar la memoria preliminar para la reforma de la ley que lo regula.

En los últimos años, el negocio de la muerte ha acumulado varias polémicas importantes, con acusaciones de funcionamiento en régimen de oligopolio en casi toda Cataluña, denuncias de prácticas abusivas, como por ejemplo empaquetar servicios complementarios innecesarios que no hacen más que encarecer el precio que paga el usuario, o multas astronómicas porque determinadas funerarias conseguían la exclusividad para ocuparse de todos los servicios funerarios de cadáveres de determinados hospitales, entre otros.

Aunque hay más de sesenta empresas que operan en el Principado, la realidad es que entre una decena controlan más del 60 % del mercado y que, como se trata de un servicio de ámbito muy local, a la práctica la competencia territorial es baja, si no directamente nula. Aunque también hay empresas públicas –como en Terrassa, Reus y Palma–, son dos grandes grupos privados los que dominan el sector. Mémora y Áltima controlan el 33,6 % de un mercado que, mueve centenares de millones de euros cada año y en el que tienen un papel decisivo los grupos aseguradores que, al fin y al cabo, son los que abonan la mayoría de entierros (el 60 % a escala estatal y el 75 % en Barcelona).

“Competencia puede haber y, de hecho, ya la hay. En Cataluña actúan muchas empresas, si bien no todas tienen tanatorio”, afirma Josep Maria Mons, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Funerarios de Cataluña, la principal patronal del sector. En cambio, según José Luis Manzano, presidente de la asociación Abusos Funerarias No, “no hay competencia, las empresas tienen el pastel repartido y hacen lo que quieren”.

 

Precios elevados a pesar del baile de cifras

Aunque las cifras varían en función de la fuente y los servicios incluidos, los gastos funerarios que asume la mayoría de catalanes están entre los más caros del Estado. Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) situaba Barcelona, con un coste medio de 6.440 euros, y Tarragona, con 5.320, como las ciudades con el precio más elevado del Estado. El año pasado, en pleno debate sobre la posible creación de una funeraria pública en la capital catalana, un estudio de la Universidad Pompeu Fabra rebajaba el precio medio de Barcelona a unos 3.200 euros –precio sin IVA, a diferencia del estudio de la OCU–, si bien en el caso de los particulares sin seguro de deceso contratado se incrementa casi siempre por encima de los 5.000, una cifra que tampoco incluye el IVA del 21 % con que está grabado el servicio y que provocaría que el precio real superase los 6.000 euros. La reforma normativa que prepara la Generalitat pretende ser un “revulsivo que facilite la entrada en el mercado de nuevos operadores que incrementen la oferta y rebajen los precios garantizando la calidad de los servicios”. La estimación de la administración autonómica es que la reducción mediana se sitúe en el 30 %.

Un servicio completo suele incluir cuestiones como el traslado del difunto, su acondicionamiento o preparación básica, el ataúd y, casi siempre, el alquiler de la sala del velatorio –que, si bien puede hacerse en casa del difunto, en la gran mayoría de los casos se ubica en un tanatorio–, aparte de complementos como la tanatoestética, la tanatopraxia, las coronas florales, la esquela o los servicios musicales, entre otros. Aunque cada servicio –que se quiera contratar– podría ser llevado a cabo por compañías diferentes, lo más habitual es que el cliente contrate una sola empresa que preste todo el servicio de forma integral. La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) advierte de que este hecho “puede generar una demanda inducida y que pueden ser adquiridos paquetes cerrados con productos o servicios no deseados”. A la práctica, la compañía que controla el tanatorio en el ámbito geográfico del difunto se lleva casi siempre el paquete completo, sobre todo gracias a que parte de una posición de privilegio.

 

Mémora, líder del sector

Durante 2015, en el Estado español se produjeron unas 420.000 muertes. En el conjunto del Estado operan 1.435 compañías, que facturan unos 1.500 millones de euros anuales, según datos de Panasef –Asociación Nacional de Servicios Funerarios, de ámbito estatal. En el caso del Principado, el mercado tiene un número de actores mucho más reducido, ya que básicamente el pastel se lo reparten las 63 empresas que tienen o gestionan tanatorios, según las cifras de la ACCO. En la capital, por ejemplo, todos los tanatorios están en manos de dos compañías; Áltima y Servicios Funerarios de Barcelona, una sociedad mixta controlada por el grupo privado Mémora; entre las dos dominan el 93 % del mercado en la ciudad. En toda Cataluña hay 294 tanatorios. De estos, 150 son de titularidad pública y 144, privada. En total suman 814 salas de velatorio, lo que significa que de media cada tanatorio tiene unas tres. Muchos solo tienen una, mientras que en el otro extremo está el tanatorio de Collserola, del Grupo Mémora, que suma 22. Según los datos de la ACCO, dos grupos privados controlan un tercio del sector. Son Mémora, que dispone de 34 tanatorios y 151 salas (el 18,55 % del total), y Áltima, con 29 tanatorios y 123 salas de velatorio (el 15,11 %).

Mémora, propiedad de un fondo de pensiones canadiense, facturó el año pasado 153 millones

En cinco comarcas (Garraf, Val d’Aran, Alta Ribagorça, Priorat y Pla de l’Estany) solo está un grupo empresarial. En otros puntos del territorio, la concentración empresarial también es muy importante. Así, por ejemplo, en el Alt Penedès, Áltima tiene una cuota de mercado del 70 %; en la comarca del Anoia, Funeraria Anoia se acerca al 78 %; en el Baix Llobregat, Áltima supera el 52 %; en el Baix Penedès, Funeraria Selva tiene el 85,5 %; en el Barcelonès, Mémora controla el 57,4 % y Áltima el 31,8 %; en la Conca de Barberà, Mémora domina el 83,3 %; Cabré Junqueras tiene casi el 83 % del Maresme y Átima ostenta el 85 % de cuota en el Ripollès.

Mémora, que es líder del sector en España y también tiene presencia en Portugal, es propiedad de un fondo de pensiones canadiense llamado Ontario Teacher’s Pension Plan, que la compró el año pasado después de abonar 450 millones al fondo británico 3i Group, que la controlaba desde 2008. Según sus datos, la compañía dispone en todo el Estado de 125 tanatorios, 26 crematorios y 23 cementerios, y el año pasado facturó 153 millones. Entre otras filiales, Mémora tiene el 85 % de la empresa mixta Serveis Funeraris de Barcelona –el otro 15 % es del Ayuntamiento– la principal sociedad que opera en la capital. Áltima es una compañía muy pequeña –tiene 29 tanatorios, todos en Cataluña, seis crematorios y 16 cementerios– controlada por el Grupo vfv, que pertenece principalmente a tres familias accionistas, si bien el grupo asegurador Santalucía, a través de su filial Albia, también participa en el accionariado.

 

Un marco normativo que ha favorecido a los monopolios

En parte, el origen de esta situación hay que buscarlo en la legislación existente. Hasta la aprobación del Real Decreto- Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, los servicios funerarios dependían de concesiones directas de los ayuntamientos y eso indujo a la creación de monopolios locales. A partir de entonces, se inicia la liberalización del sector, que avanzará con varias reformas, pero a la práctica la realidad es que en la mayoría de casos aquellos monopolios no se rompieron. Según un estudio de la ACCO, en 2007 –es decir, diez años después de la aprobación del Real Decreto liberalizador–, el 90 % de los municipios catalanes tenía solamente una funeraria operando.

Muchas ordenanzas municipales no se han adaptado al nuevo marco normativo

En el ámbito catalán, la regulación empieza con la Ley 2/1997 sobre Servicios Funerarios, que los define como un “servicio esencial de interés general” y establecía que podían ser prestados por la administración, por empresas públicas o por empresas privadas. Posteriormente, en 2010, la Generalitat aprobó un decreto legislativo para adaptarse a la Directiva 2006/123/ce de la Unión Europea, que actualizaba la Ley 2/1997. El actual marco autonómico exige que las empresas privadas prestadoras de servicios obtengan la autorización del municipio en el que están establecidas y no de los municipios donde quieren desarrollar la actividad, como pasaba antes. Además, también se eliminó la exigencia de prestación de servicios de tanatorio, así como de disponer de una instalación de este tipo en el municipio donde tienen la base. Sin embargo, veinte años después, muchas ordenanzas municipales no se han adaptado al nuevo marco normativo.

La importancia de controlar el tanatorio

ESFUNE es una asociación que agrupa pequeñas funerarias. Su portavoz, Aurelio Sánchez, sostiene que ahora mismo en Cataluña existe “un sobreprecio de 1.000 euros” por entierro, un factor que vincula a la “inexistencia de competencia, que permite a las empresas fijar el precio que quieren”. Una de las claves es “que se haya acostumbrado a la población a utilizar los tanatorios, cuando también se puede velar al muerto en casa”. La misma Generalitat, a través de los informes de la ACCO, reconoce que “la misma legislación ha situado la figura del tanatorio como un factor estratégico para competir en el mercado, ya que vincula la prestación de este servicio con el resto de servicios funerarios”.

La misma legislación ha situado la figura del tanatorio como un factor estratégico para competir en el mercado

Buena parte de las normativas municipales sobre tanatorios exige que sean grandes estructuras, y eso implica una inversión inicial muy elevada, que excluye a muchos de los operadores. “Las funerarias que disponen de un tanatorio lo suelen utilizar como instrumento para captar el resto de servicios y así evitar la competencia de los demás operadores en esa área geográfica de influencia”, reitera el organismo público. Eso da a las empresas que los poseen o gestionan una “ventaja competitiva muy importante” y les supone un “poder de mercado que puede dar lugar a beneficios extraordinarios”.

Precisamente la reforma pretende forzar a las empresas gestoras de tanatorios públicos o propietarias de tanatorios privados a zonas sin más oferta, a alquilar salas de velatorio a cualquier empresa del sector que lo solicite.

Para Josep Maria Mons, que además de presidir la principal patronal del sector también es gerente de la funeraria mataronense Cabré Junqueras, uno de los grandes problemas es que “las administraciones públicas no facilitan que se creen nuevos tanatorios”. Mons, no obstante, no ve bien que se obligue por ley a alquilar salas de velatorio a compañías de la competencia. “Las empresas que tienen tanatorios han realizado inversiones muy elevadas para diferenciarse de la competencia –y añade–: iría en contra de la libre empresa y provocaría que se cerraran tanatorios”. Preguntado por los tanatorios públicos pero de gestión privada, la respuesta no cambia demasiado: “Dudo que muchas empresas opten a un concurso para llevarse una concesión si saben que cualquier competidor podrá usar el tanatorio”.

Para cambiar la situación actual, la ACCO también recomienda eliminar barreras normativas y requisitos “excesivos, innecesarios e injustificados”, como tener una cantidad de vehículos determinada. También defiende fomentar la construcción de nuevos tanatorios públicos para aumentar la competencia y prohibir la vinculación del servicio de tanatorio al resto de servicios funerarios como única posibilidad de prestación del servicio.

 

El enorme negocio de las aseguradoras

A raíz de dos malas experiencias personales con la muerte de dos familiares, José Luis Manzano creó la asociación Funerarias Abusos No, hace cinco años. Desde entonces se dedica a fiscalizar el sector y a asesorar a las administraciones que quieren reformar el actual marco regulador. Manzano es muy crítico con el papel que tienen las compañías de seguros en el negocio de la muerte, porque según él “manipulan y dominan el sector”. La razón es que estas compañías redirigen a menudo a las familias a una empresa funeraria concreta.

En el informe de 2016, la  ACCO destacaba que la demanda de servicios funerarios “en muchas ocasiones [está] intervenida y dirigida por las empresas aseguradoras, que utilizan, preferentemente, empresas de servicios funerarios con las que mantienen acuerdos o de las que son propietarias y que ofrecen el servicio de forma integral”. De hecho, la mayoría de defunciones están cubiertas por un seguro de este tipo. En 2016 el 75 % de las muertes en Barcelona estuvieron cubiertas por una póliza de decesos, un porcentaje que se situaría alrededor del 60 % en el conjunto del Estado. En Cataluña, en 2015, cerca de una tercera parte de la población –más de 2,4 millones de personas– tenía contratado un seguro de este tipo, una proporción que crece a medida que la edad avanza.

El mismo estudio constata que las aseguradoras pagaron de media entre 2.350 y 3.500 euros –en función del distrito– por entierro a las empresas de servicios funerarios. Obviamente, ese no es el precio que ha pagado el usuario, que a lo largo de los años ha abonado a la compañía aseguradora un importe superior a través de las cuotas periódicas. Según datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones), el volumen de las primas de decesos en 2015 se situaba en 2.272,8 millones de euros. El 56 % del mercado estaba dominado por dos compañías: Santalucía, con casi 775 millones, y Ocaso, con 483. Otras compañías importantes son Mapfre (296 millones), Mutua Madrileña (123 millones) y Catalana Occidente (82,2 millones). Albia, una filial de Santalucía, participa en el accionariado de Áltima, el segundo conglomerado del sector en Cataluña.

 

Abusos diversos

La Generalitat también expone que los “usuarios disponen de poca información” sobre el funcionamiento del sector, tanto por la falta de experiencia como por las “condiciones personales, emotivas y psicológicas en que se hallan a la hora de tomar la decisión sobre la contratación”. A menudo, eso se traduce en la solicitud del conjunto de los servicios a una misma empresa

ESFUNE ha denunciado que grandes funerarias pagan comisiones a los hospitales para tener la exclusiva de la recogida de difuntos. La asociación, por ejemplo, denunció a la ACCO que tenía constancia de un contrato entre Mémora y una de las clínicas Quirón para tener esa exclusividad a cambio del pago de entre 120.000 y 150.000 euros anuales. Algunos medios también han informado que la misma empresa habría llegado a un pacto similar con el Hospital Trueta. En 2015 la ACCO multó con un total de 1,7 millones a Áltima, al Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat y los hospitales de Bellvitge y Hospitalet por haber impedido a otras empresas funerarias acceder a los centros para hacerse cargo de los cadáveres, a pesar de que contaban con la autorización de las familias. En otros centros también se han confirmado prácticas similares, como admitió el año pasado en TV3 Jaume Vilalta, director del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, en este caso para favorecer a la funeraria La Lleidatana.

Grandes funerarias pagan comisiones a los hospitales para tener la exclusiva de la recogida de difuntos

José Luis Manzano también ataca a los comerciales de las grandes funerarias, que según dice “se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente en un momento de dolor para colocar productos que no se necesitan y que provocan que gasten dinero que no tienen. Son trileros y muchas veces no informan de la existencia de servicios subvencionados”. Josep Maria Mons afirma que no puede “negar” que alguna empresa haya podido cometer abusos, pero añade que “con el número de servicios funerarios que se hacen en Cataluña anualmente, las quejas anuales que hay son mínimas”. También pone en valor la “calidad del sector” y asegura que “no imponemos ningún servicio, hacemos lo que nos pide la familia con total transparencia”.

 

Las reformas de las ordenanzas municipales

En febrero de 2016, Manresa se convirtió en la primera ciudad catalana en modificar la ordenanza de servicios funerarios para adaptarla a la normativa actual y facilitar el acceso a la ciudad de nuevas empresas del sector. Entre otras cuestiones, el cambio implica no tener la obligación de tener un tanatorio para operar y poderlo hacer si se dispone de una licencia municipal de cualquier otra población, sin que tenga que ser de Manresa. Salt, Barcelona, Sant Boi de Llobregat o Girona son otras ciudades que últimamente han aprobado modificaciones similares.

El caso de Barcelona es peculiar. El gobierno de Ada Colau anunció la intención de crear una funeraria pública, que según detalló el concejal Eloi Badia en abril de 2017 tendría un tanatorio con seis salas de velatorio y ofrecería un servicio estándar por 2.900 euros, un precio notablemente inferior a los de Áltima y Mémora. El proyecto, que desde el primer momento generó el rechazo de estas dos compañías, de momento no se ha llevado a cabo por falta de apoyo en el pleno municipal, donde no se ha llegado a votar. Según Badia “ahora estamos convencidos que será una cuestión que la ciudadanía nos seguirá reclamando y continuará en la agenda política. Intentaremos darle respuesta, y por esto llevaremos la propuesta [de crear una funeraria pública] al programa electoral para las elecciones del año que viene”.

En cambio, en noviembre del año pasado se aprobó la modificación de la ordenanza de los servicios funerarios y, en junio de este año, se aprobó el decreto que fija las condiciones para garantizar el acceso universal a servicios funerarios mínimos a las personas que no pueden asumir el coste de un entierro. Para Badia, las medidas tomadas hasta ahora “son pasos adelante que nos permiten tener más transparencia, pero sin una irrupción efectiva en el mercado con un peso específico que genere una competencia real creemos que es imposible superar el ‘gap’ que tenemos ahora, con un precio medio de unos 6.000 euros [por servicio], mientras que el público no llegaría al 50%. El pastel de la capital es tentador: la facturación total es de unos 45 millones de euros según el informe “La despesa funerària a Barcelona”.

En Girona la ordenanza se modificó después de la presión ejercida por la CUP, que actuó con el apoyo de ESFUNE. La formación apostaba por remunicipalizar el servicio, ahora mismo controlado por Mémora, y mancomunarlo entre varios municipios, pero finalmente solo se consiguió rebajar los requisitos para que nuevas empresas puedan operar. La regidora cupaire Laia Pèlach lamenta que, cuando ha pasado más de un año de la modificación, sigue operando una única empresa –Mémora– y que el paquete económico que se pactó con la funeraria a la práctica casi no se aplica. Pèlach reclama que, como mínimo, los tanatorios “sean públicos” –el de la ciudad no lo es–, porque eso permitiría que “al menos la administración pueda regular los precios. Ahora casi no tienes capacidad para incidir”.

Durante 2017, Vilafranca del Penedès inició el proceso para modificar la ordenanza y también planteaba la construcción de un segundo tanatorio, en una ciudad donde ahora opera Áltima. Pero, de momento, la ordenanza no se ha modificado y el concurso para hacer el nuevo tanatorio está “paralizado por dificultades técnicas y políticas”, explica Mònica Hill, portavoz del grupo municipal de erc, que está en la oposición. El grupo impulsó la necesidad de reformar la ordenanza e Hill detalla que “lo que conseguimos es obligar a Áltima a tener un precio cerrado por un servicio básico, que no estaba operativo. No lo ponían al alcance de la ciudadanía”.

La remunicipalización sí que se ha llevado a cabo en otras ciudades, como Madrid, donde el gobierno de Manuela Carmena culminó el proceso en 2016. Durante el primer año de gestión pública la nueva sociedad ganó 4,1 millones, cuando venía de cerrar los ejercicios con pérdidas. De momento, el sector todavía acumula muchas sombras que sufren y pagan los ciudadanos.

 

*Este artículo es una coproducción de Crític y Opcions. Podéis leerlo en el cuaderno monográfico de Opcions “El buen morir”.

 


Marc Font

Marc Font

Periodista y colaborador de medios com Público, Crític o Jornada.